La Unidad Militar de Emergencias comienza a patrullar siete ciudades, aunque “sin labores policiales”

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha comenzado a las 15.00 horas de este domingo a hacer “reconocimientos previos” en las calles de siete ciudades españolas como parte del despliegue especial contra la propagación del COVID-19. Los militares se centrarán en aquellas áreas “donde puede haber mayor riesgo de propagación del virus”, ha explicado el Ministerio de Defensa en un comunicado. Las patrullas se harán en las ciudades de Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, donde esta fuerza militar cuenta con acuartelamientos permanentes.

Fuentes del departamento dirigido por Margarita Robles han explicado a eldiario.es que la misión de los militares es “identificar necesidades relacionadas con la cuarentena, especialmente sanitarias” y que “no realizarán labores policiales”. Entre los deberes de los militares no estará, asegura Defensa, hacer cumplir la restricción de uso de los espacios públicos que decretó este sábado el presidente Pedro Sánchez como parte de las medidas que acompañan al estado de alarma, cometido al que se dedicarán las fuerzas de seguridad civiles.

 

El incumplimiento de esa prohibición de circulación, que vigilan las fuerzas de seguridad civiles y la Guardia Civil, puede acarrear hasta cuatro años de cárcel y multas de 600 a 30.000 euros.

Robles ha mantenido este domingo una reunión con la cúpula militar en la que también se ha decidido activar a los médicos militares en la reserva. A su vez, la farmacia militar ha recibido la orden de incrementar su producción de desinfectantes con base de alcohol “así como otros medicamentos genéricos que fueran necesarios”.

 

La UME fue creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 y cuenta con unos 3.500 efectivos de los tres ejércitos, que pueden ser movilizados por el presidente del Gobierno para hacer frente a emergencias como incendios, inundaciones u otras catástrofes naturales. Su reglamento también le permite intervenir en “otras necesidades públicas” como  “las que sean consecuencia de atentados terroristas o actos ilícitos” o tengan relación con “agentes nucleares, biológicos, radiológicos o químicos”.