Cuatro funerales y ninguna dimisión

Se cumplirá mañana una semana del trágico suceso en el Madrid Arena en el que fallecieron cuatro chicas. Otra sigue hospitalizada y muy grave. Una semana de revelaciones que dejan patentes fallos de seguridad y de organización impresentables. Irregularidades en la contratación y en la gestión de la contrata. Podemos ennumerar los fallos, pero no hay forma de cuantificar dimisiones ni detenciones.

Ayer fue enterrada Belén, la cuarta víctima, que además era menor de edad. Que lo era se supo en la misma mañana tras Halloween, lo que dejaba probado que el control de acceso había brillado por su ausencia. Pero eso, y la muerte de otras tres chicas aplastadas en una avalancha, no impidió al Ayuntamiento dar por buena la versión de los hechos que ofreció la empresa organizadora de la fiesta al conocer el grave suceso.

El Ayuntamiento de Madrid tardó 24 horas en dar explicaciones. Como no podía justificar lo injustificable, Ana Botella optó por prohibir este tipo de fiestas en locales municipales. Bonita solución para desviar la atención de sus responsabilidades.

Hoy sabemos mucho más: que el recinto mortal carecía de licencia municipal para celebrar eventos porque sus graves deficiencias en seguridad no pasaban el corte exigido por la legislación de 2006. Sabemos también que hecha la ley, hecha la trampa, porque esa licencia de explotación sólo es imprescindible si el local es de propiedad privada. Es decir, que el Ayuntamiento no habría podido celebrar la fiesta de Halloween en el Madrid Arena porque el propio Ayuntamiento le habría denegado la licencia por falta de seguridad. Pero sí puede (y lo hizo) alquilar el local a una empresa para que esta organizase el evento. Para el Ayuntamiento de Madrid el concepto de seguridad, como el de transparencia, es elástico.

Sabemos que se superó con creces el aforo previsto, que las salidas de emergencia eran escasas, que se permitió la entrada a menores, que no se controló a quienes introdujeron bengalas, que sólo había 38 vigilantes para más de 10.000 jóvenes, que la empresa debía dinero a la Seguridad Social y no podía contratar con administraciones públicas... Sabemos lo suficiente para afirmar que alguien no hizo bien su trabajo. Y aunque sólo sea por vergüenza, quien avaló en un primer momento las falsas tesis de la empresa organizadora ya debería haber presentado su dimisión.

Lejos de dilucidar las responsabilidades de los administradores concernidos, el fiscal general del Estado intervino para señalar la existencia de “un problema familiar” que lleva a los padres a dejar salir de noche a sus hijos jóvenes una víspera de festivo.

Nada podrá consolar a las familias de las víctimas. Pero el resto de padres exigimos al juez, al fiscal y al Ayuntamiento saber quién pagará por esas cuatro vidas y qué mecanismos se pondrán en marcha para evitar que nuestros hijos puedan sufrir algo similar.