La senadora Sara Vilà ha presentado la propuesta junto a representantes de colectivos y sindicatos forestales. Ha explicado que la norma es respetuosa con las competencias autonómicas en la materia y que es necesaria para establecer unas bases comunes y que “eleven” la calidad de este servicio en el conjunto del país.
La portavoz ha defendido especialmente la necesidad de reforzar la seguridad y el respaldo jurídico de estos trabajadores ante los incidentes y agresiones que sufren, como el agente forestal agredido recientemente en León al ir a comunicar una sanción a un ganadero.
“Hay que proteger a quien protege el medio ambiente, pido el voto a favor de la toma en consideración”, ha reclamado la senadora, que ha asegurado no saber aún si el PP, con mayoría absoluta en la Cámara, permitirá tramitación.
Por parte de los profesionales del sector han hablado Juan Manuel Antón (UGT) y Pep Capdevila (Forestales de Cataluña), en representación también de CSIF, CCOO y la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales. En el conjunto del país, son más de 6.000 funcionarios los que trabajan en este sector.
UN RÉGIMEN COMÚN
La propuesta establece un régimen jurídico básico para los agentes forestales y un marco jurídico para el trabajo de policía, custodia y vigilancia de los bienes de naturaleza forestal y ambiental. La norma los considera policía administrativa especial y de policía judicial y tendrán “a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad”.
Se regulan a continuación sus funciones y facultades básicas, la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la gestión y organización de los agentes, su uniformidad, acreditación y vehículos o los medios de defensa, seguridad y salud laboral, entre otros asuntos.