Ecologistas y peregrinos en pie de guerra contra la Junta de Andalucía por cambiar el Camino de Santiago por Sevilla
El Salto de la Trocha, una vía pecuaria en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) incluida en el Camino de Santiago por la Vía de la Plata, es uno de los paradigmas del problema de usurpación de trazados públicos en España del que se ha hecho eco hasta la prensa internacional. La Plataforma Ibérica de Caminos Públicos (PICP) lo incluye en su top ten de “los casos más significativos del país por el nivel de injusticia que generan respecto al derecho sobre el paisaje”. Reúne todos los ingredientes para ello: es una ruta emblemática, objeto de décadas de reivindicación, y entran en juego los intereses de familias muy conocidas.
Será el Tribunal Supremo (TS) el que tendrá que pronunciarse sobre su futuro después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avalara el pasado mes de diciembre la modificación del mismo que aprobó la Junta de Andalucía en 2014 y que fue denunciada por Ecologistas en Acción. Este colectivo, a su vez, ha impugnado el falló del TSJA en el TS, que acaba de admitir a trámite su recurso. Mientras decide el alto tribunal, se gesta una movilización para el próximo 4 de marzo con la que pretenden “concienciar” a la opinión pública.
Convocada por Ecologistas en Acción y la PICP, cuenta con el respaldo de una veintena de organizaciones, entre otras la Federación Andaluza de Montañismo y Amigos del Camino de Santiago, todos ellos víctimas del cierre de esta vereda que obliga a transitar por una carretera “peligrosa” en un tramo de 10 kilómetros entre Castilblanco de los Arroyos y la vecina población de Almadén de la Plata.
Manuel Rodríguez, del grupo de senderismo El Batolito, uno de los impulsores de esta marcha, explica que “habitualmente las vías pecuarias y los caminos públicos han sido usurpados por la inacción de las autoridades, pero en el caso del Salto de la Trocha, paradójicamente, ha sido la acción de las administraciones la que ha consolidado la situación, por lo que es todavía peor”.
Se refiere a cuando hace casi una década el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, con Segundo Benítez (PSOE) de alcalde -hoy delegado territorial de territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural- , planteó a la Junta de Andalucía el cambio para que no discurriera por las fincas Yerbabuena, entonces propiedad del torero José Ortega Cano, y Cortijo de Campo, dehesa de la familia Benjumea. Cinco años después, se aprobó la resolución por la que se cerró el paso por las citadas fincas, variando un itinerario clasificado por orden ministerial en los años 30, y fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en 2014.
Más de 500 recursos de alzada
Fueron desoídos los más de 500 recursos de alzada que se interpusieron contra la medida y el asunto terminó en el TSJA y posteriormente en el TS con un expediente manchado también porque la Junta de Andalucía justificó la modificación “por la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos” por “petición expresa de la asociación Amigos del Camino de Santiago”, como recoge el BOJA, mientras dicho colectivo se vio obligado a emitir un comunicado donde desmentía tajantemente que hubiera propuesto tal cosa.
Es más, Amigos del Camino de Santiago se sumó a los recursos de alzada. “El enquistamiento de la situación [tensiones con los propietarios] ha obligado a que los peregrinos recorran kilómetros por carretera hasta alcanzar El Berrocal, y se trató de manera informal la posibilidad de habilitar una senda paralela a la carretera, pero que sacara al menos al peregrino del asfalto. Siempre fue una opción que entendimos provisional y de urgencia, y no la definitiva como esta resolución quiere consolidar”, apuntan desde Amigos del Camino de Santiago para intentar comprender por qué se “tergiversó” su petición.
Desde Ecologistas en Acción, Armando Cáceres, ha lamentado que “mientras esto ocurre, la Junta de Andalucía promete una Ley de Caminos Públicos que nunca llega y se olvida de los deslindes en los presupuestos autonómicos de cada año”. Reconoce que la acción del próximo 4 de marzo “es un poco light” porque no pretende discurrir por el trazado original, “para evitar que esto pueda disuadir a algunas personas de participar, dado que queremos que sea masiva y se visualice el problema, con la presencia de senderistas, ciclistas, caballistas...”.
Ecologistas en Acción lleva más de 20 años -la primera denuncia es de 1992- reivindicando la apertura de esta vereda, “usurpada por los propietarios de dichas fincas”, habiéndose efectuado ocupaciones y denuncias ante la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio, que no ha abierto ningún expediente sancionador a los propietarios.
“En torno a estas comunicaciones florecían las relaciones sociales, culturales y económicas en siglos pasados y hasta hace unas décadas. Queremos defender su recuperación por el valor etnológico, histórico y patrimonial de esta vía pecuaria y los lugares que conecta”, exponen desde la web con la que reivindican el Salto de la Trocha tal y como era.
Desde la Junta de Andalucía defienden su decisión y apuntan que, frente a los motivos aducidos por Ecologistas en Acción, la sentencia del TSJA destaca el marcado interés público de la actuación llevada a cabo “para mejorar y potenciar como nuevo recurso turístico recreativo el actual Camino de Santiago” y con ello “la dinamización socioeconómica del municipio de Castilblanco de los Arroyos y del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla”. Todo ello “compatibilizándolo con los intereses de los propietarios de las fincas por las que atraviesa la vía pecuaria y sin que se altere la naturaleza pública” de la ruta.
Recuerdan también que, como recoge el fallo del TSJA, con la desafectación y modificación del trazado “queda garantizada también la continuidad del tránsito ganadero, así como de los demás usos compatibles y complementarios, como senderismo, paseos a caballo y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados. En definitiva, que ”no hay intereses estrictamente particulares en la modificación“, continúan citando la sentencia, que también avala el procedimiento desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio durante el proceso de tramitación del expediente y en el periodo de información pública y presentación de alegaciones.
