Un juzgado investigará al exrector de la Rey Juan Carlos por los plagios
Se le acumulan las malas noticias a Fernando Suárez, exrector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El juzgado de instrucción nº35 de Madrid ha abierto diligencias previas por un “posible delito contra la propiedad intelectual” contra Suárez por haber plagiado supuestamente 16 textos. Además, el juzgado de lo mercantil nº3 de Madrid ha admitido a trámite otra demanda, también por la vía de la propiedad intelectual, contra las copias del exrector.
Con el paso adelante dado por el juzgado de instrucción, lo más probable es que Suárez tenga que ir a declarar por los plagios, que fueron ampliamente documentados por expertos con páginas enteras copiadas literalmente, pies de notas y erratas incluidas. En su momento, y tras varios días de silencio, el ahora exrector calificó las copias de “disfunciones”. Un portavoz de la URJC se ha limitado a comentar que “Suárez es un trabajador más de la universidad”, que ni siquiera le ha llegado la información y que no tienen “comentarios al respecto”.
La demanda sostiene que los plagios podrían ser constitutivos de “bien varios delitos de falsedad documental, bien de varios delitos contra la propiedad intelectual”, hechos todos ellos incluidos en el Código Penal, según el texto. El demandante admite que “en función de la calificación por la que se opte, es posible que algunos de los hechos (...) se encuentren prescritos”.
La primera de las demandas, presentada el pasado mes de mayo por un catedrático que prefiere el anonimato, incluye textos de 30 profesores afectados por los supuestos plagios de Suárez, entre ellos uno del doctor Carlos Barros, de la Universidad de Santiago de Compostela. En la demanda, al que ha tenido acceso este diario, después de sostener que la autoría de los citados artículos de Suárez “es falsa”, se destaca que el exrector sacó provecho de ellos.
“Tales textos tienen la naturaleza de documentos oficiales o públicos en atención a que estaban destinados a formar parte de diferentes expedientes administrativos, bien de las universidades convocantes de las plazas de funcionarios docentes a las que concursó” incluyendo su plaza en la URJC, se lee en la denuncia. “Y en su caso sirvieron para otorgarle la plaza al Sr. Suárez frente a otros concursantes o a estimar el complemento por sexenio o trienio de investigación, a diferencia de otros solicitantes cuyas solicitudes pudieron ser desestimadas”, concluye.
Por todo esto, los denunciantes esperan que “estos procesos concluyan en sentencias condenatorias que obliguen a la ANECA (la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y la CNEAI (la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) a revisar los sexenios y la habilitación a Cátedra de Suárez Bilbao”. “Espero que se reviertan sus méritos, porque una persona así no merece ser profesor, y menos catedrático o rector”, valora Barros, uno de los afectados. “Sería una justicia ejemplar que ayudaría a tener una universidad libre de corruptela y plagio”.
Silencio y pasividad institucional
Ambos organismos, encargados de velar por la calidad universitaria y de validar y certificar las investigaciones de los profesores para luego conceder los trienios y sexenios de investigación, que se traducen en complementos salarios en las nóminas, optaron por “la callada por respuesta”, lamenta Barros, cuando saltó el escándalo por los supuestos plagios de Suárez y un grupo organizado de profesores pidió a la administración que reaccionara.
La misma actitud de inacción adoptaron el Gobierno de la Comunidad de Madrid, responsable de la política educativa de la región, el Ministerio de Educación (ambos alegaron no tener competencias en aras de la “autonomía universitaria”) y la CRUMA (la conferencia de rectores de universidades madrileñas), aunque esta última acabó condenando los plagios un mes después. “Nos lleva a pensar en una cierta complicidad política de los gobiernos con la situación de Suárez”, reflexiona Barros. “Esto no es tanto un problema individual de cada uno de nosotros sino que afecta al honor de toda la Universidad española. Si un caso tan flagrante queda impune, cualquiera podrá plagiar, incluidos los alumnos”.
El nombre de Fernando Suárez Bilbao saltó a los medios a partir del pasado mes de noviembre, cuando se empezó a publicar que había plagiado diversos artículos a otros profesores y los había presentado como suyos. Aunque se aferró al cargo durante un par de meses, acabó convocando elecciones anticipadas, a las que no se presentó.
Poco después de retirarse de la primera línea recibió la buena noticia de que la URJC había cerrado la comisión interna que investigaba sus plagios bajo el argumento del nuevo rector, Javier Ramos, de que el asunto estaba judicializado y que con eso es suficiente. Ahora los tribunales dan un paso más en la investigación.
