España enfrenta a una multa por incumplir las normas europeas de gestión de residuos. La Comisión Europea ha decidido llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber implementado a nivel nacional la directiva de la UE que se aprobó en 2008, a pesar de los apercibimientos que ha realizado en varias ocasiones.
Aún hay 195 vertederos ilegales que no han sido cerrados, sellados, ni restaurados desde que hace 15 años se aprobó la normativa en la UE. Esa situación “está provocando daños graves al medio ambiente y pone en peligro la salud humana”, advierte el gobierno comunitario, que recuerda que “España ha faltado a sus obligaciones de control, inspección y cumplimiento en relación con el vertido de residuos”.
La directiva europea exige a los estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que la gestión de residuos no ponga en peligro la salud humana ni dañe el medio ambiente. “Los Estados miembros también deben velar por que los residuos se eliminen de forma segura y por que los productores iniciales de residuos, o bien traten los residuos ellos mismos, o bien se cercioren de que el tratamiento se lleve a cabo de forma adecuada”, según recoge la Comisión Europea en un comunicado.
Sin embargo, España no ha puesto en marcha las medidas necesarias, a pesar de que desde el año 2018 el número de vertederos ilegales se ha reducido sustancialmente. En aquel momento, cuando Bruselas dio el ultimátum a Madrid, había tenía detectados 1.513 vertederos ilegales. A pesar de que han desaparecido más del 90%, la Comisión Europea considera los avaneces no son suficientes y que ha llegado el momento de recurrir ante el TJUE.
Si los jueces de Luxemburgo consideran, como la Comisión Europea, que España incumple la normativa comunitaria y el Estado no adopta medidas correctoras, la Comisión podría pedir al TJUE la imposición de multas.