El Congreso aprueba por unanimidad garantizar y aumentar las pensiones de orfandad por violencia machista
La Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha aprobado por unanimidad aumentar y garantizar la pensión de orfandad de los hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia de género. La proposición de ley del PSOE acuerda una prestación mínima más elevada que la actualmente vigente independientemente de que la madre hubiera cotizado o no, es decir, elimina los requisitos que ahora dificultan la obtención de las pensiones por parte de los menores.
La comisión cuenta con iniciativa legislativa plena, por lo que la norma pasará directamente al Senado sin ir al pleno del Congreso, que ya tomó en consideración la iniciativa por unanimidad en mayo de 2017. En la actualidad, los huérfanos por violencia de género son considerados huérfanos absolutos –de ambos progenitores– tras la reforma de la Ley de la Infancia de 2015, sin embargo, no se eliminaron los requisitos establecidos para adquirir a la prestación. Para casos anteriores a 2008, la exigencia es de 15 años de cotización o 500 días en un periodo ininterrumpido de los cinco años anteriores al asesinato. Tras 2008, el condicionante quedó en que la mujer estuviera en el momento del fallecimiento dada de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada, es decir, como demandante de empleo.
Tras más de un año de ponencia, los grupos políticos han llegado al acuerdo de acabar con estos requisitos e incrementar la cuantía de la prestación hasta un mínimo de en torno a los 600 euros –ahora hay pensiones de unos 140– al pasar del 52% de la base reguladora al 70%. En caso de que la mujer no haya cotizado, se calculará en base al salario mínimo vigente.
Este es uno de los puntos enmendados por Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea, cuya propuesta pedía desligar la cuantía del grado de cotización de la madre asesinada y que ha sido rechazada por la Comisión. Es decir, los niños y niñas cuyas progenitoras nunca hubieran cotizado, cobrarán menos que aquellos que sí. “Esta ley proporciona más prestación para aquellos menores cuyas madres han podido tener un trabajo con un salario alto y otras más bajas para hijos que tuvieran empleos precarios o no hubieran podido cotizar. Se perpetúan por tanto con esta medida las diferencias de clase”, ha argumentado en el debate la diputada Isabel Franco Carmona.
Otro de los puntos conflictivos durante las negociaciones en los últimos meses ha sido la ampliación de estas pensiones a hijos e hijas de mujeres asesinadas por otros tipos de violencia machista más allá de la pareja o expareja, por ejemplo, de violencia sexual. Una exigencia de Unidos Podemos que finalmente ha quedado en que la prestación contemplada en esta ley se extenderá a esos casos siempre y cuando no exista otro progenitor. Es decir, estos menores serán considerados huérfanos absolutos –como ya ocurre ahora–, pero sin ser necesarios los requisitos para recibir la pensión.
Aunque la propuesta ha sido aprobada por unanimidad, tanto Podemos como el PP se han mostrado críticos con ella. Los conservadores, que también presentaban una enmienda que ha sido rechazada, han mantenido durante toda la ponencia que se amplíe este derecho a todos los casos de violencia doméstica y otras situaciones, como los accidentes de tráfico. “Ustedes han creado huérfanos de primera y de segunda y huérfanos que merecen la protección del Estado y otros que no”, ha resaltado la diputada María Dolores Alba Mullor.
Finalmente, el Gobierno se ha comprometido a hacer un estudio en el plazo de tres meses para analizar otros supuestos de orfandad absoluta “que pudieran no encontrarse suficientemente protegidos”, contempla la iniciativa. “El objetivo de esta norma era clara y no queríamos que se desvirtuara”, ha justificado la diputada socialista Rocío de Frutos, que ha celebrado la aprobación como “un paso importante en la protección integral de los hijos e hijas” porque “hasta este momento, se dejaba sin proteger a los niños y niñas en una de las más drásticas, dolorosas y estigmatizadas situaciones por las que pueden pasar”.
Por otro lado, la norma se aplicará con retroactividad a los huérfanos por violencia machista, que en lo que va de año ascienden a 33. En 2017, fueron 26 el número de niños y niñas cuyas madres fueron asesinadas por sus padres o parejas o exparejas de las mujeres. Frutos ha asegurado que muchas de estas mujeres se habían apartado del mercado laboral debido a la situación de maltrato que estaban viviendo, por lo que la pensión condicionada a su situación en la Seguridad Social, hacía que sus hijos e hijas “se vieran privadas de una pensión digna”.
