La directora de una clínica ginecológica, demandada por Abogados Cristianos: “Todavía se nos persigue por practicar abortos”

Las clínicas en las que se practican abortos vuelven a enfrentar un nuevo envite de la Asociación Española de Abogados Cristianos. El grupo ultracatólico, inmerso en una intensa cruzada contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ha presentado una demanda contra la histórica feminista asturiana Blanca Cañedo. La también directora de la Clínica Belladona de Gijón, en la que se practican abortos, ha sido acusada de vulnerar el derecho al honor de la organización. Este, junto a otros grupos ultracatólicos, es conocido por intensa actividad contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el colectivo LGTBI.

La demanda, fechada el pasado 6 de junio, ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Valladolid, localidad en la que fue presentada. Abogados Cristianos, fundado en 2008, pide en ella una indemnización de 6.000 euros “por intromisión ilegítima en el honor” a raíz de unas palabras pronunciadas por Cañedo en una entrevista publicada el pasado 19 de marzo en La Voz de Asturias.

En ella, la activista asegura que “todavía hay que luchar contra los Abogados Cristianos” que “reciben una muy buena subvención por cada caso que abren” y “se dedican a poco menos que rebuscar en las basuras para encontrar cualquier mínimo pretexto que les permita abrir un caso”.

Nombra, además, que fue este grupo el que logró que el Ministerio del Interior retirara la declaración de utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) y ha denunciado a una veintena de clínicas por, supuestamente, no informar de los riesgos que comporta el aborto. “Mucho mayores eran los de los abortos clandestinos que yo conocí. Pero eso no lo nombran los Abogados Cristianos. La educación sexual siempre será un problema para las mentes oscuras, y el peligro de los intransigentes”, prosigue Cañedo en la entrevista.

La asociación aclara que “no recibe ni ha recibido nunca ninguna subvención pública” y asegura en la demanda que los comentarios “no pueden ampararse en la libertad de expresión” porque su objetivo, opina, “no es otro que la consecución del descrédito público del demandante”. Por otro lado, sostienen que las frases pronunciadas por Cañedo “lesionan la dignidad” de la asociación “menoscabando su fama” y “constituyen un burdo intento de desprestigiar a la asociación”.

Denuncias a veinte clínicas

Por su parte, Blanca Cañedo lamenta ser la protagonista de lo que considera un “nuevo ataque” del grupo: “Lo único que intentan es obstaculizar los derechos sexuales y reproductivos y nos impiden garantizar un derecho que nos ha costado tantísimo conseguir. Más de 30 años después, esto es una muestra de que todavía se nos persigue por practicar abortos y atacan a los profesionales que intentamos que este derecho se pueda ejercer con plenitud”, explica en conversación con eldiario.es.

La clínica que dirige esta enfermera y trabajadora social forma parte de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), para la que la demanda es una forma de “minar la prestigiosa trayectoria de Blanca Cañedo en el ámbito social y político, así como su enconada lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. La clínica Belladona, explica ACAI en un comunicado, es un centro que “permitió y sigue facilitando a las asturianas el ejercicio de su derecho al aborto y el cuidado de su salud”.

Desde Abogados Cristianos aseguran que “la demanda es independiente de quién sea o a qué pertenezca la persona que nos ha acusado falsamente. ¿Porque se declare feminista es inimputable?”, dice Polonia Castellanos, presidenta de la organización. “A mí me parece que ni lo es, porque lo que hace es ir contra las mujeres... El aborto es un negocio”, opina.

ACAI recuerda que las declaraciones vertidas por Cañedo se producen después de que la Audiencia Nacional dictara una sentencia por la que mantiene la revocación de la declaración de utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), una ONG de ámbito estatal encargada de concienciar y ofrecer talleres y servicios sobre derechos y salud sexual y reproductiva. Y es que fueron los Abogados Cristianos los que consiguieron que el Ministerio del Interior le retirara a esta federación la utilidad pública, un beneficio que tiene múltiples ventajas a nivel fiscal y que, por ejemplo, mantiene el grupo HazteOir. 

En esa época Abogados Cristianos acababa también de denunciar a una veintena de clínicas de toda España en las que se practican abortos acusándolas de “dar información falsa en sus web con el objetivo de incitar a las mujeres al aborto” porque “niegan públicamente las posibles secuelas” de someterse a la intervención. Según el grupo, el objetivo es “estafar a las mujeres y promocionar el aborto”. Entre ellas, se encontraba la clínica Belladona, pero solo en la Comunidad de Madrid se abrió expediente administrativo contra los centros de la región denunciados.

“Es necesaria una actitud política y legislativa que comprenda que las clínicas estamos garantizando un derecho y que nos proteja a los profesionales”, sostiene Cañedo, que insiste en que este tipo de causas que “estigmatizan y molestan” desalentan a que haya más profesionales dedicados a los derechos sexuales y reproductivos. “Ante este nivel de ataque, hay un punto de militancia política para meterse en esto”, dice la feminista, que cuenta con el apoyo del pleno municipal de Gijón tras aprobar una moción a finales de junio a la que se sumó el Consejo de Mujeres.

Una batería de procesos judiciales

No es la primera batalla judicial que emprende Abogados Cristianos. Los ultracatólicos, que esgrimen como ejes de su actividad la defensa de la familia tradicional y la lucha contra el aborto o la eutanasia, han llegado a acusar a varios centros madrileños de algunos delitos como revelación de secretos, estafa e incluso de depositar en la basura restos biológicos de las intervenciones. Un juzgado de Madrid archivó la causa en julio de 2015 y el fallo fue confirmado en firme por la Audiencia Provincial de Madrid en febrero de 2017.

Fue en 2015 también cuando los Abogados Cristianos se felicitaron en su página web por haberle “parado los pies a Femen”.  Y es que el grupo feminista se enfrentó en 2016 a su primer juicio en España por interrumpir en una manifestación contra el aborto con los torsos desnudos y pancartas. La acusación particular era la Asociación Enraizados en Cristo y en la Sociedad, representada por Abogados Cristianos. Un juez archivó el proceso, pero la asociación ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, pide dos años de prisión para cada una de las dos activistas de Femen que se encadenaron en 2014 al altar mayor de la Catedral de la Almudena de Madrid en una protesta a favor del aborto. La semana pasada se supo que el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid juzgará el próximo 16 de noviembre a ambas integrantes de Femen, a las que la Fiscalía pide una pena de nueve meses de prisión como presuntas autoras de un delito de ofensa de los sentimientos religiosos.

A instancias de este tipo penal, recogido en el artículo 525, ha iniciado numerosos procesos Abogados Cristianos, como el que emprendieron contra la llamada “procesión del coño insumiso”, una especie de manifestación que tuvo lugar en Sevilla en el año 2014. La Audiencia de Sevilla reabrió la causa en marzo de 2017 a raíz de un recurso de la propia asociación y después de haber sido archivada un año antes. Las tres mujeres que procesionaron serán juzgadas poco antes de la Semana Santa del año que viene.

El “padrenuestro feminista” recitado en la entrega de los premios de cultura Ciutat de Barcelona en 2016 por la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, y la poetisa Dolors Miquel, también fue blanco de Abogados Cristianos, que denunció a ambas por considerar que la composición era “blasfema”. El proceso fue archivado. 

Con esta nueva denuncia contra Blanca Cañedo, las clínicas siguen denunciando “la persecución” a la que se enfrentan por garantizar un derecho que fue aprobado en 1985, un hito que para este tipo de grupos ultracatólicos supone una “creciente cultura de la muerte”, en palabras de Abogados Cristianos. Además de a la ristra de batallas judiciales con las que tienen que lidiar, las clínicas también soportan el “acoso” antiabortista en las puertas de los centros. Por eso, piden una ley que garantice su protección frente a la obstaculización de un derecho fundamental.