El Defensor del Pueblo solicita una comisión científica para evaluar los “riesgos” del vertido de la mina de Aznalcóllar

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha solicitado crear “una comisión de expertos técnicos y científicos” que evalúe los posibles “riesgos” de los vertidos al Guadalquivir previstos en el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis. Además, ha pedido que se pronuncien al respecto el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana y el Ministerio de Transición Ecológica. La Junta ya denegó al Consejo de Doñana que opinase sobre la mina de Aznalcóllar al considerar que no afecta al parque.

En una resolución emitida el pasado 18 de diciembre, el departamento de Maeztu aborda este asunto señalando las “posiciones contradictorias entre quienes apoyan dicha reapertura por sus presumibles beneficios laborales, sociales y económicos y quienes, principalmente desde posiciones ecologistas y de defensa ciudadana, consideran que tal decisión podría conllevar riesgos inaceptables para el medio ambiente y, en particular, para los ecosistemas afectados por los vertidos previstos al río Guadalquivir”.

En efecto, los grupos ecologistas, como señala esta resolución, consideran que, “por muy depurados que estén”, los vertidos previstos al río “van a contribuir a incrementar la acumulación de residuos tóxicos que ya están sedimentados en el río Guadalquivir, afectando con ello de manera perjudicial a la pesca y agricultura de la zona”.

La reapertura de la mina, según la entidad promotora, cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo, durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.

Pero, según alertan los colectivos ambientalistas, el proyecto de reapertura de esta mina –que cuenta ya con autorización ambiental unificada pero aún no con declaración de impacto ambiental– supone “verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja”, con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.

La catástrofe de 1998 en el recuerdo

Se trata, según los ecologistas, de metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc; considerando que “no se ha aprendido nada” de la devastadora catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa)

Frente a ello, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, defendía recientemente que el proyecto está sujeto a “los requisitos más extremos que permite la legislación en el tratamiento de residuos, agua y pasivos mineros”, lanzando así un “mensaje de tranquilidad”. La iniciativa, según sus palabras, incorpora “la mejor tecnología para la depuración de aguas”, destacando que en las previsiones figura una inversión de “cien millones de euros” por parte de la empresa para actuaciones de tratamiento de aguas y “sostenibilidad” ambiental.

En ese marco, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz aborda el asunto señalando “sendos informes aportados por los grupos ecologistas y evacuados por el Catedrático de la Universidad de Sevilla Jesús Manuel Castillo Segura, que advierten de que ya existen residuos acumulados en el Guadalquivir, procedentes de los vertidos autorizados a la Mina Cobre-Las Cruces, lo que podría provocar una contaminación por acumulación, que supondría un impacto ambiental, aunque de escasa entidad, pero regular y constante, que incidiría gravemente en el estuario del Guadalquivir, en la ZEC Bajo Guadalquivir sobre sus hábitat de interés comunitario y las especies de fauna protegida de este entorno”.

Considerar los informes académicos

De otro lado, el departamento de Maeztu da cuenta de la información trasladada por la administración, exponiendo la Junta que respecto al incremento del vertido previsto a 4.000 millones de litros anuales, “las necesidades de vertido relativas al volumen máximo anual de 4 hm3/año aparecen recogidas en el estudio de impacto ambiental que fue expuesto a información pública” y esgrimiendo una adenda donde “se fijan las necesidades medias anuales en 2,6 hm3, pero se deja referido que puede haber unas necesidades máximas de 500 m3/h como caudal máximo equivalente”.

Tras analizar profundamente el asunto, la Oficina del Defensor del Pueblo insta a la Junta a “tener presente el contenido de los dos informes del catedrático de la Universidad de Sevilla Jesus Manuel Castillo”. Y especialmente, la institución reconoce sus “carencias técnicas para realizar una evaluación adecuada y ponderar la relevancia de los riesgos ambientales” del asunto, considerando que “debe ser la administración quien sopese si los riesgos ambientales han sido suficientemente evaluados y valorados en el proceso de autorización ambiental, considerando los mismos como asumibles, o si, por el contrario, debe procederse a una nueva evaluación y valoración ambiental de dichos riesgos, ya sea por sus medios técnicos o mediante el auxilio de organismos o expertos externos”.

Propuestas de pronunciamiento

En cualquier caso, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz señala que “debería valorarse la posibilidad de la creación de una comisión de expertos técnicos y científicos, tal y como acertadamente se hiciera con ocasión de la propuesta de dragado de profundización del Guadalquivir, a fin de determinar si existe suficiente certeza sobre los riesgos derivados del vertido o resulta necesaria la aplicación de los principios de precaución y cautela”.

También propone que “en el curso de los trámites autorizatorios aún pendientes para la puesta en funcionamiento de la mina, se solicitase al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana el informe previsto en la legislación reguladora de este Espacio Natural1, a los efectos de conocer el posicionamiento de dicho organismo sobre las posibles afecciones al Parque de Doñana de los vertidos previstos, aun cuando dicho informe no tenga carácter vinculante”; así como “un pronunciamiento por parte de los organismos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre la posible incidencia de los vertidos”.