La Fiscalía pide seis años de prisión para dos exalcaldes socialistas de Los Palacios por 750.000 euros de los ERE

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar este martes un juicio contra los exalcaldes socialistas de Los Palacios y Villafranca Emilio Amuedo y Antonio Maestre, así como contra una mujer como interventora municipal, por un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación derivado de una ayuda de 750.000 euros recibida por el Ayuntamiento palaciego con cargo a la partida 31L de los presupuestos autonómicos, de la que se nutría la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, se detalla que los acusados son Emilio Amuedo Moral, alcalde de Los Palacios hasta marzo de 2004; Antonio Maestre Acosta, alcalde desde junio de 2004 hasta 2011; y Trinidad Rodríguez Velasco por su papel como interventora municipal.

La causa también se dirigía contra los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; pero además de que este último falleció en 2020, todos ellos fueron excluidos de esta causa concreta al haber sido ya juzgados y condenados precisamente por la Sección Primera de la Audiencia, por el denominado como “procedimiento específico” de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias y carentes de publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Respecto a ellos, pesa así el principio 'non bis in idem', que impide sancionar penalmente un mismo sujeto respecto a un mismo hecho o comportamiento ya juzgado.

El exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández cumple actualmente su pena de siete años, once meses y un día de prisión; mientras el exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, goza de su lado del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios tras haber cumplido varios meses de prisión.

El centro ecuestre

En ese marco, la Fiscalía relata que en 2003, Francisco Javier Guerrero como entonces director general de Trabajo y Seguridad Social y Emilio Amuedo como alcalde de Los Palacios firmaron un protocolo para que la Junta inyectase una “ayuda excepcional” de seis millones de euros al Ayuntamiento palaciego, para la construcción de un centro ecuestre según un “plan de viabilidad” que “no consta” en dicho protocolo.

Después, Guerrero firmó un convenio con el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para que el mismo pagase más de 901.000 euros al Ayuntamiento de Los Palacios para el citado proyecto, con cargo a la partida 31L de los presupuestos andaluces, toda vez que posteriormente, el Ayuntamiento recibió “tres pagos por importe total de 750.000 euros”. Más al detalle, en 2004 recibió 50.000 euros cuando Emilio Amuedo era aún el alcalde y ya en 2005, con Antonio Maestre como primer edil, obtuvo sendos pagos de 200.000 y 500.000 euros.

“En la tramitación de la cantidad recibida, se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” para las ayudas públicas, indica la Fiscalía, avisando de que se trataría de cantidades “nulas de pleno derecho” al no responder a ninguna base reguladora, no cumplir los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad ni ser acreditado el carácter “excepcional” supuestamente esgrimido.

Emilio Amuedo y Antonio Maestre, como alcaldes, eran “plenamente conscientes de la falta de cumplimiento de la legalidad”, según la Fiscalía, que incide en que Maestre, sin “intención en ningún momento” de dedicar los fondos al proyecto del centro ecuestre, dio al dinero público “destinos que no han resultado debidamente acreditados y que nada tienen que ver” con el protocolo de 2003; toda vez que la entonces interventora municipal “no puso reparo alguno, permitiendo la utilización de los fondos públicos sin sujeción al procedimiento legal”.

Así, la Fiscalía atribuye a los tres acusados un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación, solicitando para cada uno de ellos seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta; así como que conjuntamente, resarzan a la Junta con 750.000 euros.