La Mesa del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este martes, sin el apoyo del Partido Popular, a la comisión que investigará la compra de mascarillas durante la pandemia. Será el pleno del Congreso el que decidirá si se aprueba finalmente su creación o no.
La comisión fue planteada por el PSOE tras la polémica sobre el 'caso Koldo' y desde su anuncio, los portavoces del PP la criticaron y deslegitimaron la capacidad del Congreso para ejecutarla.
El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado la muerte de un auxiliar de enfermería tras sufrir una agresión por parte de un paciente en un hospital madrileño. CCOO Sanidad Madrid ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la Orden de San Juan de Dios, propietaria y gestora del Hospital Fundación Instituto San José.
El auxiliar de enfermería, de 52 años, falleció el pasado 15 de febrero tras recibir una patada en los testículos por parte de un paciente mientras se encontraba en su puesto de trabajo. CCOO denuncia que la empresa no adoptó las medidas preventivas adecuadas. El auxiliar, que perdió la consciencia tras ser agredido, fue trasladado a la Enfermería del hospital, donde fue atendido por una enfermera pero no por un médico. El trabajador falleció esa misma tarde tras haber abandonado el centro.
Los representantes sindicales aseguran que los profesionales del centro habían trasladado a la dirección la necesidad de contar con un protocolo de respuesta para estas situaciones, pero los propietarios del hospital no han tomado medidas preventivas adecuadas.
Con información de EFE.
El Ministerio de Juventud e Infancia ya ha nombrado a los 50 expertos y expertas que analizarán en los seis próximos meses cómo impactan las tecnologías en los menores y crearán una estrategia para protegerlos de los riesgos en internet. El grupo se ha reunido por primera vez este martes en un encuentro presidido por la ministra Sira Rego.
El comité, que tiene encomendado el diseño de medidas a corto, medio y largo plazo para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en internet, está presidido por Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, que hace apenas dos semanas presentó en el Congreso de los Diputados un pacto de Estado para proteger a la infancia en el ámbito digital.
Los trabajos se articularán en torno a siete grupo, ha informado Juventud: internacional, privacidad, salud digital, discapacidad, igualdad, familia y pornografía, industria y consumo y educación.
Este es el listado de las 50 personas que formarán parte del comité:
- Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital.
- Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- Pablo Moreno, del Observatorio de la Infancia de la Dirección General de Derechos de la Infancia.
- Ángel Pedro Conde, del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.
- Germán Antón Trugeda, responsable de Educación del Consejo de la Juventud de España.
- Laura Báez, responsable de feminismo del Consejo de la Juventud de España.
- Félix Antonio Barrio, director del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
- Julio Albalad, director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas (INTEF).
- Beatriz Martín, directora general de la Fundación FAD Juventud.
- Ignacio Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF España.
- Catalina Perazzo, directora de Incidencia en la ONG Save The Children.
- Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Organizaciones de Infancia.
- Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
- Benjamín Ballesteros, director técnico de la Fundación ANAR.
- César Rendueles, científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC.
- Cristina Cordero, Pediatra y coordinadora del Grupo de Trabajo de Neurodesarrollo de la Sociedad Española de Neuropediatría (SENEP).
- Anabel Arias, experta en derechos digitales del Consejo de Consumidores y Usuarios.
- Encarna Cuenca, presidenta del Consejo Escolar del Estado.
- María Capellán, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA).
- Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA).
- Karoline Fernández de la Hoz, presidenta del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.
- Enrique Benítez, responsable del área de sector público del observatorio para el impacto social y ético de la inteligencia artificial OdiseIA.
- Valentina Milano, Doctora en Derecho por la Universitat de les Illes Balears (UIB).
- María Salmerón, coordinadora y autora del plan digital familiar de la Asociación Española de Pediatría.
- Agapito Pageo, técnico de la Asociación Europea para la Transición Digital.
- Laura Davara, doctora en Derecho y abogada experta en protección de datos, redes sociales y menores.
- Javier Zarzuela, profesor de la escuela pública y autor de Stop TIC Infancia.
- Telmo Lazkano, psicoterapeuta.
- Maitane Ormazabal, profesora especializada en pedagogía terapéutica.
- Pilar Tintoré, presidenta de la sección de derechos de la infancia y la adolescencia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).
- Alejandro Villena, psicólogo y sexólogo clínico. Director clínico y de investigación en la asociación Dale una vuelta.
- Joana Miguelenea, profesora en el grado de Educación Social de la Universidad del País Vaco y miembro del grupo de investigación IkasGaraia.
- Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres.
- Ruth Vidriales, responsable del área de asesoramiento y orientación TEA de la Confederación Autismo España.
- Anna Biosca, responsable de comunicación digital de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).
- Emilio Puccio, secretario general del intergrupo del Parlamento Europeo sobre los derechos de los niños.
- Ricard Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, en la que dirige la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital.
- Antonio Rial Boudeta, doctor en Psicología y profesor de Metodología de Investigación Social en la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del Alto Comisionado de la UNESCO para la lucha contra el acoso escolar y el ciberacoso.
- Fernando Suárez, presidente del Consejo General de la Ingeniería Informática y de la Fundación Instituto Internacional de Tecnología y Derecho Digital.
- Abigail Huertas, psiquiatra en Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
- Laura Cuesta Cano, profesora adjunta en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
- Miriam Al Adib, Ginecóloga y profesora del Máster en Sexología de la Universidad de Extremadura.
- Isabel Peñalosa, directora de relaciones institucionales y asesoría jurídica de la Asociación Española de Fundaciones.
- Beatriz Izquierdo, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
- Francisco Escudero, del sindicato ANPE.
- Antonio Mestre, sindicato UGT.
- Una persona representante del sindicato CC.OO., de la Sociedad española de salud pública y del Consejo Asesor Digital Joven.
Informa Sofía Pérez de Mendoza.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha respondido a las acusaciones del Partido Popular durante la sesión de control que se celebra esta tarde en el Senado. La senadora Alicia García ha sido la primera en intervenir y afirmar que no se trata del ‘caso Koldo’ “ni el caso Ábalos; es el caso Sánchez”, ha dicho.
García ha añadido que el presidente del Gobierno es “un presidente extorsionado por el independentismo”, mezclando los dos temas de la jornada, y después ha señalado también a la vicepresidenta: “Usted lo sabía y lo tapó. ¿Por qué Sánchez no da explicaciones con seis ministros y usted salpicados por la trama de las mascarillas 'ultrafake'?”. Sánchez, ha cerrado la senadora del PP “es el gran encubridor”.
En respuesta, Montero ha recordado a los senadores y senadoras del PP los casos de corrupción que han afectado a su formación y por los que no han exigido dimisiones por “responsabilidades políticas”, como el caso del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid o el del Alcalde de la capital. Pero la vicepresidenta también se ha referido a otros casos como el del tesorero del PP, Luis Bárcenas, la denuncia de Pablo Casado por el caso del hermano de Ayuso, o la financiación de la reforma de la sede del partido en Génova.
“Hemos colaborado con la justicia, a diferencia de ustedes que destruían a martillazos ordenadores con las pruebas”, ha afirmado Montero. “Ustedes quitaron a Casado, que denunció la corrupción de Madrid, y hoy Feijóo se sienta en un despacho pagado con dinero negro.”
Por Cristina F. Pereda
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado este martes que el próximo viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario “con medidas monográficas en materia de igualdad”.
El portavoz en el Congreso del PSOE, Patxi López, ha comparecido este martes en rueda de prensa para expresar su “sorpresa, frustración y rabia contenida” en relación a las declaraciones emitidas por el portavoz del PP, Miguel Tellado, y a la estrategia adoptada por el grupo parlamentario popular. “Antes no todo valía en política hasta que llegó esta forma de hacer política que utiliza absolutamente todo: ensuciar por ensuciar, señalar por señalar y todo le vale”, ha declarado López sobre el partido de la oposición al que recomienda que “a la hora de exigir explicaciones y dimisiones mejor que empiecen por su casa”.
“Hemos asistido al teatro del absurdo, al colmo de los colmos, aquel que aparece con nombre de apellidos en el sumario, el señor Tellado, exigiendo la dimisión de aquella que no aparece”, ha afirmado el portavoz socialista recalcando que “nada tiene que ver cómo enfrenta la corrupción el PSOE con el PP”. López también ha cargado contra el Partido Popular recordando que es “el único partido condenado por haber armado una trama criminal para corromper” y que, en este caso, “si alguien tiene que dimitir o dar explicaciones es el propio señor Tellado y ese tal Alberto”.
Por Diego Alonso
El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha transmitido “estabilidad política absoluta” y “tranquilidad” tras la detención de seis personas por la compra de votos en Melilla para las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, que ha calificado como un “grave” asunto.
“Es preocupante, muy preocupante”, ha continuado Imbroda sobre la operación policial que afecta a Coalición por Melilla, formación liderada por Mustafá Aberchán, que también ha sido detenido este martes. Imbroda se ha puesto “a disposición de la Justicia” y ha advertido que este caso no va a apartar a su gobierno de su “camino”.
Según ha indicado el presidente autonómico, desde su equipo sabían que había una investigación abierta pero no sabían “el alcance que podía tener”, ha asegurado.
La Mesa del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este martes, sin el apoyo del Partido Popular, a la comisión que investigará la compra de mascarillas durante la pandemia. Será el pleno del Congreso el que decidirá si se aprueba finalmente su creación o no.
La comisión fue planteada por el PSOE tras la polémica sobre el 'caso Koldo' y desde su anuncio, los portavoces del PP la criticaron y deslegitimaron la capacidad del Congreso para ejecutarla.
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha rechazado este martes las explicaciones ofrecidas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, sobre la compra de material sanitario que hizo durante la pandemia la administración de Baleares con la trama del 'caso Koldo' mientras ella era presidenta autonómica. “Ha perdido la oportunidad de dimitir con la dignidad que no tuvo en su etapa como presidenta”, ha asegurado Tellado ante los medios en la Cámara Baja. “Su comparecencia solo ha servido para mancillar la imagen de esta Cámara, que nunca ha debido presidir”, ha añadido.
El dirigente del PP ha insistido en que Armengol debe dimitir por “la misma responsabilidad política” que el PSOE le ha exigido a José Luis Ábalos, ministro de Transportes cuando supuestamente operó la trama. “Si lo hicieron con Ábalos, lo lógico es pensar que con Armengol, al hilo de las actuaciones de la Fiscalía Europea, deberían exigirle” lo mismo.
Tellado ha reprochado que Armengol no haya “desmentido quién contactó con ella” para “recomendar” que se contratara a la empresa que, según la investigación judicial, pagó luego comisiones ilegales a cargos del Ministerio de Transportes. “No ha podido justificar por qué, si eran defectuosas y tenía conocimiento, no hizo nada hasta pasados 2 años, 2 meses y 7 días”, ha añadido, en referencia a que la reclamación a la empresa por las compras en 2020 no se inició hasta 2023.
Pero Tellado ha eliminado del argumentario una idea que el PP ha defendido en los últimos días: que Armengol inició la reclamación cuando ya sabía que el PSOE iba a perder el Gobierno autonómico. El dirigente del PP la ha cambiado por otra: que el Govern inició la reclamación “cuando estaba en funciones”. Pero dicha reclamación se inició en marzo, y el Govern no entró en funciones hasta el 29 de mayo, tras las elecciones.
Por Aitor Riveiro
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, durante su comparecencia por la compra de mascarillas mientras era presidenta de Balears, ha defendido su lucha contra la corrupción en las islas y ha señalado al PP, que estos días ha pedido su dimisión formalmente. Al final de su intervención y al responder a las preguntas de los periodistas, Armengol ha añadido: “Es como mínimo sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que sale en el sumario. No voy a decir nada más”:
“Seguimos trabajando”. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ve posible que PSOE y PP lleguen a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las “reformas necesarias en el mundo judicial” en referencia a los cambios legales para cambiar el modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces a pesar de los “puntos de vista diferentes”. El PP quiere que el acuerdo sea global y en paralelo mientras que los socialistas quieren sacar adelante primero lo urgente, es decir, la renovación y luego abordar la reforma, como establece la Comisión Europea en sus informes sobre el estado de derecho.
El PP, además, prevé dilatar la negociación si es necesario más allá del 31 de enero, que es la fecha límite que dio Bruselas a la mediación tras cinco años de bloqueo. Reynders ve la “posibilidad” de alcanzar un punto de entendimiento y espera que sea “lo antes posible”. La próxima reunión con Félix Bolaños y Esteban González Pons será el próximo miércoles 13 en Estrasburgo.
Por Irene Castro