Vox alienta las manifestaciones contra Sánchez desde las instituciones y pleitea en los tribunales contra su prohibición

En instituciones donde su voto resulta clave aprieta las tuercas a PP y Ciudadanos para acorralar al Gobierno. Y en los tribunales pleitea contra las prohibiciones del Ministerio del Interior a algunas de esas marchas. La extrema derecha ha visto en la pandemia una oportunidad para consolidar su discurso en contra del Gobierno, al que ataca desde todos los frentes.

La formación que preside Santiago Abascal lleva semanas movilizando a la ciudadanía, animándola a hacer caceroladas en las calles y en los balcones de las casas, en una campaña dirigida a pedir la dimisión del Ejecutivo al que acusa directamente de las muertes provocadas por el coronavirus. Aunque en un primer momento el seguimiento de esas marchas fue residual, la mayor proliferación de asistentes en los últimos días ha llevado a Vox a porfiar en la idea: sus dirigentes acaban de conseguir permiso para promover una caravana de coches el próximo 23 de mayo a las 12:00 del mediodía en todas las capitales de provincia excepto en Catalunya y Castilla y León, donde han sido prohibidas, por lo que ahora pleitean en los tribunales.

Esta estrategia de Vox busca, además, sembrar la discordia y abrir una nueva grieta entre el PP y Ciudadanos, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital en donde ambos partido gobiernan juntos. En el caso del Gobierno regional, con un gabinete partido en dos que reproduce graves enfrentamientos prácticamente cada semana.

En el Ayuntamiento donde la convivencia de PP y Ciudadanos había sido más pacífica, Vox -la tercera pata para que ese Gobierno sea posible- ha introducido también la cizaña. Ha pedido la dimisión de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Ciudadanos, por asegurar que ese tipo de concentraciones en pleno estado de alarma puede provocar nuevos contagios de COVID-19 justo cuando Madrid intenta pasar a la fase 1 de desescalada del confinamiento.

Las posturas de los representantes institucionales de la derecha en este asunto son variadas. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no las ve bien, pero hace equilibrios para no chocar con la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que las alienta directamente. Ella misma ha participado en caceroladas desde el lujoso apartamento al que se ha mudado desde que estalló la pandemia, propiedad del empresario Kike Sarasola y al que, tras difundirse la noticia, anunció que pagaría 80 euros por noche.

Vox pide que se dé “más fuerte a la cacerola”

El partido que mantiene una posición más firme y unánime en defensa de las concentraciones contra Sánchez es Vox. Este mismo lunes el portavoz adjunto de este partido en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Fernández, animaba a los vecinos a seguir protestando y a “dar más fuerte a las cacerolas desde las terrazas, desde las ventanas y desde los balcones”, hasta “acabar con las dos epidemias mortales que nos están asolando”, esto es, el coronavirus y el Gobierno “criminal” de Sánchez e Iglesias.

En la misma comparecencia Fernández pedía la cabeza de Villacís por considerar que “corteja a los partidos de la izquierda” solo con el fin de ocupar el sillón de Martínez-Almeida para “convertirse en alcaldesa”. Según ha dicho el dirigente de Vox, Villacís es “desleal” con el alcalde y también con su grupo municipal con el que dice que Ciudadanos “no ha querido sentarse desde el primer día” de mandato. “Dimita, no tiene otro remedio”, le ha pedido Fernández a Villacís, a la que también ha acusado de “no haber resuelto las colas del hambre” en Madrid.

Villacís no tardó en replicar a Vox en su cuenta de Twitter asegurando que con sus “difamaciones” y “sus cadenas de WhatsApp, se están convirtiendo en los principales aliados del señor Sánchez”: “Háganselo mirar”, ha escrito.

También su compañero y vicepresidente de la CAM, Ignacio Aguado, ha afeado a Vox que se dedique a “alentar la crispación”, buscando “caldear el ambiente”, y les ha instado a que se comporten como “patriotas”. Los de Arrimadas acusan a Vox de estar “aliándose con Sánchez para desestabilizar los gobiernos liberales”.

Pero el partido de extrema derecha ha visto un filón en esos llamamientos a salir a la calle a las nueve de la noche, que desde hace unos días no solo están cuajando en barrios acomodados de Madrid, como el de Salamanca, en los que ha tenido que intervenir la policía municipal y nacional para exigir a los manifestantes que guarden la distancias de seguridad recomendada por Sanidad. La campaña de la formación de extrema derecha se ha extendido a otros punto de Madrid, como la calle Ferraz, sede del PSOE, en donde los manifestantes clamaban pidiendo “libertad”. Y ha llegado incluso al chalet que tienen en el municipio de Galapagar el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como a otras capitales de provincia, como Sevilla, Salamanca o Valladolid.

Este lunes el portavoz adjunto de Vox, Jorge Buxadé, anunciaba que su partido ha interpuesto sendos recursos contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y también en el de Catalunya por la decisión de las Delegaciones del Gobierno y el Ministerio del Interior de prohibir las manifestaciones del 23 mayo contra el Ejecutivo central.

Buxadé lamentaba que no les dejen hacer lo que han denominado “caravanas de la libertad” en las capitales catalanas lo que a su juicio demuestra que “el separatismo sigue marcando la agenda política”, “No se trata de ricos, se trata de españoles indignados ante la deriva totalitaria y las mentiras de este Gobierno”, ha sentenciado el dirigente de Vox que acusa a “la izquierda” de “vivir ajena a la realidad”, “escondida en sus mansiones de Galapagar”.