Los huérfanos de víctimas de violencia sexual tendrán garantizada una pensión aunque sus madres no cotizaran
Los hijos e hijas de víctimas de violencia machista tendrán garantizada la pensión aunque su madre no hubiese cotizado, y eso incluirá a las asesinadas por violencia sexual cuyo agresor no haya sido su pareja o expareja. Es el acuerdo que han cerrado los grupos parlamentarios este martes, en la tramitación de una Proposición No de Ley del PSOE que lleva meses debatiéndose y que aún debe pasar por la Comisión de Empleo y el PSOE. El texto también amplía el dinero de la prestación de los niños y niñas en estas situaciones.
El texto llegaba este martes a una reunión en la que se han debatido y votado enmiendas, y ha salido adelante con el sí del PSOE, Ciudadanos, PdeCat y parte del Grupo Mixto. Se han abstenido PP, Unidos Podemos y el resto del Mixto. La ampliación de la prestación situaría la cuantía en un mínimo de 600 euros -esa cifra es ahora de 140-, que sería lo que correspondería si la madre no hubiese cotizado. Para los hijos de las que sí lo hubieran hecho la pensión iría en función de lo que percibiese cuando vivía y, según el cálculo del grupo socialista, sería de una media de 800 euros.
Ángeles Álvarez (PSOE) ha criticado que el proceso se haya alargado más de un año y ha llamado a los grupos a ser “responsables”. En mayo de 2017 se iniciaron los trámites parlamentarios con la toma en consideración en el Pleno del Congreso, proceso que incluye la ponencia de este martes. La medida, además, está recogida en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, de septiembre del mismo año. Álvarez ha indicado que, “si actuamos de manera rápida”, podría ser hábil en un plazo de un mes.
La reforma de la Ley de Protección a la Infancia impulsada por el PP en agosto de 2015 incorporó una modificación que convirtió a los niños y niñas que han perdido a su madre por violencia machista en huérfanos absolutos (por haber sido su madre asesinada y su padre estar en la cárcel), de manera que pasaban de cobrar el 20% de la base reguladora de la madre al 52%. Sin embargo, no se cambiaron los requisitos para acceder a la prestación, que eran que su madre hubiera cotizado al menos 15 años. La iniciativa tramitada ahora elimina esa condición y sube al 70% el porcentaje de la base reguladora, como la de los menores que han perdido a ambos progenitores -huérfanos absolutos-.
La abstención de Podemos
Ángela Rodríguez, diputada de Unidos Podemos, ha explicado que la abstención de su grupo se debe a que mantendrán las enmiendas que no han sido incluidas en el texto transaccional del PSOE en el debate que continuará en Comisión, aunque comparte “la urgencia”. La intención es, en primer lugar, declaraba Rodríguez, que no haya en España “víctimas de primera y víctimas de segunda”, referido a que la prestación a la que puedan acceder las víctimas de mujeres asesinadas por violencia sexual sea menor que las que hasta ahora sí constan en los registros oficiales de violencia machista por ser asesinadas por sus parejas o exparejas.
“La cuantía estaría estipulada por un reglamento, pero en todo caso no sería del 100%”, ha explicado Álvarez (PSOE) para esos casos en los que no se dé la orfandad absoluta porque el menor siga contando con el padre al no haber sido él el asesino. La formación morada ha defendido desde su creación la inclusión en el registro de víctimas de violencia machista a mujeres asesinadas por hombres que no fueran sus parejas o exparejas.
Otra enmienda que mantendrá Podemos tiene que ver con la cantidad adjudicada para todas las prestaciones: consideran que no debería ir en función de lo que la madre haya cotizado ni ser la mínima si no hay cotización. “Por qué importa si la madre ha trabajado o no o en qué, o su sueldo, cuando lo que ocurre es que ha sido asesinada”, ha defendido Rodríguez.
Además, Podemos instará a que la cantidad dada sea superior a esos 800 euros de media para que sea “digna”. Han propuesto tres Salarios Mínimos Interprofesionales aunque están dispuestas a negociar por ser ésta una cifra “muy alta”. “Queremos cambiar el foco a que el Estado no ha podido evitar el asesinato” y por tanto “ha de hacerse cargo”, ha dicho Rodríguez.
Ángeles Álvarez (PSOE) había explicado antes que la medida sería retroactiva hasta 2004, aunque en principio podrían solicitar la ayuda familiares y afectados anteriores a esa fecha presentando la correspondiente documentación. La Seguridad Social inspeccionará cada caso para saber cuánto se retribuiría. Serán beneficiarios todos los menores de edad, alargable hasta los 25 años “si están estudiando o no tienen recursos”. Álvarez ha señalado que el número de menores que se quedan huérfanos cada año por violencia machista ronda de media los 40, aunque no se trataría de una suma desde 2003 ya que muchos ya no cumplen las condiciones.
“Ley parcial”, según el PP
El Partido Popular, por su parte, cree que esta propuesta es una “ley parcial, que no resuelve la situación de todos los huérfanos”. María Dolores Alba, como portavoz popular, ha declarado a los medios que la iniciativa “no resuelve la situación de todos los huérfanos”. También considera que marca “huérfanos de primera y de segunda”, pero por tener mejor protección del Estado que lo sean por violencia machista que “por la desgracia de un accidente de tráfico”. “En un único trámite parlamentario se podría haber resuelto” para así “extender la solución a todos”, ha zanjado.
El portavoz de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha adelantado antes de entrar a la reunión que la formación naranja votaría a favor. Su grupo no ha presentado enmiendas, pero ha coincidido con el PP en que sería bueno aprovechar la tramitación de esta ley para “crear una prestación de orfandad no contributiva para todos los supuestos, que proteja a todos los huérfanos”.
