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Acuerdo de presupuestos prevé regular la publicidad del juego como la del tabaco
El acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos para los presupuestos generales del Estado (PGE) 2019 quiere impulsar una regulación estatal de la publicidad de los juegos de azar y las apuestas en línea similar a la que rige a los productos del tabaco.
Esta es una de las cuatro medidas acordadas con el objetivo de “proteger a la ciudadanía frente a la adicción a las apuestas y los juegos de azar y la ludopatía”.
En el documento del “Acuerdo de presupuestos generales del Estado 2019” se explica que en los últimos años han proliferado modalidades de juego en línea que utilizan “fórmulas de publicidad muy agresivas vinculadas a la imagen de personas famosas, habitualmente deportistas de éxito, o a bonos de acceso gratuitos”.
También se destaca que las emisiones de partidos de fútbol y baloncesto están “inundadas de anuncios que ofrecen apostar en directo”, lo que convierte esa actividad en algo “muy accesible” incluso para los menores, lo que genera “graves problemas de adicción y ludopatía”.
Como es “imprescindible reconducir esta situación”, PSOE y Unidos Podemos han pactado la aprobación de una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta en línea de ámbito estatal similar a la de los productos del tabaco.
También estudiar la inclusión de medidas de información, gestión y limitación del consumo en el marco regulador de juegos de azar y apuestas en línea, de manera que se refuerce el consumo saludable y se puedan prevenir e identificar patrones problemáticos.
El acuerdo establece asimismo que se refuerce la implicación de los operadores de este sector en el desarrollo de acciones de información, prevención, sensibilización y reparación de los posibles efectos indeseables derivados de la actividad de juegos de azar.
Por último, se estipula en el documento que se destine un porcentaje de la tasa por gestión administrativa del juego que pagan los operadores en línea a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos que puedan derivarse de su consumo.
El pasado marzo ya el PSOE avanzó en una proposición no de ley su intención de regular este asunto para lograr una mejor protección de los consumidores.
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