Los activistas consiguen frenar hasta el 31 de octubre el desahucio de una víctima de violencia de género en Vallecas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este viernes a Pedro Sánchez que los problemas judiciales del Gobierno “no han hecho más que empezar”. “El presidente está en un punto de no retorno”, ha sostenido en una intervención ante los medios en Berlín, donde se ha reunido con el presidente del partido alemán CDU, Friedrich Merz.

Feijóo ha criticado que tras “la inédita imputación del fiscal general del Estado”, Álvaro García Ortiz, Sánchez haya decidido “protegerlo”. “El fiscal general del Estado ha decidido atrincherarse mientras está siendo investigado por el Tribunal Supremo. Ha decidido negar la realidad y atacar y amenazar a la oposición y ha decidido no aceptar el dictamen del Consejo Fiscal, que ha alzado la voz pidiendo mayoritariamente su dimisión”, ha dicho.

“Es evidente que España tiene muchas amenazas, pero en mi opinión, la amenaza que más le preocupa al Gobierno es la corrupción que le acecha”, ha dicho. “Hay dos tipos de corrupción las de las comisiones ilegales y las de la instrumentalización de las instituciones”, ha señalado Feijóo, para concluir: “Pedro Sánchez criticaba las dos en el año 2017. Ahora usa las dos de forma simultánea”.

Por Aitor Riveiro

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que su grupo planteará ante el Tribunal Constitucional un “conflicto de atribuciones” entre la Cámara Alta y el Congreso después de que este no haya dado por bueno el veto fuera de plazo contra la ley que acumula las penas que los presos hayan podido cumplir en otros países de la UE. García ha acusado a Francina Armengol de “boicotear las competencias del Senado y usurpar la capacidad de interpretar el Reglamento de esta Cámara, algo que no le compete” y de “amordazar” a la Cámara, todo después de que el PP apoyara la ley en el Congreso y no presentara durante semanas ninguna enmienda, total o parcial, contra el texto.

El PP mantiene así su estrategia de intentar ocultar su propio fiasco, todavía sin explicar claramente, con acusaciones al Gobierno. El PP dejó pasar en el Congreso una enmienda de Sumar que iguala los derechos de los presos españoles con los de otros países de la Unión Europea. En la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el dictamen completo de la reforma legal, y luego en el Pleno también votó a favor. De hecho, la norma salió por unanimidad: los 346 diputados presentes votaron a favor.

El texto fue luego al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero el grupo de Alicia García siguió la estela de sus compañeros del Congreso y no registró ninguna enmienda. Ni parcial ni de veto. Con los plazos ya cumplidos, los medios de comunicación avisaron de las consecuencias de la ley, que podría beneficiar a presos de ETA, y fue entonces cuando el PP intentó parar la norma. Así, y contra lo previsto, el presidente del Senado, Pedro Rollán, aprovechó una votación meramente testimonial para dar la ley por vetada y devolverla al Congreso. La Mesa de la Cámara Baja, tras un informe oral del letrado mayor, decidió no dar el veto por producido. Esa es la decisión que ahora quiere llevar el PP al Constitucional.

Por Aitor Riveiro