Juicio contra el expresidente de la SEPI y exaltos cargos de la Junta de Andalucía por el concurso de la mina de Aznalcóllar

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha emitido un auto mediante el que ordena la apertura de juicio oral contra las 16 personas finalmente procesadas en la investigación de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar), a la agrupación empresarial México-Minorbis, declarando a la Audiencia provincial como el órgano competente para la celebración de la correspondiente vista oral.

Así figura en un auto emitido el pasado 29 de octubre por la juez de Instrucción Patricia Fernández Franco y recogido por Europa Press, figurando entre los afectados por este auto los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.

El auto de apertura de juicio oral también se dirige contra Juan Manuel Revilla Delgado, secretario de la citada mesa de contratación como Jefe del Departamento de Ordenación Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas; y los que fueran miembros de la comisión técnica, siendo en total 16 las personas que afrontan el juicio.

La juez instructora ha acordado así la apertura de juicio oral por el caso, después de haber resuelto dos veces el sobreseimiento de la investigación, si bien tras los recursos de apelación contra tales decisiones de archivo, en ambos casos fue ordenada la reapertura de las actuaciones a instancias de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.

La Sección Séptima de la Audiencia también acordó meses atrás revocar el auto dictado por la juez instructora, tras la segunda orden de reapertura de la causa, para continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra los entonces nueve encartados; ordenando incluir en el procedimiento abreviado a los miembros de la comisión técnica y a Juan Manuel Revilla Delgado, jefe del Departamento de Ordenación Minera y secretario de la mesa de contratación, sumando así 16 el número final de procesados.

En su auto de apertura de juicio oral, la juez instructora señala presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, acordando para “salvaguardar todas las garantías procesales” la condición de responsables civiles respecto a la Junta de Andalucía y los representantes legales de Minorbis, Grupo México y Minera Los Frailes, --la sociedad de propósito específico creada por las dos anteriores para la explotación del complejo minero--; “cifrando los daños y perjuicios ocasionados en 7.195.426 euros”.

De otro lado, la juez no accede a la petición de Ecologistas en Acción en demanda de la suspensión del procedimiento de autorización del plan especial de actuación minera promovido por la entidad adjudicataria del proyecto y de la autorización de vertido tramitada para dicho proyecto por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Ello, “sin perjuicio de que por las partes legitimadas pueda instarse su adopción ante la jurisdicción Contencioso Administrativa”, precisando la juez que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) “ha acordado en fecha 30 de septiembre el levantamiento de la suspensión por prejudicialidad penal” que pesaba sobre el recurso contencioso administrativo de Emerita Resources España contra la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero.

La causa penal, recordémoslo, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.

Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, adjudicataria final de los derechos de explotación.