El rentable negocio de comprar toneladas de contaminación tapona las energías verdes
La normativa europea permite a ciertas industrias contaminar sin pagar. Y a otras, comprar el derecho a emitir grandes cantidades de CO a precios que resultan casi irrisorios. La Unión Europea está revisando el mercado de emisiones de gases y lleva camino de que ese comercio (ETS) sea más atractivo para las empresas que pasarse a las energías limpias: los derechos gratuitos cubrirán el 90% de las emisiones. El coste de una tonelada de gas roza los cinco euros. Se ha incluido en los exentos de pago a las cementeras y aliviado las cargas a otros como los fertilizantes o la siderurgia.
El comercio de los derechos de emisión (ETS) consiste básicamente en la posibilidad de comprar y vender la generación de cierta cantidad de gases. Algunas industrias reciben esos derechos de forma gratuita. Otras no. Los derechos no gratuitos pueden adquirirse en el mercado. Así la propia Comisión Europea explica que las instalaciones que no pueden emitir sin coste pueden “reducir sus emisiones” o bien “comprar créditos adicionales para cubrir sus emisiones”.
La última postura de los ministros de Medio Ambiente acordada este martes incluye elevar un poco la cuota de emisiones que se conceden gratuitamente. Va en consonancia con la postura votada hace una semana en el Parlamento Europeo a la que se opuso el Grupo de los Verdes. Uno de su miembros, Florent Marcellesi, explica que “se envía una señal que desincentiva las energías limpias porque al bajo precio de los combustibles se añade el bajo precio por lanzar carbono”.
La Unión Europea asegura que este comercio es una herramienta útil para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero de un país o de la propia Unión y pretende aplicarlo para cumplir el Acuerdo de París: bajar esas emisiones un 40% para 2030. Las empresas deben tener derechos suficientes para cubrir su funcionamiento. Si no, son sancionadas. Los derechos que no gaste, puede reservarlos para el futuro o venderlos.
Contra la deslocalización
De manera que, sí, existen fábricas que contaminan sin pagar por ello. La idea de emisiones gratuitas se basa en impedir la fuga de plantas a países con menos exigencias medioambientales. Se incluye en esta estrategia antideslocalización a los sectores “vulnerables”. Entre ellos están las manufacturas y la aviación.
El problema es que dentro de ese grupo habían entrado tantas industrias como para sumar el 97% de todos los gases que la UE está lanzando, según cálculo de la CE. Hasta 177 tipos de industria se benefician de esto. La revisión de la normativa busca dejarlos en 50 pero, aun así, van a suponer un 90% de las emisiones, analiza la también la Comisión.
Entre los grandes contaminadores que parece que se han salvado están las fábricas de cementos. Las de fertilizantes y las de acero están cerca de conseguir una amnistía parcial.
La organización Ecologistas en Acción es contraria al propio sistema ETS. Su responsable de cambio climático, Javier Andaluz, analiza que “prolonga la dependencia de los combustibles fósiles”. Andaluz entiende que el comercio de derechos les sirve a las empresas para desentenderse de la eficiencia energética y las energías renovables y argumentar que “hay un uso sostenible del petróleo, el carbón y el gas”.
David Howell, de Seo-Birdlife, tiene una visión algo más positiva: “La postura de los Gobiernos ha sido un poco más seria sobre descarbonización que la del Parlamento”. Pero insiste que para encaminarse hacia las energías renovables “todo depende de la señal del precio [del carbono] y de que el regulador sea más sensato”. Hace unos días la Comisión Nacional de la Competencia acaba de afear los planes del Gobierno de Mariano Rajoy por querer instalar menos de la mitad de lo planificado para 2020.
Subastas baratas
El mercado ETS se basa en subastas: los estados ofertan los derechos para que los compren los contaminadores. Sin embargo, la crisis económica hizo que las industrias emitieran menos gases por lo que se han comprado menos derechos de los previstos.
Hay exceso de derechos a disposición. Consecuencia: el precio de la tonelada de carbono está por los suelos. En febrero ha fluctuado entre los 4,95 euros por tonelada y algo menos de 5,3 euros. “Desincentiva la reducción de emisiones”, admite el Ejecutivo comunitario. Lógicamente, el que quiera contaminar sin más, puede comprar su cuota de saldo. El CO ha podido seguir acumulándose en la atmósfera exacerbando el calentamiento global y alimentando el cambio climático.
El país que más dinero ingresa con este método es Alemania que en noviembre de 2016 generó 80 millones de euros. Le siguió Reino Unido con 55 millones, Italia con 42 y España con 37 millones de euros. La idea es que la mitad de ese dinero se destine a políticas contra el cambio climático.
Durante la fase de preparación para revisar el ETS, las patronales han trasladado a la Comisión Europea su preocupación sobre la nueva forma de regular el mercado de emisiones. La asociación de empresarios Business Europe ha dicho que “no se salvaguarda la competitividad la industria y eleva el riesgo de pérdida de inversiones al reducir el volumen de emisiones libres de carga”.
La Alianza de Industrias de Uso Intensivo de Energía consideró que las medidas harán que “hasta los más eficientes afrontarán gastos significativos”. La patronal de los fertilizantes Fertilizers Europe juzgó inabordable para su sector la reducción anual de derechos de emisión gratuitos: “El ETS deja de ser un incentivo para rebajar las emisiones y se convierte en un impuesto” que perjudica su competitividad y “la seguridad alimentaria” ya que dejaría ésta “en manos de la industria externa a la UE”.
