Precarios que cuidan a precarios

Fani Bascones se siente “afortunada” porque, aunque llega justa a final de mes, con los poco más de 800 euros que cobra, tiene trabajo fijo. Hasta el momento, no se ha visto afectada por los recortes del ayuntamiento para el que trabaja, el de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Le resulta duro ver cómo varias de sus compañeras en los servicios de atención a domicilio municipales ya han sufrido el mazazo de ver reducida su jornada laboral, y con ella, su sueldo. Muchas apenas llegan a los 500 euros mensuales. “O firman voluntariamente ese recorte, o las despiden”, explica María Jesús Sereno, coordinadora de atención domiciliaria de CC OO en Cataluña. En otras autonomías, se ha despedido directamente a las profesionales de la atención a domicilio.

El deterioro de las condiciones de vida de los españoles ha dado en la diana en el sector de los servicios sociales, que desde que empezaron a generalizarse los recortes, en 2011, ha registrado 56.700 despidos, un 12% del total. “En los tres primeros años de la crisis, de 2008 a 2011, el sector siguió creciendo. Era un nicho de empleo que destruyó cuando el Gobierno recortó los presupuestos destinados a servicios sociales, aplicó la moratoria en la aplicación de la Ley de Dependencia y recortó sus derechos”, denuncia la autora del estudio, responsable de Intervención Social de CCOO, Rosana Costa. Estos datos muestran como la precariedad ya no discrimina entre quienes necesitan las ayudas sociales y los profesionales que las aplican.

Fani lleva atendiendo a quienes más lo necesitan desde hace 14 años, los mismos que lleva viuda. Ahora, con 59, denuncia que la situación ha cambiado “como del cielo a la tierra”, lamenta. Y pone como ejemplo a una pareja de octogenarios a la que atiende. “Tenían una cantidad de horas a domicilio asignada por los servicios sociales mediante la Ley de Dependencia. Pero como la ley se ha endurecido y se ha aumentado el copago, han preferido quitarse horas de asistencia para seguir teniendo el poco dinero del que disponen, ya que además están ayudando a sus hijos y a sus nietos”. Como consecuencia, es el marido, “de ochenta y pico años”, quien está asumiendo labores del día a día que apenas puede realizar. No es una situación anecdótica. Al contrario, es cada día más común, denuncia Fani.

Mas lesiones y accidentes laborales

También es cada vez más habitual que las trabajadoras de atención a domicilio, explica Fani, se encuentren con que las altas hospitalarias se dan cada vez con más premura. Eso les afecta, ya que como el enfermo regresa a casa con mucha más dependencia, el aseo y cuidado se les hace cuesta arriba. “En los domicilios no tenemos grúas para levantarles, por ejemplo, y sufrimos más lesiones y accidentes laborales”, denuncia. En el peor de los casos, el error queda patente cuando se vuelve a ingresar al enfermo a los pocos días de haberle dado el alta, insiste Fani.

A la precariedad de las trabajadoras de atención a domicilio –el 99% son mujeres y muchas de ellas están solas– se suma la carga de convivir a diario con los problemas de las familias a las que atienden. Desde hace cinco años, Fani trabaja con personas mayores. Vela porque estén aseadas, coman a sus horas o tomen la medicación que necesitan. En toda su trayectoria, ha atendido a prácticamente a todos los grupos de personas y situaciones a las que se les concede la ayuda de atención a domicilio. Es el caso de las familias con niños donde los padres tienen algún tipo de enfermedad mental, donde las profesionales, por ejemplo, levantan y asean a los niños para que vayan al colegio. También trabajan con mujeres maltratadas, acompañándolas, apoyándolas. “He llegado a acompañarlas a juicios y tener que ir las dos escoltadas”, relata Fani.

También recuerda las veces que ha llevado a una víctima de violencia machista a una casa de acogida evitando que se entere su entorno. O la atención a las familias con personas con enfermedades mentales asociadas al consumo de drogas. “Cuando dejan la medicación y entran en crisis, la vida de sus familiares y la nuestra peligra”, asegura.

Despido masivo en Cádiz

Como en la atención a domicilio, el resto de servicios y ayudas comprendidas en los servicios sociales (incluída la Ley de Dependencia), han sufrido serios recortes en los últimos años. María es una de las 18 trabajadoras sociales a las que el Ayuntamiento de Cádiz acaba de despedir. En realidad no se llama María, pero prefiere mantenerse en el anonimato para mostrar la unidad de las 18 profesionales que han pasado a engrosar las listas del paro. “Como esto siga así, somos futuros usuarios”, lamenta. Insiste en que su aseveración no es ninguna exageración. En los últimos años, justifica, ella misma ha visto cómo se ha disparado la demanda de ayuda en los servicios sociales de familias de clase media, que nunca antes habían necesitado ayuda. “Son familias que en época de crecimiento contrataron hipotecas por 800 o 900 euros y ahora, al quedar en paro los dos miembros de la pareja, agotadas todas las vías, viven de los 400 euros del subsidio y dependen de las pensiones de sus padres, abuelos y de los servicios sociales”, relata.

“Mi despido no es un ahorro, es un gasto”, insiste. Salpica a más personas: la chica que la ayudaba a cuidar a su hijo, de cuatro años, va a dejar de hacerlo. También tendrá menos ingresos la ludoteca donde llevaba al niño y reducirá al máximo sus gastos para poder pagar la hipoteca. A todo ello hay que sumar la situación de las familias a las que atendían María y sus compañeras: ayudas económicas familiares, ayudas por la Ley de Dependencia, visita a las familias, atención a menores, seguimiento del funcionamiento de la ayuda a domicilio... “¿Cómo van a poder cubrir toda la carga de trabajo que antes asumíamos 22 personas, las cuatro que se han quedado?”, plantea. “Las personas a las que atendemos son muy vulnerables, tienen escasa formación y recursos. Si desaparece la atención social, las dejamos en el limbo”, lamenta.

Los servicios sociales municipales son la puerta de entrada a todos los recursos, autonómicos y estatales, de la red pública. Se financian mediante el llamado Plan Concertado, un acuerdo a tres bandas entre ayuntamientos, autonomías y el Estado, que ya ha anunciado su intención de dejar de poner dinero. Los despidos de Cádiz son la avanzadilla a la entrada en vigor de la reforma de la Administración Local en el ámbito social, el 1 de enero de 2016. Sindicatos, colegios profesionales, asociaciones del sector y partidos de la oposición llevan meses denunciando que la nueva ley acabará con los servicios sociales municipales. Según advierten, aumentará la precariedad de sus profesionales y sus usuarios.