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El Ayuntamiento de Sevilla culpa al “colapso sanitario” del aumento de bajas laborales en su empresa de autobuses

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), en un autobús de Tussam.

Antonio Morente

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Listas de espera disparadas, problemas para coger cita con el médico en los centros de salud, colapso en los hospitales andaluces por la acumulación de casos de gripe y coronavirus, dimisiones en cadena en la Consejería de Salud... La sanidad pública andaluza acumula una avalancha de problemas que la han convertido en el flanco político más débil del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP), instalándose en la ciudadanía la percepción (basada en hechos reales) de que funciona peor que nunca. Una realidad que ahora incluso se traslada a documentos presupuestarios, y es que el Ayuntamiento de Sevilla, presidido por José Luis Sanz (PP), achaca al “colapso del sistema sanitario” la previsión de que este año crezcan las bajas laborales en la plantilla de la empresa municipal de autobuses, Tussam.

A esta situación atribuye parte del incremento en gastos de personal que se computa para este 2024, con un aumento de plantilla provocado en parte por este esperado incremento del absentismo “debido al colapso del sistema sanitario” andaluz que le lleva a aumentar un 0,5% la partida económica para la contratación de trabajadores, según consta en el documento de previsión presupuestaria de Tussam, adelantado por Diario de Sevilla.

Una plantilla que, por otro lado, la empresa asegura que también se ve obligada a aumentarla en otro 1% adicional con el argumento de la aplicación de la nueva Ley de Familias que aprobará en breve el Gobierno central. En este caso, la dirección de Tussam utiliza como justificación que se va a producir un “incremento desaforado de los permisos retribuidos y otras medidas de conciliación”, como la prolongación de 16 a 20 semanas de las bajas por maternidad y paternidad.

En el caso del absentismo, la empresa asume (con una naturalidad sorprendente desde el punto de vista político) la situación que sufre el sistema sanitario público que gestiona el Gobierno andaluz del PP, empezando por las dificultades para conseguir una cita con el médico de familia que obliga a esperas dos y hasta tres semanas. Precisamente, y coincidiendo con la pandemia de coronavirus, Tussam ha registrado un repunte de las bajas laborales desde 2020, aunque curiosamente ha sido en 2023 cuando ha alcanzado el máximo de los últimos años.

“Una realidad generalizada”

Que a la hora de hacer el presupuesto de la empresa de transportes el gobierno local de la capital de Andalucía baraje como un dato más la mala situación del sistema sanitario es un detalle que habla bien a las claras de la situación de colapso que sufre la sanidad pública andaluza, en la que en octubre había 56.000 personas en lista de espera que habían superado los tiempos máximos legales. Sin ir más lejos, durante este mes de enero ha habido centros sanitarios en la propia Sevilla que han reducido su actividad ante la avalancha de pacientes que están recibiendo por la ola de gripe, coronavirus y problemas respiratorios. Desde un punto de vista político, es la principal brecha de la Junta de Andalucía, aunque desde el gobierno local del PP se esgrime que la afirmación en el presupuesto de la compañía municipal de autobuses hace mención a “una realidad generalizada en todo el país”.

Pese a ello, el presidente del comité de empresa de Tussam, Francisco Cárdenas, no entiende que la empresa achaque a esta situación un previsible aumento del absentismo que, subraya, los trabajadores intentan esquivar porque implica una importante merma en la nómina de los conductores al haber muchas variables sujetas al normal desempeño de su jornada. Lo que le parece aún más peregrino es que se tilde de “desaforado” el aumento de permisos retribuidos que conlleva la nueva Ley de Familias, que según la empresa “tiene un impacto muy alto en las actividades intensivas en mano de obra como es la conducción o reparación y repostado de vehículos”.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se subraya que, de manera global, hay un “claro repunte” de las bajas por absentismo “en todas las empresas y todos los sectores”. “El absentismo laboral en España está batiendo récords, cada día 1,3 millones de personas faltan a su puesto de trabajo y eso ha hecho saltar todas las alarmas en todas las empresas”, apuntan desde el gobierno local, que esgrime el dato de que las bajas laborales se han incrementado un 21% en los últimos cuatro años en el ámbito nacional. “Uno de los balances más dañados por el paso de la crisis sanitaria es el del coste para el Estado de la cobertura de los procesos de incapacidad temporal y para las empresas, que también sufren en sus estructuras los costes directos e indirectos del absentismo”, se argumenta.

“Un derecho del trabajador”

Cuestión distinta es la Ley de Familias, atascada en la anterior legislatura y que el Gobierno quiere aprobar en breve para que inicie su tramitación parlamentaria. Hasta la fecha, el PP se ha mostrado muy en contra de las diferentes redacciones de la norma, y desde el Ayuntamiento hispalense que también gobiernan los populares no se dan más explicaciones sobre el análisis que hace Tussam sobre su impacto en la empresa municipal de autobuses. Quien sí valora la cuestión es el presidente de su comité de empresa, Francisco Cárdenas, para quien está fuera de lugar que se defina como “desaforado” el incremento de permisos porque “hablamos de una cuestión regulada por ley que es una obligación para la empresa y un derecho del trabajador”.

El impacto real de la norma está por determinar en una plantilla que para este año va a llegar a 1.686 trabajadoras tras crecer un 4,5%, cifra que sale de sumar un 3% por un incremento de la oferta con nuevas líneas de autobús, un 1% por la Ley de Familias y el referido 0,5% achacable al absentismo por el “colapso del sistema sanitario”. Este 4,5% pasa a ser un 5,8% cuando Tussam desgrana la previsión de gastos de personal, que se prevé que crezca en 5,5 millones de euros, pasando de 92,7 millones el año pasado a 98,2 en el ejercicio actual.

Todo ello en una plantilla a día de hoy muy masculinizada y con una edad media que ronda los 50 años según su último informe de sostenibilidad, que analiza datos de 2022. Ese año el total de trabajadores ascendía a 1.540, cifra integrada por 1.423 hombres y 117 mujeres, cuya edad media (46,67 años) era inferior a la masculina, que ascendía a 50,23. En cuanto al absentismo, la pandemia lo disparó del 5,33% de 2019 al 8,26%, para bajar en los dos siguientes años (7,23 y 7,31%) y escalar de nuevo en 2023 hasta el 8,61%, un dato que está todavía sin auditar.

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