El Constitucional tumba el nuevo trasvase Tajo-Segura diseñado por el Gobierno

El Gobierno se queda, al menos parcialmente, sin su nuevo trasvase Tajo-Segura por ningunear a la parte más pequeña del río donante: Aragón. El Tribunal Constitucional ha anulado varias disposiciones de la Ley de Impacto Ambiental referidas al trasvase que el Ejecutivo ha intentado blindar.

El Gobierno central aprobó esta normativa (y el Memorándum del Tajo) en diciembre de 2013 tras lograr un acuerdo con las comunidades autónomas de Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Vendido en su día como “un acuerdo de máximo consenso”, se dejó fuera a Aragón, por cuyo territorio discurre una mínima parte de la cuenca del Tajo. El máximo tribunal acaba de dar la razón a las Cortes aragonesas ya que se tendría que haber tenido en cuenta a esta Comunidad en la tramitación de la Ley, además de por no ser “admisible (...) una suerte de gestión fragmentada de las aguas pertenecientes a una misma cuenca hidrográfica”. Es una alegría que comparten diversos colectivos ciudadanos. “Aragón ha ganado una nueva batalla contra los trasvases”, ha expresado el Partido Aragonesista.

La historia, así como el entramado jurídico que la acompaña, es compleja. Pero el resultado es muy gráfico: el Gobierno se está quedando solo en su actual gestión hídrica. Sobre todo en el caso del río Tajo, donde además del Plan Hidrológico de la cuenca se crearon leyes paralelas para blindar el aporte de agua al Segura, según argumentan los colectivos de defensa del río más largo de la Península. El Memorándum fue firmado “en secreto y con total opacidad”, mientras se estaba sometiendo a información pública el Plan Hidrológico del río Tajo, al que se presentaron más de 12.000 alegaciones, todas ellas rechazadas.

El asunto del Tajo ha traspasado fronteras y a finales de enero fue tema de debate en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. “El Gobierno hace un plan y a los meses hace una modificación y crea un Real Decreto específico para gestionar el trasvase. A Europa traen una cosa y en España cocinan otra”, apuntó ante los europarlamentarios Miguel Ángel Sánchez, uno de los portavoces de la Plataforma en defensa del Tajo y el Alberche. Por ahora, la Comisión Europea ya ha mostrado evidencias de que los planes hidrológicos no cumplen con la normativa europea Directiva Marco de Aguas (DMA), pero habrá que esperar a marzo para conocer su evaluación final y postura oficial.

Los colectivos en defensa de los ríos esperan que las disposiciones de Bruselas marquen el inicio de un cambio de rumbo, ya que están convencidos de que ninguno de los planes de las cuencas se ajusta a las directivas europeas. Aunque como explicó el experto Pedro Arrojo a este diario, “los planes hidrológicos, en rigor, están fuera de la ley. Lo que ocurre con la legislación europea es que tardamos diez años en hacerla efectiva. Así acabará habiendo impugnaciones legales que son exitosas pero tardan una década en sentar jurisprudencia”.

'Ley trasvasista'

Ante la incertidumbre europea, la sentencia del Tribunal Constitucional ha dado un balón de oxígeno a las voces críticas. De momento, el Partido Aragonés, quien tomó la iniciativa en las Cortes de Aragón contra lo que llaman “ley trasvasista”, se muestra orgulloso. Y desde la Plataforma en Defensa del Tajo también hacen una lectura positiva, pues el TC ha declarado nulos cinco de los siete puntos recurridos. Entre ellos, la disposición final tercera, que declaraba “excedentaria” toda el agua por encima de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de Entrepeñas y Buendía, situados en la cabecera del Tajo.

Esta disposición ya fue duramente criticada por varios colectivos, entre ellos, Ecologistas en Acción. Su responsable de agua, Santiago Martín Barajas, habló de “barbaridad” en el Consejo Nacional del Agua, sosteniendo que, si se fija por ley una cantidad trasvasable, habría que indemnizar a los regantes en caso de que no se cumpla.

También ha sido aplaudida la parte de la sentencia del Tribunal relativa a la conocida como “cláusula Narbona”, en referencia a la que fuera ministra socialista de Medio Ambiente. Eliminada en tiempos de Miguel Arias Cañete en el Ministerio, esta disposición exigía que los regadíos sustituyeran paulatinamente el agua que usaban del trasvase por la de otros recursos, como por ejemplo las desaladoras, ya construidas. Ahora, según apunta la Plataforma, “las desaladoras vuelven a estar obligadas por ley a sustituir el trasvase Tajo-Segura”. La propia Narbona ha mostrado su alegría en las redes sociales.

“Esta sentencia incide en que no es posible hacer una política nacional de aguas sin atender a los requerimientos de las cuencas hidrográficas que sufren trasvases, sin consultar a las comunidades autónomas que resultan afectadas por las demarcaciones hidrográficas trasvasadas, en este caso la del Tajo”, añaden desde la Plataforma.

Sin cambios en la estrategia hidrológica

El ministerio hace una lectura muy distinta y vende la resolución como un éxito: “El Tribunal aprecia un defecto de procedimiento en la tramitación parlamentaria y da un plazo de un año para subsanarlo, lo que se llevará a cabo con la máxima agilidad y las mayores garantías”, afirman en un comunicado. De hecho, subraya que el TC considera “fuera de toda duda” la trascendencia“ del trasvase. Y es que, no hay que olvidar que el trasvase es parte del éxito de los regadíos de Levante y de la industria del turismo en esta zona.

El portavoz de la Plataforma Miguel Ángel Sánchez reconoce que su victoria es parcial, pues el Tribunal no pone en duda la disposición que autoriza los contratos de cesión de aguas entre diferentes cuencas hidrográficas, el conocido como “mercadeo de agua” que puede afectar a otros ríos como el Ebro. De hecho, Sánchez reconoce que la posibilidad de vender derechos de agua entre cuencas fue lo que llevó a las Cortes aragonesas a recurrir la ley.

Según los colectivos en defensa del río Ebro consultados por este medio, ahora se podrá llevar agua del Ebro a otras cuencas sin hablar necesariamente de trasvase; simplemente a través de pequeñas infraestructuras y tuberías. En este sentido, el vicepresidente y portavoz en las Cortes de Aragón del Partido Aragonés, Alfredo Boné, ha reiterado al conocer la sentencia “la oposición frontal a cualquier trasvase del Ebro” y “la obligación de los aragoneses de actuar con total contundencia para cerrar cualquier rendija que suponga un paso hacia un futuro trasvase”.

Sea una victoria parcial o meramente un defecto de procedimiento en la tramitación parlamentaria, los hechos recientes muestran que el ministerio, ahora en manos de Isabel García Tejerina, se está quedando sólo en la defensa de su gestión del río Tajo. De hecho, hace unas semanas fue la Defensora del Pueblo quien dio la razón a los colectivos ciudadanos apuntando “la posible inconstitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental”. Nuria Hernández-Mora, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, resalta lo que entiende como “una victoria moral muy importante”. Están ahora a la espera de dos recursos interpuestos por la Plataforma y por el Ayuntamiento de Toledo ante el Tribunal Supremo contra la totalidad del Plan Hidrológico del Tajo, a lo que habría que añadir las buenas sensaciones que llegan desde Bruselas.

“Queda claro que el Partido Popular ha creado todo un entramado jurídico que parece consistente pero que se cae por su propio peso”, afirma Migue Ángel Sánchez, que cree que el Gobierno seguirá hacia adelante, “para tapar un fracaso de cuatro años”, y que el tema “reventará” en la próxima legislatura.

Aportes en pleno invierno

Los colectivos en defensa del Tajo llevan años luchando contra el trasvase hacia el Segura porque consideran que deja al río muerto en su tramo medio, a su paso por ciudades como Aranjuez, Toledo o Talavera de la Reina, y sin capacidad para afrontar las aguas, en muchos casos contaminadas, que llegan de Madrid. “A un río que tiene esta gran singularidad [recibir las aguas de la capital] lo que no puedes hacerle es coger de su cabecera gran parte de su caudal limpio”, explica la abogada María Soledad Gallego.

Hace unos días el Ministerio daba el visto bueno a un nuevo trasvase que ha provocado decenas de quejas: “No hay nada que justifique, en enero, en pleno invierno, que se tenga que enviar más agua a Murcia, y menos con la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que tienen un 20% de agua embalsada, mientras en Murcia los pantanos están al 67%”, ha defendido el PSOE de Castilla La Mancha.

En septiembre de 2014, el presidente del Sindicato Central de Regantes, José Manuel Claver, reconoció al periódico La Verdad de Murcia que les había llegado de la cabecera del Tajo más agua que nunca: “No estamos muy lejos de esa burbuja agrícola de la que se habla. Según el lenguaje de algunos, se dice que se ha plantado hasta en las terrazas. En términos globales se ha demandado entre un 15 y un 20% más de agua, y eso es muchísimo”, reconoce en una entrevista en la que el periodista escribe que “con las nuevas reglas del juego recién aprobadas por el Gobierno central, el Trasvase Tajo-Segura inaugura otro ciclo, esta vez con el futuro garantizado y blindado por ley”. De momento, el Tribunal Constitucional ha puesto en duda su legalidad.