El Congreso empieza a revisar el voto rogado, que ha dejado la participación de emigrados bajo mínimos
Lo que los colectivos de emigrados llevan años denunciando parece haberse colado finalmente en el Congreso de los Diputados. Seis años después de la puesta en marcha del cambio normativo que introdujo el voto rogado, la Cámara comenzará a revisar este mecanismo en el seno de la subcomisión que abordará la reforma de la ley electoral. Desde 2011, año en que se aprobó la implantación del sistema, la participación de emigrados ha caído en picado.
La reforma del voto rogado es prácticamente el único asunto en el que los partidos muestran un cierto consenso de cara a la subcomisión, pero el colectivo de emigrados Marea Granate es prudente con la posible reforma. “Somos muy cautos porque el hecho de que todos los grupos hayan mostrado disposición a derogar el ruego no quiere decir que vaya a salir una reforma electoral adecuada para la emigración”, explica la portavoz María Almena.
El voto rogado se introdujo en 2011 mediante una reforma de la ley electoral pactada por PSOE, PP, CIU y PNV por considerar que el sistema anterior podía dar lugar a ciertas irregularidades. Sin embargo, la Junta Electoral Central ya había alertado de los problemas que podían surgir si se aprobaba porque el sistema ya estaba implantado en las elecciones municipales. En un informe de 2009 el organismo pronosticaba “inconvenientes” como una posible “disminución de la participación electoral”.
Del 31,7% de 2008 al 6,3% de las últimas generales
Ocho años después las predicciones de la Junta Electoral Central se han cumplido y el voto de emigrados ha alcanzado mínimos históricos. Mientras en 1986 votó el 20,6% de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), la cifra alcanzó el 4,7% el 20 de diciembre de 2015 o el 6,3% en las últimas generales, las del 26J del año pasado. Antes de la modificación llegó a votar el 31,7% de los emigrados en 2008, según datos del Ministerio del Interior.
Los bajos porcentajes y las demandas de los colectivos han hecho que tanto el PP, como el PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos muestren su disposición a buscar mecanismos para acabar con las trabas que dificultan la participación exterior. De hecho, hace diez días que todos los grupos dieron su apoyo a la reforma del voto rogado en el Senado mediante una moción presentada por Unidos Podemos.
Desde Marea Granate aseguran que “es tan evidente” que “es difícil de ocultar que hace falta una reforma” y sostienen que a ello ha contribuido “el altavoz en la denuncia” de la ola migratoria provocada por la crisis económica, que “según ha tenido que abandonar el país se ha dado de bruces con la complicación del proceso y el recorte de derechos”, analiza Almena.
Las cuatro formaciones se muestran dispuestas a negociar, ya que la subcomisión debe todavía dar sus primeros pasos, fijar las posibles comparecencias de expertos y consensuar los temas concretos sobre los que se trabajará. Por ello, desde el PSOE aseguran tener “prudencia a la hora de mostrar posiciones” y fuentes del PP apuestan por “ver en qué ha fallado el sistema y mejorar lo que no ha funcionado” sin ofrecer ninguna propuesta concreta.
El único problema no es rogar el voto
Ciudadanos califica de “necesaria” la reforma y apunta, entre otras cosas, a la posibilidad de “explorar el voto electrónico”. Una medida a la que se opone Marea Granate, que exige un mayor acercamiento de los partidos políticos al colectivo para hacerles llegar sus propuestas, al identificar en el sistema electrónico posibles inconvenientes “en cuanto a inseguridad, violación de principios como el secreto del voto o la dificultad de que los ciudadanos controlen los recuentos o se haga una auditoría pública”.
Marea Granate califica la propuesta de voto electrónico de “falso remedio” e identifica una ristra de problemas a las que, en su opinión, debe hacer frente la subcomisión porque el ruego de voto –es decir, que los emigrados deban solicitarlo previamente– “no es el único problema”. Los plazos ajustados, por ejemplo, han provocado que a muchos residentes en el exterior no les lleguen las papeletas a tiempo a pesar de haber rogado el voto.
Por ello desde Unidos Podemos sostienen que “no es suficiente con eliminar el voto rogado” y apuesta por ampliar los plazos, mejorar la inscripción en el censo para detectar los fallecimientos o los cambios de domicilio o “dotar económicamente y con recursos humanos a los consulados”. Además, los emigrados deben, en muchas ocasiones, recorrer una gran distancia y afrontar un gasto económico para inscribirse en los consulados.
Los “problemas en el registro consular” fue la segunda causa más nombrada por los entrevistados que no llegaron a votar el 20D recogida en el informe de Marea Granate Mínima participación histórica. Más irregularidades que nunca. El colectivo, además de exigir que el proceso sea transparente y con información suficiente –el 15,2% nombró el “desconocimiento del proceso” como motivo–, pide la creación de un sistema mixto de voto, que permita hacerlo en el Consulado en persona y por correo y la creación de una circunscripción exterior.
Unidos Podemos hace referencia también a las trabas económicas que acarrea el sistema para muchos votantes. Los residentes temporales –inscritos en el censo ERTA– deben pagar por votar al enviar el voto por correo certificado a España y los permanentes –inscritos en el CERA– lo harán si residen en países con los que el Ministerio de Exteriores no tiene convenio. Se supone que el dinero empleado les debe ser devuelto, pero muchos emigrados denuncian que nunca lo reciben.
