El Gobierno inicia el trámite para que los delitos sexuales contra menores prescriban 12 años más tarde

El Gobierno pretende ampliar el plazo para que las víctimas de delitos sexuales en la infancia puedan denunciar los hechos. Así se recoge en el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, según ha anunciado Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior. La propuesta es que el plazo de prescripción se alargue y empiece a contar cuando la víctima cumpla 30 años y no 18, como ocurre actualmente. La idea es que también se amplíe para otros delitos graves contra la infancia como la tentativa de homicidio, el maltrato habitual y la trata de seres humanos contra menores de edad.

Dependiendo de la gravedad de los hechos, la prescripción de los delitos de violencia sexual contra los menores se sitúa entre los cinco y los 15 años. Esto implica que, como máximo, una víctima puede denunciar en la actualidad hasta los 33 años en el caso de que contra ella se haya cometido el delito de mayor pena –una agresión sexual con penetración. Sin embargo, la mayor parte de los delitos sexuales contra la infancia son tocamientos y abusos sexuales, que prescriben a los diez años. Esto hace que el sistema les impida a muchas víctimas denunciar a su agresor cuando se encuentran preparadas y han logrado romper el silencio. Con el cambio que pretende materializar el Ejecutivo, las víctimas de delitos más graves tendrán para denunciar hasta los 45 años.

Las organizaciones de infancia, entre ellas Save the Children, que se encuentra detrás del proyecto de ley junto a otros colectivos, llevan años reivindicando un cambio –su propuesta era que el plazo empezara a contar cuando la víctima cumple 50 años– para terminar con esta barrera que, en la práctica, implica que una gran parte de esta violencia quede impune y las víctimas, en muchos casos de muy corta edad cuando fueron abusadas, nunca encuentren justicia por la vía penal.

El anteproyecto de ley, que tendrá que seguir su trámite y acabará en el Congreso, donde el resto de grupos políticos presentarán sus enmiendas, llega después de que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, trasladara el pasado mes de octubre a representantes del Vaticano la idea del Ejecutivo de hacer “imprescriptibles” los abusos contra los menores. Aunque este era uno de los escenarios que se barajaban, junto a que el plazo empezara a contar a los 50 años, finalmente el texto recoge que será a los 30.

Las peculiaridades de este tipo de delito, entre ellas, la corta edad de las víctimas cuando ocurren los hechos y el férreo silencio que lo rodea, han obligado a la revisión de los plazos. Se trata de un tipo de violencia, por otro lado, caracterizada por la infradenuncia, según la literatura científica disponible. De hecho, los expertos y organizaciones de infancia calculan que solo se denuncian un 15% de los casos que se producen. A pesar de ello, en 2017 se interpusieron un total de 3.041 denuncias por agresión sexual o abuso contra un menor, una cada tres horas, según las cifras aportadas por el Ministerio del Interior.

El menor de 14 años solo declarará una vez

La propuesta de anteproyecto de ley, que modifica once leyes diferentes, tiene como objetivo “convertir la infancia en un bien colectivo que merece especial protección”, explica el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social en una nota de prensa, y establece un amplio abanico de violencias, entre ellas, los delitos sexuales, pero no solo. La norma pretende hacer frente a todo tipo de violencia contra la infancia de una forma integral. Así, derivado del carácter integral, el proyecto incluye medidas de prevención, detección e intervención en distintas áreas como en la judicial, sanitaria o educativa.

Respecto a las medidas de carácter penal, además de incorporar la ampliación de los plazos de prescripción, la norma incluye el endurecimiento de las condiciones de cumplimiento para los condenados por este tipo de delitos, que no podrán acceder a permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que no cumplan la mitad de la pena. Por otro lado, en todos los delitos sexuales y de trata, la condena conllevará la inhabilitación para cualquier profesión que suponga contacto directo con menores de edad.

El texto también incluye un nuevo catálogo de delitos cometidos contra menores a través de Internet, entre ellos la incitación al suicidio, a la autolesión, a la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexual o la promoción o facilitación de trastornos alimenticios.

Para combatir la situación actual que se produce en los juzgados, que lleva a que las niñas y niños que denuncian abusos sexuales deban declarar, de media, cuatro veces en el procedimiento, según calcula Save the Children, la propuesta contiene la obligatoriedad de la prueba preconstituida cuando el denunciante tenga menos de 14 años. Es decir, el testimonio del menor será grabado una vez al principio del proceso y no tendrá que volver a declarar “salvo situaciones excepcionales”, matiza la nota de prensa. Los magistrados también deberán formarse de manera inicial y continuada en materia de derechos en la infancia y violencia.

Por otro lado, en el ámbito educativo, se establece que los centros escolares deberán contar con protocolos contra todo tipo de violencia contra los niños y niñas y con una figura que denomina “de bienestar y protección”, que se encargará de aplicar, supervisar y coordinar estos protocolos. Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las comunidades autónomas contarán con unidades especializadas en violencia contra los menores y se adoptarán medidas para evitar su revictimización.