La reapertura de la mina de Aznalcóllar resucita los fantasmas del vertido tóxico 26 años después de la catástrofe

Ha pasado más de un cuarto de siglo desde que la rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar desencadenó la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España y los colectivos ecologistas temen que “no se ha aprendido nada”. En el marco del 26 aniversario de aquel incidente sin precedentes y ante la inminente reapertura de la mina, se han reavivado las voces críticas que alertan de los peligros que entraña retomar la actividad minera en este municipio de la Sierra Norte de Sevilla.

La comunidad científica junto a organizaciones como Greenpeace y Ecologistas en acción fijan ahora el foco de su preocupación en el vertido al estuario del Guadalquivir de aguas contaminadas con metales pesados, implícitos en el nuevo proyecto de explotación del yacimiento de Aznalcóllar. La reapertura, a cargo de Minera Los Frailes, se encuentra hoy en la fase final de sus tramitaciones, a expensas de que la Junta de Andalucía le conceda la Autorización Ambiental Unificada, puerta de entrada para recibir otros permisos pendientes.

La compañía que gestiona hoy la corta minera ha tratado de diferenciarse del modelo anterior diseñando una explotación subterránea sin balsa de residuos, con el objetivo de evitar roturas como la que se produjo en 1998 cuando gestionaba la explotación Boliden-Apirsa. Para ello, Minera Los Frailes ha proyectado la construcción de una tubería de 30 kilómetros, a través de la cual se pretenden transportar los metales pesados procedentes de la actividad minera diluidos en agua con destino al estuario del Guadalquivir.

Ese plan implica “verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja”, como recuerda a este periódico Isidoro Albarreal, del área de minería de Ecologistas en acción Andalucía. Un plan que cuenta con el rechazo frontal de la comunidad científica, cuyo máximo exponente en este campo es hoy el catedrático de Ecología Jesús Castillo, quien afirma que los proyectos de vertidos avalados por la Junta “están mal”, ya que “no tienen en cuenta cómo funciona la hidrodinámica y fisicoquímica de las aguas en el estuario”.

De espaldas al funcionamiento del estuario

El vertido contemplado en el nuevo proyecto se pretende llevar a cabo en dos fases. La primera, la fase preoperacional, se centra en el vaciado de las dos cortas a cielo abierto que la compañía gestiona desde 2015 –Los Frailes y Aznalcóllar– y donde se acumulan los antiguos pasivos mineros. La de Aznalcóllar concentra 14 millones de metros cúbicos de agua de contacto con metales y está rodeada por escombreras abandonadas en 2002, tras el desastre ecológico. Una vez depurada el agua de las antiguas explotaciones, se acometería la fase operacional, correspondiente a la puesta en funcionamiento de la mina, prevista para un periodo de 17 años.

La compañía asegura que la planta de tratamiento que se va a construir reducirá los metales pesados a concentraciones muy bajas que saldrán por el estuario interior del río. Sin embargo, tras analizar con detalle el proyecto de Minera Los Frailes, el profesor Jesús Castillo concluye que dicho plan ignora “cómo se dispersan realmente los contaminantes” en la desembocadura del río.

La clave está en conocer cómo funciona la hidrodinámica del estuario. Castillo, quien ha trabajado más de 20 años en estuarios costeros –entre ellos, el del Guadalquivir– explica que la zona interna del estuario se comporta como “fondo de saco” en el que “de manera natural se acumula la materia orgánica, los metales y metaloides”. De ahí que los contaminantes tiendan a “acumularse en sedimentos con fuerte adhesión al fondo”.

El efecto “fondo de saco”, unido a la existencia del “tapón salino” cerca de la desembocadura y a la influencia de las mareas, hace que el tiempo de residencia del agua en el estuario sea superior a 100 días. “La mina dice en su proyecto que los contaminantes llegan en baja concentración, pero la cuestión es que van a llegar en gran volumen y que van a permanecer concentrados en el fondo y disueltos en el agua durante muchísimo tiempo”, advierte al respecto este catedrático de Ecología, que se encarga de coordinar la revisión bibliográfica que se está recopilando sobre el tema.

En la misma línea, Isidoro Albarreal recurre a los datos oficiales del Dictamen Ambiental y del Informe de admisibilidad para ilustrar que incluso después del proceso de depuración al que se va a someter el agua, el vertido contendrá metales pesados “potencialmente tóxicos”, como arsénico (2.709,12 kg), cadmio (677,28 Kg), cobre (5.577,60 Kg), cromo (717,12 kg), níquel (5.577,60 Kg) y zinc (26.294,40 kg), entre otros contaminantes mineros.

Zona ya contaminada

Asimismo, la comunidad científica denuncia que el proyecto de reapertura que tramita la Junta “no está teniendo en cuenta que la zona ya está altamente contaminada por metales en los sedimentos con efectos eco-tóxicos”. Jesús Castillo se refiere con esta afirmación a los resultados recogidos en una publicación científica de 2019, donde se documentan “elevadas concentraciones de metales y metaloides” en los sedimentos del estuario interior del Guadalquivir, a la altura de La Algaba, donde la empresa Cobre Las Cruces vierte sus activos mineros desde 2009.

De modo que los dos vertidos que están pendientes de autorización se sumarían al de Cobre Las Cruces, con un volumen total autorizado de 2.340 millones de litros durante un periodo aproximado de 14 años, es decir, un total de 32.760 millones de litros de vertido “igualmente tóxico y altamente contaminado de los mismos metales pesados que pretende verter la mina de Aznalcóllar”, según los ecologistas.

Por todo ello, científicos y ecologistas defienden que “siguiendo el Principio de Prevención –base rectora de la legislación ambiental– no debe autorizarse este vertido minero [el que solicita Minera Los Frailes] ya que no se han estudiado y valorado adecuadamente sus posibles consecuencias en el estuario del Guadalquivir y en sus diferentes usos, entre ellos portuario, agrícola y pesquero”.

En ese sentido, Jesús Castillo sostiene que la preocupación también “es grande entre los pescadores, arroceros y otros agricultores que riegan desde el Guadalquivir y que se preguntan qué va a pasar cuando se acumulen contaminantes” en un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000. Por eso, el catedrático de Ecología pide que se analicen con detenimiento las “múltiples derivadas” que puede tener el impacto del vertido para la biodiversidad y también para el Puerto de Sevilla.

Promesas de garantías ambientales

Frente a la alerta que ha lanzado la comunidad científica, la compañía minera insiste en que la reactivación de la mina “es plenamente respetuosa y compatible con el mantenimiento de la calidad del agua del Guadalquivir y no compromete ninguna de las actividades que se realizan en el entorno de su cauce”, cumpliendo “rigurosamente con la normativa europea de calidad ambiental de aguas superficiales”.

Minera Los Frailes explicó a este periódico que el proyecto nació como una “operación minera innovadora y eficiente” con el encargo primario de gestionar “los pasivos ambientales que dejaron las minas del pasado”. “La reapertura de Aznalcóllar es la garantía de la regeneración ambiental total del entorno”, defienden desde la compañía, apelando a que una de sus encomiendas es precisamente acabar con las dos cortas a cielo abierto cargadas de agua tóxica que dejó tras de sí Boliden.

Por su parte, el titular andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, defendió que la nueva explotación cumple “las máximas garantías medioambientales” y aseveró que “no se va a verter ni un solo litro de agua al Guadalquivir hasta que la estación depuradora esté en funcionamiento”. También el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, hizo hincapié en que “el agua estará tratada” y ha incidido en que “la tecnología ha avanzado muchísimo”, negando que se vayan a verter aguas contaminadas, como advierten los ecologistas.

Todas estas garantías ambientales que prometen desde la administración andaluza y la empresa minera no convencen ni a científicos ni a ecologistas que insisten en que la depuración prevista no es suficiente, al no garantizar que el vertido tóxico termine “envenenando al río”. “La tecnología acaba desde el momento en que las aguas llegan al estuario, ahí ya entra en juego el funcionamiento del ecosistema y eso no lo han tenido en cuenta”, manifiesta Jesús Castillo, quien no se explica “cómo se puede permitir que se viertan cantidades importantísimas de contaminantes en un valor tan importante como el Guadalquivir sin tener en cuenta a la comunidad científica”.

Pendiente de autorización

Mientras el alcalde de Aznalcóllar continua apoyando la reactivación de la corta y enarbolando el mantra “sin mina no hay futuro” (el proyecto de reapertura lleva aparejada la creación de unos 2.000 empleos sólo en la fase de construcción y supone “20 años de trabajo estable y de calidad”, según el regidor), científicos como Castillo se preguntan si “son más importantes los puestos de trabajo que nuestra salud”.

De momento, el proyecto de Minera Los Frailes cuenta con un Dictamen Ambiental favorable, así como con un Informe de Admisibilidad del Vertido elaborado por la autoridad competente en aguas, esto es, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Agua y Pesca (cuyas competencias acaban de ser transferidas al titular del departamento de Medio Ambiente, tras la salida de la consejera Carmen Crespo para ir en las listas del PP a las elecciones europeas).

La Junta de Andalucía ultima así el resto de autorizaciones necesarias para poner en marcha la mina, empezando por la tramitación ambiental, que concluirá con la Autorización Ambiental Unificada (AAU), según indican desde la Consejería de Industria y Minas. Una vez tramitada la AAU (que debe conceder la delegación territorial en Sevilla de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul), faltaría la autorización del proyecto de explotación y la aprobación del plan de restauración. Entretanto, la comunidad científica insta al Gobierno andaluz a echar el freno a este proyecto hasta que se evalué su impacto real, pues tienen claro que “desde un punto de vista científico, no se puede llevar a cabo el nuevo vertido”.