Científicos con contratos Margarita Salas y María Zambrano, tras el respaldo del Supremo: “Necesitaba el dinero entonces, no ahora”

Ante la poca o nula perspectiva de futuro que le ofrecía su contrato de investigación Margarita Salas –además de los 700 euros mensuales que le estaban quitando– Amalia Pérez decidió “dar dos pasitos atrás” para empezar de nuevo desde cero. Era un sitio peor, con menos salario, pero a medio plazo apuntaba a uno mejor, más estable.

Beatriz Lozano agradece hoy haber escuchado la vocecita interior que le aconsejaba no tirarse a la piscina y mudarse a Reino Unido con otra de esas ayudas, que prometía 3.500 euros mensuales pero que luego resultaron ser casi mil menos. “Me habría arruinado la vida”, cuenta.

Borja malvivió en Madrid cuando su contrato resultó ser de poco más de dos mil euros mensuales frente a la promesa de 2.800, promesa que no se incumplió hasta que ya era demasiado tarde para echarse atrás. Y todavía tiene que alegrarse de no haberse ido fuera de España. “En EEUU había gente casi pagando por trabajar, contaban que con el salario que les quedó tenían derecho a acudir a los bancos de alimentos”, relata.

Fue el caso de Paula González, que se fue a trabajar a la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, con una técnica de impresión nueva en materiales de biomedicina renunciando a un trabajo en Alemania para acabar cobrando 1.800 euros euros mensuales y obligada a usar el banco de alimentos del Estado, según contaba a este periódico: “Aquí si cobras menos de 40.000 dólares anuales tienes acceso al banco de alimentos. No me ha quedado otra opción y está siendo un año muy duro”, asegura.

Una promesa, otra realidad

Los cuatro son investigadores de nivel, el que había que tener para solicitar un contrato Margarita Salas o María Zambrano, unas ayudas creadas por el Ministerio de Universidades cuando mandaba Manuel Castells y que de oportunidad de retorno o impulso del talento pasaron a pesadilla para muchos científicos de la noche a la mañana, cuando la mayoría de las universidades decidieron interpretar –porque la redacción de la convocatoria así lo permitía– que la partida económica que financiaba cada contrato incluía el pago de las cuotas patronales de la Seguridad Social, que podían sacar el dinero de ahí. Eran 700 y mil euros al mes con los que los investigadores contaban (así se desprendía del anuncio del ministerio), pero que luego vieron detraídos de sus nóminas. Cuando los investigadores descubrieron el cambio se sintieron engañados. Pero muchos ya habían dejado sus antiguos trabajos, incluso se habían mudado de país. No había marcha atrás.

Estos contratos para investigadores posdoctorales contaban con una inversión de la UE de 387,15 millones de euros para el período 2021-2023. Según indica el Ministerio, se repartieron en las universidades públicas españolas un total de 3.914 plazas: 1.218 de María Zambrano —las más prestigiosas, exigen más experiencia— y 2.696 plazas de Margarita Salas.

Los investigadores no se resignaron y comenzaron un largo proceso de pelea que empezó a resolverse el pasado septiembre. Tras varios procesos judiciales en diferentes instancias y comunidades autónomas, con victorias y derrotas y recursos, el Tribunal Supremo se pronunció por fin sobre uno de los casos, en la Universidad de Valladolid (UVA). Y le dio la razón al investigador: el dinero de la convocatoria es para el investigador, la UVA no puede detraer parte de él para abonar la cuota patronal a la Seguridad Social. Debe hacerlo con sus fondos propios.

La sentencia no sienta jurisprudencia, para eso hace falta o que haya varias o que se unifiquen criterios y no es el caso, pero “va en la senda adecuada”, según valora Aurora María López Pérez, abogada que está llevando varios casos en las universidades de València, Politécnica de València, Granada, Miguel Hernández de Elche y Jaume I de Castellón. Por el momento, explica la letrada, la sentencia del TS no obliga a nada a otros jueces con procesos aún abiertos, pero varias universidades y algunos magistrados, conscientes de que esa sentencia estaba a punto de salir, estaban pendientes de que el alto tribunal se pronunciara. Ya lo ha hecho.

Aún en el caso de que finalmente las universidades acepten que les toque abonar ese dinero (y es un salto de fe creer que pasará sin que les obliguen, le deberían entre 700 y mil euros mensuales a cada investigador), para muchos la reparación llegará tarde. “La Justicia si es lenta no es Justicia”, recurre al tópico Amalia Pérez. “Yo necesitaba el dinero entonces, no ahora”, sostiene Borja. Pero al menos les quedará una pequeña satisfacción.

“Lo peor es el sentimiento de indefensión”

“Lo peor de este proceso”, sostiene este investigador, “es el sentimiento de indefensión frente a la universidad. ”A ellas les da igual ir a juicio porque tienen su servicio jurídico, pero nosotros tenemos que pagar un abogado. A las universidades les da igual perder y pagar costas o intereses de demora, recargos a la Seguridad Social, porque son fondos públicos. Si fuera una empresa se lo pensarían dos veces“, sostiene.

Además, tercia la abogada López Pérez, las universidades engañaron a los científicos. “No lo sabían, no se les informó. Mucha gente venía de fuera del país. Les mintieron sobre el dinero que iban a ganar y se enteraron cuando ya tenían que firmar y en muchos casos ya habían renunciado a lo que tenían. Algunos tienen un documento por escrito en el que su universidad le explica que van a cobrar ese dinero [el importe íntegro] porque necesitan ese documento para entrar al país. Y una vez allí les llega la nómina y no les da para vivir”, lamenta.

Aunque la sentencia no sienta jurisprudencia ni obliga a otros jueces de momento, fuentes jurídicas explican que es raro que un tribunal de una instancia inferior vaya contra uno superior cuando este se ha pronunciado y que lo normal será que el proceso concluya con la obligación a todas las universidades de devolver el dinero detraído a los investigadores. Por eso la letrada cree que las universidades “deberían entrar a pactar ya con los trabajadores. Las cantidades que les tengan que pagar llevan un recargo del 10%, les interesa hacerlo. En casos como este, donde cada afectado tiene su propia demanda interpuesta, es más fácil negociar para ellos, podrían sacar mejores condiciones que si lo hicieran frente a un grupo”, sostiene.

“No cuento con nada ya”

“No cuento con nada, no calculo que vaya a tener ese dinero”, especula Amalia Pérez sobre la posibilidad de que acabe cobrando lo que quitaron mes a mes. Esta brasileña dejó su trabajo en su país natal y se vino con su familia cuando consiguió un contrato Margarita Salas pensando que le iría mejor. “Creíamos que con 3.000 euros al mes viviríamos más o menos bien en España”, cuenta. No es que se equivocara, es que acabó averiguando a las malas que su premisa era errónea. “Resulta que fueron casi mil euros menos y lo pasamos un poco mal”. De repente vio que la cuenta no daba y que su situación económica era peor que en Brasil.

Decidieron quedarse pese a todo, pero como Pérez tiene una cierta trayectoria en la academia y sabe cómo funcionan las cosas pronto vio que con ese contrato no tenía futuro. Sumado que estaba cobrando de menos, decidió dejarlo. “Tenía un contrato temporal y precario. Salieron unas plazas de ayudante doctor y preferí dar unos pasos para atrás y arrancar desde cero [esta figura es la del inicio de la carrera universitaria]. Soy consciente de que como ayudante doctor cobro menos, pero a la vez empezaba la carrera académica en España, como tenía pensado”, explica.

La universidad española genera estas situaciones: Pérez tiene a sus 50 años un contrato de iniciación, pero a la vez dos sexenios de investigación reconocidos (por su trabajo previo en Brasil) que hablan de una carrera de al menos 12 años. Está acreditada para la siguiente figura laboral (contratada doctor) y ha pedido todavía otra más, profesora titular. Pese a todo su periplo es comprensiva con las universidades. “Se han visto en una situación compleja. El estado español les dio ese dinero, pero no había para las cuotas. Y cada universidad ha hecho lo que ha podido”, empatiza.

“Si lo pido me arruina la vida”

A Beatriz Lozano y su marido solo el miedo al abismo les salvó de la trampa a la que iban directos siguiendo las promesas incumplidas de la Margarita Salas. Ambos (él también es investigador) querían salir al extranjero para conseguir la preciada experiencia que luego se exige para asentarse en una universidad nacional. Lozano consiguió uno de estos contratos y empezó a echar cuentas. Con 3.500 euros mensuales para las ayudas destinadas a trabajar en el extranjero, pensaba, le daba para vivir a los tres, bebé de cuatro meses incluido, en Reino Unido mientras el marido buscaba un trabajo.

Finalmente no se atrevió, recuerda, y acabó pidiendo el contrato, pero para trabajar en España. “En el último momento puse a la familia por delante [y decidimos quedarnos], pero si lo llego a pedir [para irme fuera] me arruinan la vida”, asegura. Tenía mi casa recién comprada en España con su hipoteca, una hija de cuatro meses... Los 3.500 euros podrían haber servido; mil menos no daban.

Su caso al menos tiene final feliz. Tras ocho meses en España con la Margarita Salas y sin poder ahorrar un céntimo, consiguieron la posibilidad de irse a Reino Unido con otro contrato, de la Generalitat Valenciana, pero lo acabó dejando cuando le concedieron una Marie Curie, unas ayudas europeas de élite muy bien dotadas salarialmente. Sin embargo, como le pasa a otros colegas, la experiencia le ha dejado un poso amargo con la universidad. “Nos han llegado a decir [durante este proceso] que vamos a comprometer por codicia el futuro de algunos compañeros”. Algo parecido a lo que ha oído Borja: “Nos acusan de que por reclamar más dinero van a tener que sacar menos contratos. Pues nada, que no nos paguen y así pueden sacar infinitos”, cierra sarcástico.