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Confirman con pruebas de ADN que el lince ibérico vive en una zona de Madrid codiciada por la expansión urbanística

Un lince del programa de reintroducción.

Raúl Rejón

No se trata de leyendas de campo. Ni de un ejemplar despistado. El lince ibérico, una de las especies más amenazadas del mundo al estar el peligro crítico de extinción, está presente en la Comunidad de Madrid. Así lo demuestran los análisis genéticos recogidos en un reciente estudio de la Universidad Complutense de Madrid al que ha accedido eldiario.es. El problema es que se ha confirmado esta presencia en una zona singularmente codiciada para la expansión urbanística en la región: la sierra suroeste.

El investigador que firma el documento, el biólogo Javier Lobón, ha asegurado a eldiario.es que con este trabajo “queda acreditado al cien por cien que hay lince”. E incluso interpreta que “se da una estabilidad de población en el espacio y el tiempo”. El área ahora confirmada como hábitat cae dentro de un entorno de más de 80.000 hectáreas considerada Zona de Especial Conservación en las riberas de los ríos Alberche, Cofio e incluso Guadarrama. Pero es un terreno a día de hoy desregulado.

El plan de gestión diseñado en 2010 por el Gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre (PP) –el documento oficial que indica qué se permite y qué queda prohibido hacer– fue tumbado en 2014 por el Tribunal Supremo. “Se había redactado de forma arbitraria para permitir una serie de proyectos urbanísticos en determinados lugares”, cuenta Mª Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, la organización que impugnó el plan.

En esos momentos hasta 19 municipios de la región habían dado pasos legales para impulsar diferentes operaciones que incrementaba en un 80% el número de viviendas y un 950% la superficie urbanizable. Se pretendía levantar unas 36.000 casas, según el recuento de las modificaciones de planes de ordenación urbana de las localidades. Pero también existía suelo reservado para tres campos de golf, dos macro-complejos de ocio y deporte y un hotel con centro comercial. “Entre la sentencia y la crisis económica mucho se ha quedado dormido”, dice Nieto.

El estudio realizado no deja mucho lugar a dudas. De las 20 muestras de deposiciones que recogieron en el campo, nueve han dado resultados positivos para lince en los análisis de ADN. Así el autor no ha tenido reparo en asegurar que “de los resultados obtenidos de los análisis genéticos queda demostrada de forma inequívoca la presencia de L. pardinus”.

Los linces son exploradores. Hace ocho meses, un ejemplar del programa de reintroducción en los Montes de Toledo se pasó a Aranjuez. El collar transmisor indicó que hizo un periplo por el sur de la Comunidad de Madrid de este a oeste. Sin embargo, lo que ha venido a demostrar el estudio de Lobón, tutelado por el doctor Germán Alonso, es una presencia mucho más permanente.

La afirmación se basa en el hecho de que algunos de los restos fueron encontrados “durante el periodo invernal (…), la cual podría ser un indicio de la estabilidad anual de la especie”. La conclusión a la que han llegado los científicos es que “los excrementos hallados durante los muestreos, hacen pensar en la existencia de una población con cierta estabilidad en esta región, algo muy importante para su conservación y persistencia temporal”. Y que conllevarían una protección específica de los parajes por donde medra la especie.

El biólogo dice que se inclina “a pensar que se trata de un población estable que se ha pasado por alto desde hace años, es decir, que no se ha querido hacer patente”. Aunque reitera que para asegurarlo hacen falta estudios genéticos a nivel de individuo que descarten que se trata de ejemplares que llegan desde otros focos.

¿Por qué querría ocultarse que hay una población?

La presencia confirmada de linces podría ser un freno a la expansión urbanística. No es una noción extraña. Solo la posibilidad de que este felino deambulara por ese entorno desató una batalla entre ecologistas y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2006. El lince fue la última baza que jugaron los grupos ambientalistas para tratar de frenar la construcción de una autovía que se adentraba en esos ecosistemas protegidos: la M-501, conocida como la carretera de los pantanos.

Esta autovía fue declarada como de interés general por Esperanza Aguirre para liberarle del estudio de impacto ambiental previo a la construcción. Basó su decisión en tratar de evitar la siniestralidad del trazado. Además, una vía de alta capacidad para los coches dio alas a los proyectos urbanísticos que florecieron en toda la sierra oeste: la carretera llevaría los coches para llenar las urbanizaciones, los campos de golf o los complejos de ocio.

A finales de 2005 se hallaron unas muestras susceptibles de pertenecer a un ejemplar. Estalló una batalla por el lince. La presidenta Esperanza Aguirre declaró directamente que “los excrementos se pueden traer de un sitio de lince en cautividad y ponerlos ahí”. Los análisis realizados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (perteneciente al CSIC) dijeron que se trataba del felino. Pero otro estudio en la Estación de Investigación de Doñana (también del CSIC) aseguró que había mezcla de ADN de lince y de gato común. Eran muestras distintas tomadas en el mismo lugar. ¿Podría un lince haberse comido un gato? El científico que encontró los restos, Emilio Virgós, dijo que podría haber sucedido esto.

La polémica fue de tal calibre (estaba en juego todo el proyecto del desdoblamiento de la carretera) que para el estudio de 2015, Lobón ha levantado un acta con un agente forestal de cada muestra que ha encontrado. “En cada trayecto que he hecho he llevado un agente conmigo”, subraya.

La M-501 se desdobló como estaba previsto en una primera fase. Sin estudio ambiental. En febrero de 2011, el Tribunal Supremo hizo firme una sentencia que declaraba ilegal la construcción. En julio, comenzaron a circular los coches. En septiembre de 2013, el Ejecutivo de la Comunidad contrató los trabajos para llevar a cabo un estudio de impacto de la vía por la que pasaban vehículos desde hacía dos años: pagó 230.000 euros.

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