Cañete no descarta permitir las construcciones de “interés general” en suelo quemado
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha dicho que en la reforma de la Ley de Montes que se está diseñando “nadie pretende que en un monte quemado se puedan hacer urbanizaciones, edificaciones o un golf” pero ha abierto la posibilidad de que sí se puedan dar otras posibles utilizaciones de interés general, antes de que se cumplan los 30 años sin uso que contempla la ley.
En una entrevista, el ministro ha explicado que la prohibición de utilización de un terreno durante ese periodo de tiempo es “una especie de sanción para disuadir a aquellos que pudieran tener la idea de quemar un monte para luego hacer otros aprovechamientos que produjeran beneficio económico”.
A su juicio, “está bien” que no se pueda aprovechar, del resultado de un incendio, aquel que tenga intereses económicos privados“. Sin embargo, ha añadido que se están valorando ”otro tipo de posibles utilizaciones“ de interés general y social declarados por ley, como por ejemplo un hospital o un centro penitenciario ”o cualquier obra de interés social“. ”Tendremos que reflexionar y estamos discutiendo este tema con las organizaciones ecologistas, que no son muy partidarias y con todos los afectados“, ha afirmado, al tiempo que ha aventurado que esta es una ley que ”va a tener mucho diálogo“ y espera que ”mucho consenso“.
Al mismo tiempo, ha insistido en que cree que es mejor imponer la obligación de regenerar una superficie de monte equivalente y que es “mejor para la sociedad” que una comunidad autónoma quiera construir una obra de interés general, regenerando, además, un número de hectáreas igual al quemado, en vez de dejar un monte quemado durante 25 o 30 años sin actuaciones de regeneración inmediatas.
“Vamos a dialogar, a buscar puntos de encuentro en los que todo el mundo se encuentre tranquilo, porque no va a haber especulación, ni se va a favorecer ningún tipo de práctica que pueda conducir a una pérdida de superficie forestal en un país como el nuestro”, ha asegurado. Arias Cañete ha añadido también que aún no se sabe si se va a poder vender montes públicos o no porque en el borrador de la nueva Ley de Montes no está aún establecido ya que se está debatiendo.
No abrirá los Parques Nacionales a la caza
Por otro lado, respecto a la futura Ley de Parques Nacionales, ha garantizado que el Gobierno no pretende abrir la caza. “En parques nacionales, en principio, la caza no está autorizada y la regla general es la prohibición total”, ha aseverado, aunque ha añadido que “una cosa radicalmente distinta” será el control de poblaciones en estos enclaves.
“Una cosa es la caza comercial y otra el control de poblaciones que hay que realizar necesariamente. Ese es un tema que no tiene interés comercial de las batidas o monterías que se organizan en este país en zonas de carácter privado”, ha afirmado el ministro que ha insistido en que no se está pensando en autorizar la caza “indiscriminadamente en parques nacionales, ni mucho menos”.
Respecto a la posibilidad de que ese control de poblaciones se realice en forma de subasta, ha agregado que no cree que esa sea la situación porque el control se puede hacer “de muchas maneras” --como por ejemplo por los propios propietarios en los lugares donde aún hay enclaves privados como en Monfragüe-- pero, en todo caso, de lo que se trata es de garantizar la sanidad animal y los censos necesarios para la sostenibilidad“.
Sobre la iniciativa de la Comunidad de Madrid para autorizar la caza de cabra montesa con arco, el ministro desconfía de que se puedan cazar muchos especímenes con arco porque “entraña una enorme dificultad aproximarse a distancia de arco a una cabra montesa, ni Guillermo Tell tiene esa facultad”. “No creo que sea una actividad cinegética letal”, ha afirmado.
Patrimonio en venta
Por otro lado, respecto a la finca estatal La Almoraima, en Cádiz, ha confirmado que está “en venta” debido a la reducción que el Gobierno está acometiendo en la administración pública de “toda clase de compañías mercantiles que no son necesarias porque no tienen una utilidad inmediata”.
Por tanto, Arias Cañete opina que no tiene sentido que las gestione el Gobierno de la Nación, que no es un propietario de fincas de aprovechamientos de alcornoque ni de explotaciones cinegéticas. “El Gobierno no se dedica a eso; (La Almoraima) no es necesaria para los activos que necesita el Gobierno y si aparece alguien que tiene un interés en su adquisición y se compromete a mantener su actividad similar a la actual, evidentemente el Gobierno no se opondrá”, ha apuntado.
En todo caso, ha confirmado que “en este momento no hay comprador” y que el Ejecutivo “tampoco está en una carrera por la venta” porque ha asegurado que “no se va a malvender el patrimonio”.
Respecto a la finca, ha explicado que se trata de un enclave con unas características excepcionales y, por lo tanto, hay que pedir un “precio acorde con las mismas, sin ninguna prisa por enajenarla, sino buscando un comprador que no solo pague un precio que merece un bien de esta naturaleza, porque no hay otra igual”.
“No hay muchas explotaciones similares en la Unión Europea donde uno pueda desarrollar la actividad cinegética con condiciones de climatología, cerca de dos aeropuertos, el de Jerez y el de Gibraltar, con buenas comunicaciones por carretera. Por lo tanto, no hay ninguna urgencia y además buscamos un comprador que garantice una continuidad en la conservación de la misma con el mismo rigor o más que ha hecho el Gobierno de la Nación”, ha concluido.
