“El párroco no me deja comulgar por ser divorciada, pero mi dinero sí le vale”
El pasado 3 de mayo, Ángela Conesa llevó a su hijo a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Cartagena. Una fiesta familiar, la Primera Comunión del pequeño, que se vivió con alegría. O, al menos, de cara al exterior, con un pequeño detalle que pocos percibieron. Y es que Ángela no se acercó a comulgar, pese a que la práctica habitual es acompañar al hijo en la primera ocasión –para muchos, también la última– en la que se celebra este rito católico.
¿La razón? Ángela vive una “situación irregular”, como la de muchos ciudadanos de este país –la mayor parte de ellos católicos–, que según la actual normativa de la Iglesia le impediría comulgar: está divorciada y vuelta a casar por lo civil. Por más que el mismísimo Papa Francisco haya apostado por debatir sobre este tema en el Sínodo de la Familia, donde una mayoría de obispos apoyó el final de esta prohibición –la decisión definitiva se tomará este otoño–, el párroco de Nuestra Señora de los Dolores, José Antonio Moreno –con el apoyo explícito del Obispado– escribió una carta a los padres en la que subrayaba que “cada día existen entre nosotros más familias y matrimonios rotos, irregulares a los ojos de la Iglesia. Os recuerdo que no se puede recibir la Comunión en algunos casos ('parejas de hecho', divorciados y vueltos a casar civilmente)”.
Justo después, la apostilla: “Recibiréis un sobre para colaborar con la parroquia. Recordad que mantener la parroquia (templo, salones, luz, limpieza, personas y actividades) es responsabilidad nuestra. Sed generosos”. En este caso, no se discriminaba a las familias “cristianas” de las situaciones “irregulares”.
El sobre del dinero, para la carta
Ángela no comulgó aquel domingo. Pero esa misma tarde, después de despedir a familiares e invitados, tomó el sobre recibido para “colaborar” con la parroquia y envió al párroco la siguiente carta: “Cartagena, 03 de mayo de 2015: Dado que mi persona y/o situación familiar es 'irregular' ante los ojos de la Iglesia y, por ello, se me prohíbe recibir la comunión en un día tan especial para la familia como es la primera comunión de mi hijo, doy por hecho que mi dinero también será considerado de igual manera y, como tal, no será aceptado por la Iglesia. Así es que, como buena católica (desde hoy simple cristiana), 'acato' las normas y no contribuiré con donativo alguno, siendo consciente de que, tanto mi dinero como mi persona, no entramos dentro de lo que la Iglesia considera 'normal'. Sin otro particular se despide: Ángela Conesa (madre divorciada e irregular ante los ojos de la Iglesia)”.
Ambas cartas, colgadas por Conesa en su perfil de Facebook superaron los 134.000 “likes” y provocaron una corriente de solidaridad y muchas llamadas tanto al párroco como al Obispado de Cartagena-Murcia. “Estoy divorciada y me di totalmente por aludida. Me sentó muy mal porque yo soy católica y no me parece bien esa forma de dirigirse”, subraya esta mujer, todavía sorprendida por los ecos de su desahogo. “Me pareció muy hipócrita, yo no puedo comulgar, pero mi dinero sí les vale”, suspira.
El párroco se ha visto respaldado contundentemente por la diócesis, que tras el escándalo emitió el jueves un comunicado en el que subraya que “en relación a la polémica suscitada en el contexto de una Primera Comunión sobre la comunión de las personas divorciadas y vueltas a casar, este Obispado recuerda lo que al respecto dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1650: 'Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios. Por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales'”.
El sacerdote no quiere hacer de “policía”
Este diario ha intentado, sin éxito, comunicarse con el sacerdote, quien en unas declaraciones a La Verdad de Murcia intentaba quitar hierro al asunto, al asegurar que entendía la posición de la mujer, pese a admitir que “no sé cómo solucionar esta situación. Es una discusión internacional a la que yo no tengo respuesta”.
“Yo no le niego la comunión a nadie. Ni lo he hecho ni lo haré nunca, pero son los requisitos que pone la Iglesia. Si lo hace alguna persona divorciada o unida en pareja de hecho, eso va en la conciencia de cada uno”, afirma José Antonio Moreno, quien añade que continuará “dando la comunión a todo aquel que se acerque al templo, porque en ese momento no me planteo hacer de policía. Cada persona debe actuar según le dicte su conciencia”.
Precisamente, la cuestión de la conciencia es uno de los temas a debate en la Iglesia católica. Si bien el Concilio Vaticano II estableció el primado de la conciencia “rectamente formada” a la hora de acudir o no a los sacramentos, lo que en su día supuso el reconocimiento de la “mayoría de edad” de los católicos, la restauración llevada a cabo en los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI marcó las líneas rojas, precisas y supuestamente inmutables, para arrojar fuera de la Iglesia a gays, divorciados o parejas de hecho.
No obstante, el clamor de los fieles va en otra dirección, y ha sido el propio Papa Francisco quien volvió a abrir la discusión sobre estos y otros asuntos con la convocatoria del Sínodo de la Familia. Una mayoría de obispos se inclina por acabar paulatinamente con este tipo de prohibiciones, si bien una minoría ultraortodoxa se opone a cualquier cambio en la doctrina, amenazando con un nuevo cisma en la Iglesia católica y llegando, incluso, a dudar de la legitimidad del propio Papa.
