El coordinador de la ejecutiva de Sumar, Josep Vendrell, y el portavoz de esa formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han enviado este lunes una carta a al Partido Socialista en la que solicitan la creación de una comisión de seguimiento del acuerdo de coalición que sellaron ambas fuerzas en noviembre.
Fuentes de Sumar indican que en esa carta han solicitado a los socialistas una reunión para elegir a los miembros de esa comisión como primer paso. Según recuerdan, en el acuerdo de coalición estaba contemplado que esta comisión se crease dentro de los 30 días de la conformación del Gobierno, un plazo que lleva más de un mes vencido.
Los objetivos de esa comisión son, explican, “revisar el funcionamiento de la coalición y el cumplimiento de los objetivos propuestos, coordinar la acción entre ambos socios, y de unificar criterios y consensuar posiciones políticas para el desarrollo del programa de gobierno progresista”.
Informa Alberto Ortiz.
El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, del Partido Popular, ha respondido a la portavoz de Vox en la cámara regional, Rocío Monasterio, que conoce el funcionamiento de las votaciones y rechaza por tanto la posibilidad de que el voto adicional de Vox se deba a un fallo técnico, como aseguró la diputada de extrema derecha.
“Usted es diputada en la Asamblea de Madrid desde hace 5 años y sabe perfectamente que en las votaciones no se apaga nada”, ha escrito Ossorio en un mensaje publicado esta tarde en X. “Simplemente se aprietan dos botones. Los que están en el escaño de cada uno”, ha añadido.
La Asamblea de Madrid ha abierto una investigación sobre lo sucedido, que Monasterio achaca a “cosas de la tecnología” y que, para Más Madrid, justifica que la portavoz de Vox sea suspendida hasta aclarar qué ha ocurrido.
Puedes seguir en directo el debate que se celebra este lunes, a partir de las 21.30 horas, en la Televisión Pública de Galicia entre los candidatos a las elecciones del próximo 18 de febrero y que contará con la participación del candidato del PP, Alfonso Rueda, la nacionalista Ana Pontón, Xosé Ramón Besteiro (PSOE), Marta Lois (Sumar) e Isabel Faraldo (Podemos). Sigue toda la información aquí.
La presidenta de la asociación de víctimas Covite ha rechazado esta tarde en una enérgica intervención las críticas del PP por haber asegurado anteriormente que la ley autonómica de víctimas de terrorismo era injusta. Consuelo Ordóñez ha recriminado al diputado del PP Menéndez Medrano, quien ha defendido “saber lo que es ser víctima”, que “usted lo último que ha tenido como referente es a mi hermano Gregorio”.
Ordóñez ha recriminado al PP “la instrumentalización política de las víctimas” y que se utilice a éstas “para sacar rédito político” y ha reivindicado la independencia de su organización. “Criticamos a quien tengamos que criticar en cada momento, porque somos independientes, nadie nos marca la agenda pero eso les molesta mucho a ustedes”, le ha dicho al PP.
“Yo no voy a caer en su barro político”, ha asegurado Ordóñez, “no insulto a nadie”. La presidenta de Covite sí ha recriminado sin embargo al PP que al comienzo de la sesión intentaran expulsar de la sala a las cinco víctimas de ETA que le acompañaban esta tarde. “Yo aquí no he venido a hacer política ni demagogia, yo no soy política, soy activista y defiendo una causa que no tiene ideología y defiendo los derechos y los intereses de las víctimas”.
La presidenta de Covite ha manifestado posteriormente, a través de un mensaje en X, que nunca ha vivido “una comparecencia parlamentaria tan desagradable, en mi vida, con tanta inquina hacia todo lo que represento”, por parte del portavoz del PP en la sesión. Ordóñez sí ha dado las gracias al resto de representantes “por habernos tratado con respeto y empatía”.
Ordóñez había recriminado al PP que no haya querido modificar la ley autonómica ni escuchar propuestas para cambiarla desde hace más de cinco años.
Informa Cristina F. Pereda
El rey Felipe VI recibirá este martes por la tarde a una delegación de familiares de israelíes secuestrados por Hamás durante el atentado perpetrado por la milicia palestina en Israel el pasado 7 de octubre, en el que también murieron más de un millar de personas. La Casa Real ha informado de que el encuentro tendrá lugar a las 18 horas en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid.
El monarca ha hecho mención en varias de sus intervenciones públicas desde octubre a la situación en Oriente Próximo, condenando los ataques y defendiendo una solución de dos Estados, en línea con la postura mantenida por el Gobierno.
Durante la clausura de la conferencia de embajadores el pasado 11 de enero, Felipe VI declaró que “la tragedia que vive Gaza está sacudiendo la conciencia de la Humanidad, como también lo hizo el atentado terrorista” perpetrado por Hamás, “el peor de su historia”. El rey insistió en que hay que condenar lo ocurrido y pedir la liberación de todos los rehenes, así como reclamar “respetar el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario.
Pero también, añadió, “debemos seguir insistiendo en que sin una solución política, que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia o impedir que se vuelva a repetir”.
La semana pasada, el monarca recibió al cuerpo diplomático acreditado en España y condenó una vez más el “execrable atentado terrorista” de Hamás y reclamó la liberación inmediata de los rehenes así como un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.
Entre los presentes estaban la embajadora de Israel, Rodica Radian-Gordon, y el representante palestino, Husni Abdel Wahel, que acudió con el tradicional pañuelo palestino al cuello.
Los servicios jurídicos del Congreso han rechazado el planteamiento de PP y Vox y consideran que la proposición de Ley de Amnistía no decayó la semana pasada tras la segunda votación que tuvo lugar en el Pleno y, en este contexto, apuestan por devolverla a la Comisión de Justicia y dar un plazo de 15 días naturales, que acaba el 21 de febrero, para aprobar un nuevo dictamen sobre el texto.
Así consta en el escrito redactado por los letrados de la Cámara, al que ha tenido acceso Europa Press, un documento que no es vinculante y que la Mesa del Congreso tiene previsto analizar en su reunión de este martes.
En el Pleno de la semana pasada, la iniciativa legislativa se sometió a dos votaciones de conjunto: una sobre el dictamen, en la que bastaba mayoría simple y se logró mayoría absoluta a favor; y una segunda dado su rango orgánico, donde se requería mayoría absoluta a favor y cosechó mayoría absoluta en contra.
El PP y Vox sostienen que la proposición de Ley de Amnistía decayó porque en la votación de carácter orgánico fue rechazada por 179 votos, tres por encima de mayoría absoluta. Sin embargo, los letrados rechazan ese argumento alegando que en la votación anterior el dictamen había sido respaldado por el Pleno, también por mayoría absoluta, así que defienden que la norma debe regresar a la Comisión de Justicia para una segunda oportunidad, respaldando la decisión anunciada tras la votación por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.
Respecto a las peticiones del PP y Vox, que sostienen que la ley acabó su tramitación en el momento en el que el Pleno la rechazó por mayoría absoluta en la votación de conjunto, los letrados inciden en que la iniciativa se sometió a dos votaciones diferentes, como establece el Reglamento, y que, atender la tesis de estos grupos equivaldría a dejar sin efectos la primera de ellas, proyectando de facto el resultado de la segunda sobre las dos“.
“Esta anulación de hecho de una votación carece de previsión reglamentaria y supondría ignorar la voluntad del Pleno. Es más, considerando que la votación del dictamen obtuvo 177 síes, 172 noes y ninguna abstención, se podría argumentar que, de hecho, se ha alcanzado la mayoría absoluta sobre el conjunto del texto”, añaden los servicios jurídicos.
“Este planteamiento, por pretender una interpretación al margen del Reglamento, sería tan erróneo como el que se sostiene en los escritos presentados por los Grupos Parlamentario Popular en Congreso y Vox”, argumentan los juristas de la institución.
Informa Europa Press.
El diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid José Virgilio Menéndez Medrano ha calificado este lunes las críticas de Consuelo Ordóñez, presidenta de la organización Covite, a la ley autonómica de víctimas del terrorismo como “una falta de respeto”. Según Menéndez Medrano, Ordóñez “no tiene la verdad absoluta” sino su opinión personal: “lecciones, ni una”.
El diputado del PP de Madrid ha respondido a Ordóñez que sus declaraciones “no pueden ser más beligerantes ni desafortunadas” y que “no se puede ser más injusto, ni estar más equivocada, y su postura no puede ser más minoritaria entre las víctimas”. “Sabemos perfectamente lo que es ser víctima”, ha añadido el diputado del PP, quien ha recordado que tanto él como dos compañeros de su formación, así como uno de Vox, han sufrido el terrorismo.
Menéndez Medrano ha especulado con que a lo mejor hay compañeros de otros partidos “que quizás no lo saben” para después describir que hubo otras asociaciones cívicas que antes de que naciera Covite “de manera muy sola, comenzaron a alzar la voz en las calles con el riesgo de las agresiones, las amenazas y los asesinatos”.
Durante la Sesión de la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local de este lunes, el diputado del PP ha añadido que “hasta hace muy pocos años, en un rincón de esta Europa, manifestarse diciendo ‘basta ya’ y ‘parar de matar’ era suficiente para que te tiraran piedras o llenaran tu casa de pintadas”.
Menéndez Medrano ha dicho, dirigiéndose al resto de diputados, que “quizás no saben ustedes que esto era lo mejor que te podía pasar porque simplemente era el aperitivo de un atentado contra tu vida”. El diputado ha descrito después lo que ha llamado como “una cronología” que se repetía sistemáticamente: “señalamiento, deshumanización del discrepante, amenazas, agresiones y al final, el asesinato”.
Informa Cristina F. Pereda
El PP plantea bajar impuestos, reducir los controles de calidad y medioambientales de los productos agrícolas y establecer un “adecuado control de la fauna salvaje y las especies invasoras entre las 15 medidas para responder a las protestas del campo que, tras explotar en Europa, se han contagiado a España en los últimos días. El decálogo se ha remitido a los medios de comunicación tras una reunión de consejeros del PP y la dirección nacional.
El PP asume la agenda de Vox al sostener que es necesario “garantizar la producción de alimentos en Europa” sin “incrementar nuestra dependencia de terceros países”. “Mantener el tejido agrario y la rentabilidad”, apunta el partido de Alberto Núñez Feijóo, que pide “no aprobar ninguna norma que suponga restricciones a la producción o la disponibilidad (...) sin antes haber regulado las alternativas que permitan mantener la competitividad” mientras reclama “la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países a fin de incorporar avances ambientales” y “flexibilizar con carácter urgente las restricciones aplicadas a los agricultores y ganaderos en Europa”. Una idea que el propio Feijóo ha planteado durante la campaña de las elecciones gallegas. Esta misma mañana ha exigido “menos reglamentación” y que “se les pida la misma reglamentación que la que se le pide a países terceros”. En el arranque de la campaña ya reclamó “menos exigencias” para los productores europeos. Por ello el PP reclama un informe de “impacto de ruralidad” ante la aprobación de “cualquier norma”.
En el PP piden “bajar la revisión de los ecorregímenes-condiciones medioambientales”. En el mismo sentido, los de Feijóo reclaman “crear un grupo de expertos que revise las actuales políticas de sanidad animal” y, en general, “revisar todos aquellos elementos que lastran” la “competitividad” del sector. La oposición plantea asimismo que no se creen “nuevos impuestos”, suspender “el impuesto al plástico”, “rebajar el IVA”, además de hacer una “revisión de la Ley de la cadena alimentaria a fin de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica”.
También plantea el PP “un Pacto Nacional del Agua”, “revisar el Plan de seguros agrarios” y “reformar el PERTE agroalimentario”.
Informa Aitor Riveiro.
El coordinador de la ejecutiva de Sumar, Josep Vendrell, y el portavoz de esa formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han enviado este lunes una carta a al Partido Socialista en la que solicitan la creación de una comisión de seguimiento del acuerdo de coalición que sellaron ambas fuerzas en noviembre.
Fuentes de Sumar indican que en esa carta han solicitado a los socialistas una reunión para elegir a los miembros de esa comisión como primer paso. Según recuerdan, en el acuerdo de coalición estaba contemplado que esta comisión se crease dentro de los 30 días de la conformación del Gobierno, un plazo que lleva más de un mes vencido.
Los objetivos de esa comisión son, explican, “revisar el funcionamiento de la coalición y el cumplimiento de los objetivos propuestos, coordinar la acción entre ambos socios, y de unificar criterios y consensuar posiciones políticas para el desarrollo del programa de gobierno progresista”.
Informa Alberto Ortiz.
Más Madrid pedirá la suspensión temporal de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, tras el “voto irregular” en el pasado Pleno por el que la Cámara regional ha abierto una investigación.
Lo ha adelantado la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, en sus redes sociales en un mensaje en el que insta a que “las instituciones sancionen a quienes piensan que las reglas no van con ellos”. Junto estas declaraciones ha adjuntado un vídeo de las votaciones del pasado Pleno en el que se ve a la portavoz.
Esta mañana la Asamblea informaba de que se abriría esta investigación al percibir que en la enmienda a la totalidad de Más Madrid contra la Ley de Economía Circular se había emitido un voto desde el escaño del ya exdiputado José Luis Ruiz Bartolomé. Vox contaba en esa sesión con un representante menos al no haber tomado posesión Javier Pérez Gallardo, relevo de quien fuera 'número 2' de Monasterio.
Desde la Asamblea de Madrid han explicado a Europa Press que primero la Mesa deberá acordar la apertura de un expediente y que, a continuación, será la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado la que inicie el proceso con el nombramiento del instructor, un parlamentario, quien tendrá asesoramiento de un letrado. El proceso posterior, de haber, cuenta con varios plazos donde se incluye que el diputado en cuestión pueda presentar alegaciones.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a rechazar este lunes el impuesto especial a los resultados extraordinarios de la banca. “Cuando los tipos estaban bajos, la banca tenía unos resultados muy justos”, asegura en una entrevista en La Razón. Pero Feijóo obvia los datos en su afirmación. Por ejemplo, los grandes bancos españoles ganaron en 2018 más de 15.000 millones de euros, y aquel año el Euríbor registró todos los meses valores negativos, por debajo del 0%: del -0,189% de enero de 2018 al -0,129% de diciembre.
Feijóo también defiende que el tributo especial a la banca es perjudicial porque “si tú pones un impuesto gigante a los beneficios altos, hay un riesgo de que también te pidan ayudas o subvenciones cuando tengan pérdidas”.
Pero este escenario no es hipotético, sino real: el Gobierno de Mariano Rajoy repartió decenas de miles de millones entre los bancos hace una década, y la Hacienda Pública no ha recuperado ni un euro. El Estado también asumió los “activos tóxicos” de la banca durante la crisis financiera y creó la Sareb, conocido como “banco malo”. En 2022, el Estado contabilizó más de 33.000 millones de deuda por la Sareb.
En total, el rescate bancario ha costado a los españoles 74.000 millones de euros.
Informa Aitor Riveiro.