Las medidas contra el coronavirus dejan al descubierto la fragilidad de los hogares más vulnerables

En el colegio de Getafe donde da clases Sandra, una maestra de Primaria, un porcentaje altísimo de familias están en riesgo de exclusión social. Para ellas, seguir lecciones online o utilizar el correo electrónico para enviar deberes y recibir correcciones, como ha propuesto la Consejería de Educación de Madrid para paliar la falta de clases presenciales, es un imposible. Algunas no tienen internet y hay padres y madres que no saben leer en castellano, cuenta. “Lo que plantea Educación no va a ser posible con nuestros chicos y chicas. Si las familias no leen las circulares, cómo van a hacer esto”, expresa esta docente.

Su testimonio pone sobre la mesa cómo las medidas excepcionales que están tomando los gobiernos para contener el coronavirus impactan con especial crudeza en las familias más pobres. El Gobierno de España ha aprobado este jueves una dotación extraordinaria dirigida a “reforzar los servicios sociales” para reducir estos agravios de las familias más vulnerables. Se trata de una partida extra de 25 millones de euros para que las familias que ya tuvieran concedidas las becas comedor las puedan hacer efectivas con los centros educativos cerrados. El presidente, Pedro Sánchez, ha insistido en la necesidad de asegurar “el derecho básico a la alimentación” de los menores afectados por la suspensión de la actividad lectiva. 

Organizaciones como Save the Children, Ayuda en Acción o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) llevan días alertando de lo especialmente complicado que puede ser para algunas el cierre de los colegios en las zonas de riesgo y exigen a las Administraciones Públicas que lo tengan en cuenta a la hora de diseñar los planes de actuación y presten especial atención a estos hogares.

Las dificultades de conciliación para familias monoparentales o trabajadores precarios sin opción de teletrabajo, los obstáculos de algunos hogares para mantener la actividad lectiva online o la supresión de las comidas en los comedores escolares (para algunos niños y niñas la única completa que hacen al día) están en el centro de las demandas. El objetivo es que no se produzca “una emergencia dentro de la emergencia” sanitaria y no se incrementen “la marginalidad” de algunos sectores de población y “las desigualdades” entre niños y niñas, explica Catalina Perazza, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children. En este sentido, las ONG aplauden la medida anunciada por el Gobierno para facilitar el cuidado y reclaman que se prioricen las necesidades de familias vulnerables.

En España, una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza y exclusión y, en el caso de la población infantil alcanza casi al 30% de los menores. “A nosotros muchos coles nos están diciendo que están viendo cómo hacer, pero hay incertidumbre…”, reflexiona Marta Marqueda, responsable del programa 'Aquí también' en la Comunidad de Madrid de Ayuda En Acción. La ONG trabaja directamente con los centros educativos para, entre otras cosas, ofrecer alimentación equilibrada (desayunos, comidas y meriendas) al alumnado más vulnerable. “Es algo que en muchas familias no está asegurado y, claro, ahora el cole cierra y a ver cómo hacen frente a este gasto extra…”, explica.

Un laberinto que no es inmediato

Solo en Madrid hay 93.000 niños y niñas con beca de comedor del total de 1,2 millones que están escolarizados. Es casi un 8%. Ninguna familia está exenta de pago pero una parte de ellas (las que perciben la renta mínima de inserción o ganan menos de 3.000 euros al año) abona solo 24 euros al mes, frente a la tarifa estándar de 96. La Comunidad de Madrid no ha previsto, de momento, un plan de contingencia autonómico para garantizar que estos alumnos comen adecuadamente y remiten a los ayuntamientos para que sean los servicios sociales los que se encarguen, más allá del nacional aprobado este jueves. En la región el 23,9% de los menores de 18 años está en riesgo de pobreza, tomando como referencia el indicador europeo AROPE.

Un portavoz de la Consejería de Educación madrileña explica que el protocolo es largo: la familia debe avisar a su centro, después este notifica a la Dirección de Área Territorial la situación y finalmente se traslada a la administración municipal para que se valore con servicios sociales. El gran número de pasos choca con la necesidad inmediata de estos menores de comer.

En Euskadi, donde la tasa de menores en riesgo de exclusión llega al 13%, tampoco hay medidas impulsadas por el Gobierno vasco (PNV-PSE) para evitar que se agrave la desigualdad con el cese de los comedores. Aquí también es el Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el PNV, quien ha dado pasos para garantizar que estos niños y niñas hacen una comida equilibrada al día. Ha firmado un acuerdo con Cruz Roja para evaluar a personas en esta situación, pero las familias lo tienen que solicitar expresamente y no está publicitado.

El 30,6% de los menores de La Rioja, otra de las regiones parcialmente afectadas por el cierre, está en riesgo, tomando como referencia el indicador europeo AROPE. El Gobierno riojano, del PSOE, está facilitando, en colaboración con el Banco de Alimentos y la Cruz Roja, alimentos y productos de primera necesidad a las familias que, “por incidencia del COVID-19”, “no puedan abandonar sus domicilios”, pero nada especifica de las familias en situación de vulnerabilidad.

Aunque el porcentaje de hogares con hijos en los que no hay internet es escaso –un 97% lo tienen, según el INE– las ONG apuntan a la necesidad de tener en cuenta a aquellos que no cuentan con el servicio y que no van a poder seguir las tareas escolares online que se barajan en algunas comunidades autónomas. Por otro lado, existen muchas familias para las que es muy complicado prestar ese apoyo a los niños y niñas en casa, ya sea por cuestión del idioma o por falta de conocimientos.

“Muchas familias con las que nosotros trabajamos no disponen de conexión a internet o una conexión lo suficientemente buena como para hacer esto. Y no son la mayoría, pero otras no dominan el idioma porque son migrantes y tienen más dificultades para apoyar a sus hijos”, explica Marqueda. Por eso, desde Save the Children consideran que la continuidad lectiva es una buena opción, pero apuestan por “soluciones adaptadas a las familias”, por ejemplo, a través de unidades o servicios de atención domiciliaria. El objetivo es que la desconexión de los niños y niñas de la rutina, sumado a la brecha digital, no acabe por reproducir “pobreza educativa”, en palabras de Perazza.

La crisis de los cuidados

Entre los perfiles de hogar que están expuestos a una mayor vulnerabilidad, las ONG destacan los integrados por los llamados “trabajadores pobres” y también las familias monoparentales, encabezadas mayoritariamente por mujeres. Estas últimas afrontan tasas de riesgo de pobreza que doblan a las de las familias integradas por dos progenitores. Las personas que tienen trabajos precarios, en las que mayores dificultades hay para la flexibilidad laboral o el teletrabajo, y las madres solas “constituyen los hogares más débiles y, si no tienen apoyos o redes, van a sufrir en mayor medida el impacto de esto”, señala Graciela Malgesini, responsable de incidencia política de EAPN.

A Maricruz la sensación de “alerta” le ha durado toda la mañana. Trabaja en un hospital público de Madrid media jornada, pero tiene tres hijos de 8, 11 y 13 años a los que en este primer día sin clases ha tenido que dejar solos hasta las 12.00. A esa hora ha podido contratar a una canguro un par de horas. “Lo puedo hacer tres días, pero el resto no, no me lo puedo permitir”, explica. Por eso, la beca con la que los tres menores comen en el centro escolar es también “fundamental” para Maricruz. El dinero que entra en casa a veces se hace insuficiente para sostener un hogar de cuatro personas. Mucho más para afrontar gastos extra como los que implica una cuidadora profesional.

“Hay muchas personas que no pueden pagar para que otras cuiden a sus hijos e hijas y otra historia es qué pasa con las propias trabajadoras domésticas que también tienen menores a cargo”, opina Malgesini, que pone el foco en cómo el coronavirus ha destapado la crisis de los cuidados cotidiana que especialmente es paliada a costa de las mujeres. Ante ello, aplaude la decisión del Gobierno de aprobar una prestación para las personas que no pueden teletrabajar y tienen que cuidar, y a falta de más detalles, confía en que el paquete de medidas sea “integral”. La decisión, anunciada esta semana, no ha pasado este jueves por el Consejo de Ministros extraordinario y tendrá que esperar. 

Mientras tanto, son varias las iniciativas espontáneas, individuales y colectivas, que han surgido para cuidar a los hijos o personas dependientes de terceros. Desde asociaciones de madres y padres de algunos colegios a estudiantes y vecinas que dejan mensajes en las escaleras. Maricruz ya se ha organizado con una de estas iniciativas para que sus hijos estén cuidados la próxima semana porque el Bloque Bollero, un grupo de mujeres lesbianas, bisexuales y trans de Madrid al que pertenece Maricruz, ha puesto en marcha una red de cuidados.