Cinco comunidades no reconocen los derechos de los menores trans en los colegios

Madrid, 14 sep (EFE).- Cinco comunidades -Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja-, además de Ceuta y Melilla, suspenden en el reconocimiento de los derechos de los menores trans en el entorno educativo por no contar con legislación vigente para su protección.

Por el contrario, Navarra, Comunidad Valenciana y Aragón son las comunidades que cuentan con mejores medidas para garantizar los derechos de la infancia y juventud trans en las aulas.

Lo concluye el informe “Realidad del alumnado trans en el sistema educativo” de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Feltgtb), presentado este lunes.

Esta disparidad entre comunidades “evidencia la necesidad de una ley estatal que proteja los derechos del alumnado trans en las diversas fases de su proceso vital”, ha señalado a Efe el coordinador del grupo de Educación de la Felgtb, José Luis Ferrándiz.

“Situaciones graves de discriminación y acoso al alumnado trans no son atendidas por el profesorado y el personal directivo del centro, dejando sin apoyo a los menores y sus familias”, ya que en muchas comunidades no hay legislación ni protocolos específicos ni tampoco legislación estatal, ha lamentado.

Los procesos personales del alumnado trans son “complejos y multidimensionales”. Ferrándiz ha recordado las situaciones cotidianas a las que se enfrentan como la gestión del nombre o experiencias de acoso escolar, “con un impacto importante en su desarrollo educativo y personal”.

Pese a todo, una de las buenas noticias de esta investigación, según la Felgtb, es que se ha producido “un cambio social de gran calado” y que hay centros que se han tomado en serio la atención del alumnado trans en todas sus facetas, con protocolos concretos y dispositivos de atención en comunicación con las familias y los servicios de salud.

Las cinco comunidades citadas, además de Ceuta y Melilla sacan un cero en la comparativa hecha en el estudio, en el que se ha evaluado, por ejemplo, si cuentan con protocolos para las personas trans, si disponen de contenidos y recursos formativos en diversidad, si se instruye al personal del centro para el uso del nombre elegido por el alumno, si hay actividades diferenciadas con el sexo sentido por el estudiante o si existen acciones de formación al docente.

Pero Ferrándiz ha apuntado que “esta investigación no analiza el grado de implementación de las medidas, sino su vigencia”.

De hecho, tras Navarra, Comunidad Valenciana y Aragón, otras comunidades como Madrid y Murcia, tienen una legislación más completa, pero “es de sobra conocido el intento de imponer el veto parental en los centros educativos que vulnera los derechos básicos del alumnado Lgtbi.”

Para determinar la efectividad de las medidas establecidas por las leyes hacia el colectivo Lgtbi “también es fundamental conocer si dichas leyes cuentan con un régimen sancionador”, destaca el estudio. No han incluido uno en sus legislaciones Canarias, Galicia y el País Vasco.

Para garantizar los derechos humanos del alumnado trans, Ferrándiz ha pedido “una acción coordinada entre las familias, los equipos directivos, los Servicios Sociales y el Tercer Sector”.

Por otra parte, la Felgtb ha recordado que “las personas trans no son un fenómeno urbano, sino universal”.

Se necesita una estrategia que incluya elementos de coordinación, sostenibilidad y factores propios de intervención en el ámbito rural como, por ejemplo, servicios itinerantes o medios digitales para facilitar una interacción más personalizada y continuada.