Los datos desmienten otro bulo sobre violencia machista: solo el 0,07% de los proyectos del Pacto de Estado no cumplen con su objetivo

Una controvertida campaña del Ayuntamiento de Almería, gobernado por el PP, que relacionaba sexo, menores y consentimiento hizo saltar las alarmas: el proyecto contenía el logo del Ministerio de Igualdad porque estaba sufragada por los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Igualdad exigió la eliminación del logo y penalizó al consistorio con la retirada de esos fondos. Es el procedimiento habitual, pero eso sí, muy extraordinario: solo el 0,07% de los 15.000 proyectos que los ayuntamientos han llevado a cabo en el último periodo han sido finalmente 'repudiados' por Igualdad, según datos del ministerio.

“Son muy muy pocos casos, es algo testimonial”, subraya la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, que destaca la labor de ayuntamientos y comunidades para trazar “actividades de cercanía”, formación, sensibilización o refuerzo de sus propios recursos de atención con los fondos del Pacto. “Las administraciones ya tienen que tener sus propios presupuestos pero este fondo sirve para complementar”, agrega Martínez Perza. Ayuntamientos y comunidades pueden también contratar a personal o utilizar ese dinero para pagar, por ejemplo, el desplazamiento de las mujeres que sufran violencia a los juzgados, cuando estos no estén en su municipio.

Frente a la idea que con frecuencia lanza la extrema derecha, que habla de 'chiringuitos'' y critica que esa partida presupuestaria no sea eficaz, los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género muestran que de los 7.880 ayuntamientos que participan en la distribución de los fondos del Pacto en lo que va de año, solo se han detectado 12 proyectos no financiables. Esto representaría un 0,15% del total de consistorios que reciben parte de este presupuesto. Si se toman como referencia los 15.000 proyectos que se han puesto en marcha, entonces solo en el 0,07% de los casos el ministerio ha requerido la devolución de los fondos. Igualdad está estudiando otros 22 proyectos de 17 ayuntamientos que podrían no cumplir los requisitos.

¿Cómo funciona el proceso? El reparto de los fondos se determina con las comunidades en las conferencias sectoriales y en un real decreto, según varios criterios, para los ayuntamientos. A partir de ahí, Igualdad transfiere el dinero. Los fondos son finalistas y deben cumplir con alguno de los objetivos establecidos en el Pacto: mantener y mejorar la red de recursos, servicios y prestaciones, hacer acciones de prevención y sensibilización, campañas, formar a profesionales o poner en marcha nuevos proyectos que atiendan a las necesidades de las mujeres que sufran violencia machista.

“Cuando tenemos conocimiento de un mal uso intervenimos, retiramos el dinero y pedimos la retirada del logo”, explica la Delagada del Gobierno. Ese conocimiento puede ser antes o durante la actividad -si algún particular, grupo parlamentario o asociación lo denuncia- o bien cuando esta ha concluido. Todas las administraciones deben enviar a la Delegación las justificaciones de cada proyecto y es ahí cuando el organismo de Igualdad puede detectar irregularidades. En todos los casos, se requiere más información al ayuntamiento o comunidad para determinar si el proyecto cumplía o no con los objetivos. Si eso sucede, el Ministerio retira la cantidad correspondiente del reparto que le correspondería el siguiente periodo y exige la retirada del logo.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Federación de Municipios y Provincias, acaba de enviar una carta a todas las comunidades y ayuntamientos para subrayar qué tipo de actividades pueden ser financiadas con los fondos del Pacto de Estado y recordar que en caso de detectar un mal uso “se solicitará, de forma inmediata, el reintegro de los mismos”.

Carmen Martínez Perza destaca que ayuntamientos y comunidades son responsables del “buen uso” de los fondos através de su personal técnico y de intervención y que al ser una transferencia entre administraciones y no una subvención a entidades privadas debería primar la “lealtad insitucional” y el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Pacto.