Jacqueline, una de las 600.000 empleadas domésticas con salarios bajos y sin derecho a paro: “Estamos desamparadas”
Trabaja con contratos por horas en tres casas diferentes y a principios de mes hay algo más de 700 euros en su cuenta. Jacqueline Amaya tiene 44 años, es empleada doméstica, una de las aproximadamente 600.000 que existen en España y cuyos derechos, a día de hoy, aún no están equiparados con el resto de trabajadores. Sin cotizar por sus salarios reales y sin derecho a paro, Jacqueline resume en dos palabras el estado en el que se encuentran estas trabajadoras: “Estamos desamparadas”.
En los últimos años, las empleadas domésticas han sufrido avances y también retrocesos en sus derechos. Aunque se integraron en el régimen general de la Seguridad Social y se hizo obligatorio que sus contratos se registraran y que fueran dadas de alta por todos los hogares en los que trabajan, también han visto cómo se postergaban varios compromisos que auguraban mejoras laborales.
Es el caso de la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que les reconoce el derecho a paro, y que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a cumplir. “Se postergó a este año, pero mientras no haya Gobierno es algo que no va a suceder”, explica Jacqueline, que es peruana y no conoce otro oficio desde que llegó hace doce años a España. No solo se trata de ratificar el convenio, sino de concretar la forma en la que se aplicará en España y dotarlo presupuestariamente. “Si no, sería papel mojado”.
Mientras esto sucede, los salarios de las empleadas domésticas representan el 44% del salario medio y es el único trabajo donde el despido puede ejercerse sin causa, solo por “desestimiento”. Sueldos bajos, mucha economía sumergida, sin protección frente a un despido extremadamente fácil. “Aún hay muchas compañeras trabajando en negro y las que tenemos contrato casi nunca cotizamos por lo que realmente trabajamos. Y cuando te echan te quedas sin nada”, asegura esta empleada, una de las fundadoras de la Asociación de Empleadas del Hogar de Sevilla.
Hace unos meses, el Grupo Turín, una plataforma que aglutina a asociaciones y colectivos que trabajan por la dignificación del empleo doméstico, envió una carta a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social pidiendo cambios y denunciando la situación de “abandono institucional” de las trabajadoras. El sistema de cotización por tramos, la falta de control sobre la jornada declarada y el salario recibido, o la no entrega de las nóminas a las trabajadoras como práctica habitual eran algunas de sus quejas. La Secretaría respondió asegurando que tendrían en cuenta sus recomendaciones y aludiendo al bloqueo gubernamental': “Debido al momento político actual en el que nos encontramos no podrá celebrarse la reunión que solicita”.
Otro de los varapalos que ha sufrido el colectivo fue la enmienda por la que el Gobierno del Partido Popular retrasó que sus lagunas de cotización (los periodos vacíos sin alta) se les completaran, como sucede con el resto de trabajadores. Un retraso que, sin embargo, se ha prolongado con la prórroga de los presupuestos de 2018. Mientras, la pensión media de las empleadas domésticas ronda los 520 euros, aunque la mayoría ni siquiera llegan a poder jubilarse legalmente debido a la falta de cotizaciones.
Todas estas condiciones laborales hacen que la norma española pueda estar discriminando por razón de sexo de manera indirecta a las empleadas del hogar, según un estudio de la Fundación Alternativas elaborado por la investigadora Arantxa Zaguirre y publicado en marzo. Así que Jacqueline lo tiene claro: “Que llegue un Gobierno y que se ponga con esto, que atienda nuestras reivindicaciones”.
