Más molinos y paneles solares, incluso a costa de la naturaleza. Agobiada por la guerra en Ucrania y “el uso del suministro de gas como arma”, Europa quiere desengancharse de los combustibles fósiles rusos lo más rápido posible. Así que la Unión Europea debilitará las normas de protección ambiental para acelerar las renovables, según un reglamento de urgencia.
El plan –de 18 meses– no entrará en vigor hasta que se apruebe un tope europeo al precio del gas que se aborda este martes. La norma presupondrá directamente que los proyectos “de energía a partir de fuentes renovables” son de interés público superior. Y eso los liberará de trámites de evaluación ambiental con la idea de acelerar su implantación.
Porque ese carácter de interés superior les permite convertirse en excepciones a las leyes europeas que prohíben de manera general deteriorar las especies, los hábitats y las aguas. Esas leyes indican que para admitir excepciones hay que justificar, precisamente, que determinada actividad es de interés superior.
Así, un campo de molinos de viento podría erigirse en una zona con riesgo de colisiones de aves si pone “medidas mitigadoras adecuadas”. Y las posibles colisiones de aves que produjeran ya no vulnerarían la directiva europea.
De manera similar, unas instalaciones con riesgo de afectar un hábitat podría sortear las salvaguardas previas que otorga el proceso normal de evaluación al tener el sello de interés o construirse unas instalaciones que deterioren el estado de las aguas si se aduce que el beneficio de ese interés público superior compensa el daño y no puede obtenerse de otra manera razonable.
“Hay incontables proyectos que están esperando a ser aprobados”, ha justificado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. “Podemos desbloquear un montón de ellos en 12 meses como para sustituir 14.000 millones de metros cúbicos de gas el año que viene”.
Inseguridad jurídica
Pero estas prisas hacen que, para aliviar de salvaguardias verdes al despliegue de centrales eléctricas, de conexiones a la red o de almacenamiento, con un simple reglamento se modifiquen a la baja las leyes europeas de protección de hábitats, de aves y de aguas que se aprobaron en el Parlamento.
Este cóctel ha generado malestar en las organizaciones ambientalistas y en el Ministerio de Transición Ecológica. “Introduce una gran incertidumbre jurídica respecto a por qué las energías renovables presentan un interés general superior a la protección ambiental”, ha dicho la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera.
“La verdad es que estamos bastante preocupados porque supondría un peligroso antecedente: ahora son las renovables, pero ¿por qué no se justificaría para, por ejemplo, la minería en un futuro?”, afirma el coordinador de gobernanza de SEO-Birdlife, Juan Carlos Atienza.
La alarma también ha cundido en la confederación ambientalista European Environment Bureau (EEB): “Restringe las evaluaciones ambientales que brindan salvaguardias sociales y de naturaleza fundamentales y propone medidas que modifican de facto la regulación ambiental fundamental de la UE”.
Atienza añade que “aparte de implicar pasos atrás en la protección de la naturaleza, es ilegal modificar directivas de esta manera y va a generar una gran inseguridad jurídica y, por lo tanto, inseguridad para los inversores en renovables”.
La cuestión es que cambiar las exigencias legales ambientales trazadas en una ley europea mediante un reglamento urgente puede derivar en que los proyectos levantados al amparo de estos cambios terminen con una sentencia en contra. “Y eso es lo último que quieren las empresas por lo que les disuade”, cree Atienza.
Científicos en contra
Teresa Ribera también ha expresado públicamente esta preocupación: “Creemos que es un reglamento confuso y desequilibrado que puede llevar a una gran litigiosidad tanto por parte de los promotores de renovables como de los defensores ambientales”.
En este sentido, Cosimo Tansini, encargado de políticas de energía renovable de EEB, explica que “la racionalización y simplificación de los procedimientos son muy necesarias, pero las medidas de urgencia no pueden consistir, simplemente, en eludir la legislación ambiental. Y más si se tiene en cuenta el riesgo de desafíos legales y malestar social que probablemente dispararán”.
También en contra de este reglamento se han posicionado más de 450 “profesionales del desarrollo científico” que han firmado una carta conjunta que pide que “no se reduzcan los controles de protección de la biodiversidad ni siquiera para acelerar el despliegue de energías renovables”.
Según su criterio, “la ciencia ha demostrado que, incluso con las medidas de protección existentes, no se ha logrado detener el deterioro en términos de destrucción masiva de biodiversidad”, por lo que se impone una aplicación, no más laxa, sino “más estricta”. Y rematan afirmando que es posible la implantación de las renovables “sin poner en peligro la biodiversidad”.