El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) funciona desde hace casi cuatro años con su mandato caducado, una situación que va camino de llegar hasta el final de la legislatura tras la negativa del PP de Alberto Núñez Feijóo a firmar una renovación cuya negociación estaba muy avanzada. Después de levantarse de la mesa por motivos como la presencia de Podemos en el proceso o de jueces de perfil progresista en las ternas de candidatos, el partido esgrime ahora la intención del Gobierno de modificar el delito de sedición por el que fueron condenados los presos del procés después de ser indultados. Y esto apuntala y perpetúa una situación cercana al colapso en el Tribunal Supremo además de bloquear una mayoría progresista en el CGPJ y otra en el Tribunal Constitucional, cuya renovación vuelve a quedar en manos de un órgano instalado en el incumplimiento de la ley por la acción de un grupo de vocales conservadores.
Durante buena parte de este tiempo en funciones, el organismo que presidió Carlos Lesmes pudo seguir nombrando altos cargos en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y tribunales territoriales de todo el país. Un goteo de 78 nombramientos en la cúpula judicial cortado en seco por la reforma legal de marzo del año pasado, que impide a los vocales hacer nombramientos discrecionales si están en funciones. Desde entonces, una quinta parte de la plantilla del Tribunal Supremo ha quedado vacante mientras los jueces alertan del riesgo de colapso en varias de sus salas.
El Tribunal Supremo, con una plantilla total de 79 magistrados, tiene en estos momentos un total de 16 asientos vacíos por jubilaciones, fallecimientos y excedencias, lo que supone un 20% del total, sin contar otra jubilación más prevista para finales de diciembre. La única sala renovada durante el tiempo en que el Consejo de mayoría conservadora ha estado en funciones es la de lo Penal que preside Manuel Marchena.
El resto de salas del Tribunal Supremo tienen huecos que, en algunos casos, comprometen su capacidad para constituirse en pleno. La Sala de lo Civil tiene una vacante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene ocho vacantes, la Sala de lo Social tiene cinco vacantes y la de lo Militar, por último, tiene otras dos más. La gran mayoría se corresponden con jubilaciones de hace varios años, aunque dos proceden de los fallecimientos de Nicolás Maurandi y José Manuel López García de la Serrana y otras dos de la salida de Lourdes Arastey al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de Jesús Cudero al despacho de abogados Pérez-Llorca.
Las vacantes provocadas por el bloqueo y la posterior reforma se han traducido en serios problemas organizativos para las salas más afectadas. La de lo Social, por ejemplo, cuenta en la actualidad con solo ocho miembros en activo tras la jubilación de María Luisa Segoviano, su presidenta. Las normas de funcionamiento especifican que cada recurso debe ser estudiado por cinco magistrados, lo que impide que se formen dos secciones de forma simultánea. La Sala Tercera, con ocho plazas por adjudicar, protagoniza desde hace meses un constante encaje de bolillos para mantener la actividad de todas sus secciones.
El futuro Consejo, bloqueado por una nueva negativa del PP a acordar la renovación, tenía que afrontar la delicada tarea de nombrar a 17 magistrados y magistradas para cuatro de las cinco salas del Supremo. Delicada porque uno solo de estos nombramientos, en el pasado, ha sido suficiente para partir por la mitad al pleno del órgano de gobierno de los jueces. También porque no solo hay que nombrar magistrados: hay que renovar la presidencia, por ejemplo, de la Sala de lo Social, hasta hace unos días en manos de María Luisa Segoviano, la primera y única mujer en acceder al cargo en la historia del Supremo.
Esta situación de saturación en varias salas quedó reflejada por escrito en un informe del gabinete técnico del Supremo hecho público hace un año. Las consecuencias pasaban por un millar de sentencias al año entre las cinco salas, con retrasos en los tiempos de respuesta ya de por sí dilatados y retrasos también en “las decisiones de inadmisión, que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año”, explicaban los técnicos en ese momento.
Un Supremo más lento
Los números oficiales recopilados por el propio CGPJ revelan que las salas del Supremo se encuentran entre los tribunales más lentos de cada jurisdicción a nivel nacional. El último informe de 'Justicia dato a dato' relativo al año 2021 pone de manifiesto, por ejemplo, que la Sala de lo Social del Supremo tarda una media de 18 meses y medio en resolver cada asunto: medio año más que un juzgado de lo social y un año más que un tribunal territorial. En la jurisdicción civil, la sala primera del Supremo tarda dos años y medio en resolver cada asunto, casi cinco veces más de lo que tarda un juzgado de familia.
Estos números, según revela este mismo informe, han ido a peor en los últimos años. Salvo la Sala de lo Contencioso-Administrativo, tanto la de lo Civil como la de lo Penal y la de lo Social tardan varios meses más en resolver un asunto que hace dos o tres años. La Sala de lo Social, que entre otras cosas se encarga de demandas por despido, de reclamaciones de trabajadores a la Seguridad Social o de conflictos laborales colectivos, tardó una media de 18,5 meses en 2021 por los 14,1 que registró en 2017.
El pasado mes de junio el Ministerio de Justicia se comprometió a intentar combatir el colapso de la Sala Tercera con la dotación de tres letrados coordinadores, con categoría de magistrado, para hacerse cargo de trabajos de gestión y auxilio técnico a las secciones, además de una reforma legislativa para, por ejemplo, paralizar la entrada masiva de recursos sobre un mismo asunto hasta que exista jurisprudencia al respecto. El Supremo, en un comunicado, afirmó valorar “muy positivamente” el compromiso del departamento que dirige Pilar Llop.
1,3 millones en refuerzos
El bloqueo también cuesta dinero. La ministra Llop explicó que la necesidad de refuerzos en las distintas salas del Supremo se había traducido, hasta finales de agosto de este año, en un gasto de 1,3 millones de euros. Una cifra que, en términos generales y para todos los juzgados y tribunales, sube por encima de los 12 millones de euros.
“Este bloqueo está costando dinero a los españoles, está afectando directamente al bolsillo. Desde que llegué, por este bloqueo llevamos gastados 1,3 millones de euros en refuerzos para el Tribunal Supremo. En total, en el sistema de Justicia, llevamos más de 12,5 millones en refuerzos”, explicó Llop.
La falta de nombramientos en la cúpula judicial no se limita a los órganos centrales ubicados en Madrid. Siete presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de todo el país han caducado a lo largo de este último año y medio, además de otros 22 puestos en varias de sus salas. También están pendientes de renovación las presidencias de salas en dos decenas de audiencias provinciales.
En total, según el último dato actualizado del CGPJ que ofreció el propio Carlos Lesmes en el acto de apertura del año judicial, 49 plazas sin cubrir en tribunales territoriales de un total de 116 que dependen del Consejo y su capacidad de hacer nombramientos. Estos puestos, en cualquier caso, no dejan la plaza vacante y el sillón vacío, sino que se siguen ejerciendo en funciones.
Los nombramientos al frente de Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales se convirtieron, a lo largo del mandato prolongado del Consejo saliente, en puntos de enfrentamiento entre los sectores conservador y progresista del órgano. Algunos, como la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tardaron más de dos años en llevarse a cabo.
Bloqueo a la mayoría progresista en el Constitucional
El bloqueo anunciado por Feijóo a la renovación del CGPJ tiene consecuencias también en el Constitucional. El nuevo CGPJ tenía la misión de nombrar a dos magistrados para el tribunal de garantías y desencallar así otro movimiento clave: la renovación conjunta de sus dos candidatos y los dos propuestos del Gobierno, que, salvo sorpresa, implantaría una mayoría progresista. El Consejo en funciones tiene la capacidad de hacerlo y está por ver si se retoman esas conversaciones.
Estos dos nombramientos se han traducido en la situación más tensa de un mandato que se ha prolongado durante casi una década. Un sector del ala conservadora del CGPJ, formada por ocho vocales, ha dilatado todo lo posible la obligación de nombrar a estos dos magistrados, superando ampliamente los plazos legales. Esas designaciones deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre.