“Tengo que ordenar mi habitación”, dice con desparpajo y responsabilidad a partes iguales. Sus padres tienen embaladas en cajas de cartón sus pocas pertenencias porque para este viernes a las 10.00 está previsto el lanzamiento de la vivienda que tienen alquilada desde hace cuatros años, los mismos que tiene el mayor de sus dos hijos (el pequeño tiene ocho meses). Viajó en el vientre de su madre en una patera cruzando el Estrecho y ahora se enfrentan a un desahucio contra el que luchan con informes de arraigo, de vulnerabilidad social, etc. Hasta con un informe del colegio cuenta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 21 de Sevilla, que alerta del riesgo social que supondría el desahucio por ejecución hipotecaria para una familia inmigrante empadronada y completamente integrada en el Polígono Norte.
Será el quinto intento de lanzamiento que sufra la familia en el último año en su piso de la calle Cabo de Gata. La supervivencia es la batalla diaria de estas personas, que huyeron de sus países de origen (Ghana y Nigeria), que tuvieron a sus hijos en España y que tienen “todo en su contra para estabilizar su situación”, explica Miguel Balbuena, trabajador social de la Oficina de Derechos Sociales (ODS), que lamenta la “doble discriminación” al “vulnerarse sus derechos, sin acceso a la ciudadanía y sin acceso a una vivienda”. Junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), apuran las opciones para evitar el lanzamiento. “Lo que pueden tener es lo que tienen y por eso no pueden perderlo”, resume.
No pueden pedir una vivienda pública porque, con las dificultades para encontrar trabajo, aún están en proceso de regularizar su situación administrativamente, habiéndose rechazado sus solicitudes de protección internacional. El padre trabaja de forma eventual, como peón agrícola, en la recogida de la naranja en Palma del Río en los últimos tiempos, y en diversas labores del sector informal, ante la imposibilidad de conseguir permiso de trabajo tras rechazarse su solicitud de asilo. Ella cuenta con un informe positivo de arraigo, pero no ha sido tenido en cuenta.
Sin otra propuesta de alquiler
La familia no ha dejado de pagar el alquiler de su vivienda en estos años hasta que hace unos meses se descubrió que la casera había dejado de abonar la hipoteca, pese a que ellos seguían haciéndole llegar la mensualidad puntualmente, y los requerimientos de desahucio empezaron a llegar. La propiedad del piso pasó al Banco Sabadell, que ahora lo reclama. Fuentes de la entidad señalan que SOGEVISO, la filial de gestión social de la vivienda, está “analizando el caso”. Las entidades, que han convocado una concentración este viernes, denuncian la “falta de alternativas habitacionales” para esta y otras familias, y exigen “medidas de calado y efectivas” para las personas en situación de vulnerabilidad, en este caso con dos menores.
En el caso de esta familia esperan que a última hora el juzgado tenga en cuenta los “nuevos factores” (en forma de informes que respaldan su situación de vulnerabilidad) que han entrado en juego en el procedimiento de ejecución hipotecaria al que se enfrentan y en el que están personados como inquilinos de la vivienda. “Ellos no están denunciados como no pagadores”, añaden las fuentes, que insisten en que la familia está “muy bien reconocida” en el barrio, cuyos vecinos alaban la “buena crianza” hacia sus hijos pese al “miedo constante” y la “tensión” que sufren por su difícil situación habitacional, que se suma a la complicada gestión de la precaria economía familiar. “Nadie les ha hecho una propuesta de alquiler. ¿Quién va a proponerles un contrato de alquiler si no tienen ingresos fijos?”, lamenta el trabajador social.
Su supervivencia a través de los servicios sociales y el cumplimiento de “la mayoría de los requisitos” para no tener por qué pasar por esta situación de desahucio no impide que esta familia esté pasando por las “contradicciones” del sistema, apunta Balbuena, que incide en que estas personas inmigrantes “no se quedan en la calle” porque el Ayuntamiento da la opción de que se queden en un hostal, “pero entran en un circuito que nadie sabe”, al margen de alejarse de su entorno habitual. La familia viene siendo atendida en el Punto de Información de Vivienda y Encuentro (PIVE) que coordina la APDHA Sevilla y en la Oficina de Derechos Sociales, donde se atienden a familias amenazadas de desahucios o con problemas de vivienda.
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