PP y Vox pactan limitar los pisos turísticos en Sevilla sin moratoria, pero dicen ahora que sólo se darán 7.000 licencias nuevas

Sevilla ya tiene por fin una norma que pone límites a la apertura de nuevos pisos turísticos, algo que ha sido posible tras meses de atasco político gracias a que el alcalde, José Luis Sanz (PP), se ha ganado el apoyo de Vox pese a que no se aplica la moratoria que inicialmente exigió. Pero ha habido sorpresa de última hora, ya que el expediente aprobado en el pleno municipal permite la apertura de casi 23.000 viviendas nuevas de este tipo, aunque ahora el PP asegura que como mucho serán sólo 7.000 más. No ha habido mayor explicación, aunque en teoría la única vía posible es rebajar el 10% máximo que se impone de partida a todos los barrios de la ciudad.

Los únicos que escapan a este tope son casi todos los del centro (menos El Museo y San Julián) y la zona antigua de Triana, en los que en la práctica se impone una moratoria al considerarse que están ya saturados. No ocurre así en el resto de la ciudad, en la que en su conjunto el PP considera que tienen cabida en total 32.400 pisos turísticos, tal y como se ha aprobado en el pleno municipal con la oposición de PSOE y Podemos-IU. Si tenemos en cuenta que ya hay autorizadas unas 9.700 de esas viviendas, la cuenta es clara: hay margen para 22.700 más, lo que supondría casi triplicar las actuales.

Así lo creen los partidos de izquierda y también colectivos vecinales y sociales, que este jueves se han concentrado en las puertas del Ayuntamiento aglutinados por la plataforma Sevilla se Muere al grito de “nos venden”, ya que se teme que la actividad se traslade a las zonas limítrofes con las saturadas (como de hecho ya está ocurriendo). Pero el alcalde se desmarcaba de esa idea horas antes del pleno con un mensaje en X, tachando de “falso” que se pueda llegar a esos casi 23.000 pisos nuevos (“no llegará siquiera a 7.000”) pese a que así queda patente en lo que se ha aprobado. Sanz, en otro momento del pleno y tras dar las gracias a Vox por su apoyo, se ha limitado a apuntar que ahora se abre un camino para “mejorar y hacer más restrictiva la propuesta”.

El partido de Santiago Abascal, por cierto, se apunta este tanto de reducir la cifra puesta negro sobre blanco en la norma aprobada al ser una de las enmiendas que ha pactado con el PP a cambio de modificar su negativa inicial. En concreto, el alcalde ha aceptado bajar el tope del 10% de pisos turísticos en algunos barrios, para lo que se valorarán cuestiones como las zonas de alto esfuerzo familiar para adquirir una vivienda, las acústicamente saturadas y las de carácter patrimonial.

La legalidad o no de la moratoria

El compromiso, eso sí, es analizar esta posibilidad en base a estudios técnicos, es decir, que no existe la certeza formal de que esta reducción vaya a ocurrir. La otra condición que ha incluido Vox es que el gobierno local le va a pedir a la Junta de Andalucía “de manera formal y pública, obteniendo un compromiso real”, que modifique el decreto que regula el sector y que entró en vigor en febrero. La idea es darle mayor margen de maniobra a los ayuntamientos en función de las peculiaridades de cada municipio, una cuestión que se antoja complicada porque el Gobierno andaluz no hace más que expresar su satisfacción con su norma.

Así las cosas, PSOE y Podemos-IU le han reprochado a Vox que se ha vendido muy barato, ya que ha renunciado a su gran requisito que no era otro que imponer una moratoria. La portavoz de la formación de ultraderecha, Cristina Peláez, ha alegado que les ha convencido la argumentación del PP de que “legalmente” no se puede aplicar como sí están haciendo otros municipios andaluces, ya que eso sólo sería posible si se acometiese una modificación sustancial del planeamiento urbanístico.

Con el PSOE en la alcaldía ya se aprobó hace dos años un cambio en el PGOU que obliga a que los nuevos pisos turísticos sólo pueden abrirse en un bajo o una primera planta. Esta medida, de hecho, fue la primera regulación que se impuso a estas viviendas en Sevilla, aunque sin carácter retroactivo, sin declarar zonas tensionadas y sin moratoria, cuando según el PP era justo el momento de haberla impuesto. Los socialistas, por su parte, han recordado que los populares no respaldaron la medida y que el Gobierno andaluz la recurrió y paralizó.

“Medida histórica”

Sea como sea, lo cierto es que Sevilla se ha convertido en la primera capital en regular este fenómeno a la luz del decreto andaluz de hace unos meses, algo con lo que el alcalde no deja de sacar pecho. El camino para ello ha sido tortuoso, ya que la oposición en bloque le tumbó la propuesta en junio, que ahora sale adelante gracias a un Vox que inicialmente se mostró muy beligerante. Durante estos meses de demora, en la capital hispalense se han abierto más de 420 de estas viviendas.

El gobierno local tilda de “medida histórica” la nueva norma, que por lo pronto permitirá no conceder nuevas licencias en el centro y el casco antiguo de Triana. Para el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP), se va a conseguir “compatibilizar el sector turístico con la convivencia con los vecinos”, un sector que supone el 25% del PIB de la ciudad y genera 30.000 puestos de trabajo. En Vox, por su parte, se declaran “satisfechos” y garantizan un “seguimiento exhaustivo” para comprobar que se cumple lo que les han prometido.

No piensa igual la oposición de izquierdas. Para el concejal del PSOE Francisco Páez, estamos ante “el mayor atentado contra el interés general de la ciudad sólo para darle gusto a cuatro amiguetes”, y todo ello gracias a “la compra de los votos de la ultraderecha”. De paso, le ha reprochado el PP que ridiculizó su propuesta de rebajar el tope del 10 al 2%, “decían que no se podía porque era arbitrario y ahora sí se puede” merced a su “pacto oculto” con Vox. “Los barrios les importan un pimiento”, ha apostillado.

Por Podemos-IU ha hablado su portavoz, Susana Hornillo, que considera que nadie ha explicado “de dónde se sacan la cifra de 7.000” como nuevo tope. A su juicio, en realidad se abre la puerta a triplicar la cifra ya existente de viviendas turísticas y eso en la práctica supone “22.700 viviendas menos para vivir”. “Condenan al resto de barrios a que se dinamite la convivencia”, convirtiendo su vida “en un infierno” porque con la nueva norma “quienes han salido ganando son los rentistas”. “Expulsar a los vecinos de sus barrios sale rentable”, ha remachado.