El Congreso aprobará este jueves la nueva ley de universidades, que prohíbe subir el precio de las tasas

La nueva ley de Universidades (LOSU) está lista para ser aprobada. Tras el debate final sobre la norma en el Congreso que se ha producido este miércoles, el Ministerio de Universidades se muestra “optimista” con recabar los apoyos necesarios para que el Pleno apruebe en la votación de mañana el texto que va a sustituir 20 años después a la Ley Orgánica de Universidades. Los socios habituales del Gobierno han respaldado el proyecto –con más o menos críticas– mientras la derecha y los partidos más a la izquierda lo rechazan.

Si sale adelante la votación definitivamente, la norma pasará así al Senado, que aún podrá introducir más modificaciones en un documento que ha sido ampliamente enmendado en la Cámara Baja con novedades como prohibir que se encarezcan los estudios o abrir la posibilidad de que el personal laboral sea rector. El ministro Joan Subirats calculaba hace unos días que “si todo va bien” la nueva norma podría estar lista para febrero.

El Ministerio es optimista, pero la aritmética parlamentaria no está cerrada. El debate ha servido para saber que PSOE, UP, ERC, PNV, Más País-Equo y el PdCat apoyarán la norma, mientras PP, Vox, CUP, Junts y BNG se han mostrado en contra. Bildu se abstendrá.

En cualquier caso, al ser una ley orgánica su aprobación requiere de una mayoría absoluta a favor, por lo que depende más de los síes recabados que de que quienes no van a votar a favor opten por el “no” o la abstención. Con los votos de los partidos que han anunciado su “sí” en principio deberían ser suficientes para que el texto sea aprobado (suman 181 y la mayoría absoluta está en 176).

El ministro Subirats ha destacado que “reconoce la diversidad del sistema universitario, democratiza el acceso, garantiza estándares de calidad en docencia, investigación y transferencia” y limitará la temporalidad, entre otras cuestiones. Entre los partidos que la apoyan se han escuchado argumentos como que la norma “supone una mejora respecto a la anterior” (ERC) o que presenta “avances significativos y no impide el desarrollo normativo que nuestros sistemas universitarios requieren para avanzar (PNV). El PSOE ha subrayado que la LOSU significa ir a ”más calidad y con mejores derechos laborales“.

Desde los partidos situados más a la izquierda del Congreso, que han adelantado que votarán en contra, se ha criticado, que la ley es “insuficiente e inadecuada y sirve para impulsar la privatización por varias vías”, como igualar derechos para universidades públicas y privadas, pero no obligaciones (BNG), o la falta de una memoria económica que garantice la mejora propuesta de las condiciones laborales de los profesores asociados (CUP). El PRC también votará en contra, muy crítico con que “la mayoría de las enmiendas [aprobadas durante el trámite parlamentario] son concesiones a sus socios de investidura”.

Desde el otro lado –ideológico– de la Cámara, el PP ha lamentado que la ley “no es de consenso” y ha calificado la ley de “paradoja”. “Es la ley antisistema universitario”, ha sostenido la diputada popular María Jesús Moro: “Es la ley de ERC”, ha subrayado.

Entre las últimas novedades incorporadas a la ley está la prohibición de subir las tasas universitarias a futuro: solo podrán mantenerse o bajar, siguiendo la línea del acuerdo alcanzado hace más de dos años entre Gobierno y comunidades autónomas. Además, la LOSU pretende acabar o al menos paliar la precariedad docente que asola a la Universidad –especialmente en cuanto a los profesores asociados–, obliga a que la mayoría del personal sea funcionario, establece medidas de discriminación positiva para favorecer el acceso de las mujeres a las plazas (también de los hombres, si están en minoría en un departamento concreto), se busca aumentar la calidad docente, mejorar la financiación de los centros de manera estable fijando un mínimo de inversión del 1% del PIB o modificar los requisitos para ser rector, entre otras medidas, eliminando requisitos como ser catedrático o abriendo el puesto a personal laboral (hasta ahora había que ser funcionario), aunque algunos grupos han reprochado que esta apertura no ha llegado a otros puestos, como el de Secretario General.

El proyecto de ley ha incorporado durante su tramitación parlamentaria propuestas como que el personal no funcionario pueda ser rector; topar el precio de las tasas universitarias –solo podrán mantenerse o bajar– y que los colegios mayores privados que segreguen por sexo no puedan adscribirse a una universidad pública para evitar escenas machistas como las del colegio Elías Ahuja de Madrid, entre otras cuestiones.

También se incluyen en la nueva norma algunas de las medidas que el Ministerio de Universidades ha ido aprobando a lo largo de este año, como la actualización de los requisitos mínimos para que un centro pueda considerarse universidad –pensando sobre todo en lo privado– o el aumento de la partida destinada a becas.

Además, la nueva ley consagra por primera vez el paro académico, con lo que los estudiantes no podrán ser castigados en caso de inasistencia a clase o a un examen por ese motivo, rebaja la temporalidad hasta el 8% y los funcionarios deberán pasar del actual 51% al 55%.