El 90% de los colegios concertados cobran cuotas irregulares a las familias pese a estar financiados con fondos públicos. En el 89% de los casos, estas cuotas no son realmente voluntarias por las consecuencias que implica no pagarlas, lo que contravendría la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE). Estas son las dos principales conclusiones del informe anual que realizan desde 2016 la patronal de centros privados Cicae junto a la federación de asociaciones de AMPAS de la escuela pública Ceapa, presentado este miércoles.
A ambas organizaciones, que podrían situarse cada una en un extremo del espectro educativo, les une en este caso una causa común: denunciar los desmanes –dicen– de la escuela concertada con el cobro de las cuotas. Unos porque ven competencia desleal en un modelo de escuela que de alguna manera aúna las ventajas de lo privado (recursos y alumnado selecto) y de lo público (gratuidad teórica). Otros porque ven en la concertada una disfunción que detrae recursos del sistema público y que a la vez se pueden ver abocados a utilizar según dónde. También matizan: “Hay centros que no cobran nada, hemos querido recoger estos colegios para mostrar el respeto que tenemos a los que hacen una labor educativa y social y no abusan de su estatus”. El Ministerio de Educación dedicó en 2018 un total de 6.342 millones de euros a conciertos.
“Todos sabemos que existen estas mal llamadas cuotas voluntarias, todos sabemos que es una vía de financiación de los colegios concertados. Nuestro objetivo es aportar datos para exigir que se haga buen uso de los fondos públicos y evitar que algunos concertados sean un negocio rentable”, ha explicado Elena Cid, directora de Cicae. María Carmen Morillas, portavoz de Ceapa, ha añadido que “no existe voluntariedad, cuando se les pregunta [a los colegios] por la cuota responden que son los costes del centro. Los padres lo vivimos con angustia. En la escolarización hay que poner una lista de varios centros, puedes acabar en uno de estos y a la hora de matricularse resulta que hay que pagar cuotas”.
El precio de estas “aportaciones” varía mucho entre comunidades autónomas, según el informe, realizado a partir de información 336 colegios concertados de toda España (de un total nacional de 5.248, según datos del Ministerio de Educación) que la consultora Garlic B2B, responsable del mismo, considera representativo del total. El informe se ha realizado por la técnica del cliente misterioso (gente que llama haciéndose pasar por una familia interesada en matricular a su hijo para obtener la información del centro).
Debido a las diferentes realidades por todo el territorio, los responsables han decidido no calcular la media de las cuotas a nivel nacional, según ha explicado en rueda de prensa Amparo Núnez, de la consultora Garlic B2B y responsable del informe. En Catalunya, Madrid, Euskadi y Navarra son las cuatro comunidades en las que el pago es “obligatorio” en el 100% de los casos. También son, a excepción de Navarra, las que tienen unas cuotas promedio más altas. Así, la media alcanza máximos en Catalunya, donde asciende a 255 euros al mes. Un colegio de la comunidad, el Saint Pauls, también tiene el récord absoluto, y por mucho, con una cuota de 950 euros cada 30 días. Le sigue Madrid, donde se pagan 110,81 euros de media y el coste más alto lo tiene el colegio Casvi, con 209 euros mensuales. En Euskadi la media es de 97,35 euros al mes y el colegio Claret Askartza cobra 205,46 euros cada 30 días.
Los centros privados y las familias denuncian que los centros no son transparentes con las cuotas: que tienden a no informar del carácter voluntario del pago de las mismas (lo contrario es ilegal, los centros con concierto, como parte de la red pública por financiarse con fondos del estado tienen que ser gratuitos) y cuando una familia se niega a pagar, excluyen a sus hijos de ciertas actividades.
“Falta transparencia y hay una gran dificultad de las familias para obtener la información y los documentos que indiquen con claridad la cuantía de las cuotas y los conceptos [por los que se pagan]”, ha explicado Amparo Núñez, de Garlic. “Tras varias visitas y llamadas, un alto porcentaje de colegios no ha facilitado ninguna muestra por escrito”, añade. “¿Alguien se imagina contratar un servicio y no saber cuánto se va a pagar por él?”, se pregunta Elena Cid, de Cicae. Solo el 22% de los centros especifica las actividades que realizan y los conceptos que incluyen las cuotas, según la consultora.
A la hora de justificar estos pagos, los centros aluden a las “actividades complementarias”, explica Núnez. Pero según el informe, “llama la atención que se puedan considerar actividades voluntarias” elementos como talleres de psicomotricidad, de hábitos de vida sana, lectura y grafomotricidad o de competencia digital. Y menos aún si se dan, como sucede, durante el horario escolar (la franja más habitual detectada es entre las 12h y las 15h). “Las actividades complementarias, concebidas en su origen como cuestiones puntuales para complementar la formación, se han convertido en una hora complementaria y dentro del horario escolar”, asegura Cid. “Lo que pedimos que no sean recurrentes y no se den dentro del horario escolar”.
Las consecuencias de no pagar se condensan en una palabra, según los autores del informe: exclusión. Y aporta algunos ejemplos de respuestas de los colegios cuando se plantea la posibilidad de no pagar: “No se puede quedar a comer, ya que no tendrá vigilancia”; “No hay problema, pero el niño entraría una hora más tarde, a las 10h, que es cuando empieza el currículo habitual”; “No va a las clases y es una pena porque es lo que diferencia al centro. O entra una hora más tarde o sale antes, depende del día”.