La PAH de Vallecas ocupa tres edificios en Madrid para reclamar alquileres sociales
“Estamos haciendo el trabajo del Gobierno”. Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han hecho pública la ocupación de 29 viviendas vacías en tres edificios del distrito Puente de Vallecas, “ante la falta de política social del Gobierno”, ha criticado una portavoz. La plataforma pretende negociar alquileres sociales con las entidades propietarias de los inmuebles (Banco Sabadell, Bankia y la Sareb), de las que sólo ha abierto un proceso de diálogo Banco Sabadell.
Alrededor de 40 personas, entre las que se encuentran menores y personas en situación de dependencia, instalaron sus pertenecias en dos inmuebles propiedad de Bankia (calle Callejo, 13) y Banco Sabadell (Argente, 8) el pasado domingo, con el apoyo de activistas de la PAH y de las asambleas de vivienda del 15M. Los “realojados” son personas que habían sido desahuciadas de sus hogares por no poder hacer frente a sus hipotecas o alquileres.
“Nuestro objetivo es presionar para conseguir alquileres que permitan acceder a una vivienda digna a estas familias”, han anunciado varios miembros de la PAH en una rueda de prensa frente a la sede de la Sareb, la entidad creada por el Gobierno para dar salida a activos tóxicos de la banca española. Allí les esperaban siete policías nacionales, que han procedido a su identificación “por si luego era necesario”, según lo que han comunicado a los pocos congregados.
Los vecinos de este barrio madrileño seguían la estela de las familias que ocuparon otro bloque de Puente de Vallecas, en la calle Sierra de Llerena, hace dos años. Ana María y su hijo de cinco años forman una de ellas. Tras perder su empleo y no poder pagar el alquiler, ocupó por su cuenta una vivienda. “Pasan los días y ves la casa vacía. Al final, me metí con mi hijo”. Tras seis meses, tuvo que desalojar ese piso y solicitó ayuda a la PAH de Vallecas.
Ahora, junto a otras 13 familias, Ana María vive en el bloque de Sierra Llerena y se enfrenta a una denuncia por parte de la Sareb, que ha acudido a la justicia “porque la ocupación es un delito”, cuentan fuentes del denominado “banco malo”. “Cuando ocupé la casa, sentía como si estuviese robando a alguien, porque es como te tratan las autoridades. Como si fueses una delincuente”, relata Ana María.
Los activistas recuerdan que han instalado familias en “viviendas vacías propiedad de bancos que habían sido rescatados por dinero público”. Recientemente, el Tribunal de Cuentas calculaba que el rescate financiero en España ronda los 108.000 millones de euros, de los que unos 60.000 millones han sido aportaciones directas al capital de la banca, según afirmó el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre.
Además de los tres inmuebles en Vallecas, un inmueble del barrio de Carabanchel y otro de Malasaña también han sido ocupados por familias desahuciadas.
Los bancos remiten a las Comunidades Autónomas
Mientras la Sareb ha acudido a la vía judicial, Banco Sabadell ha abierto un proceso de diálogo con la PAH, pero aún no se pronuncia sobre las medidas que tomarán. “Es un caso excepcional porque no se trata de clientes del Sabadell. En el banco no hemos desahuciado a nadie y no podemos decir aún cómo afrontaremos estos casos”, cuentan fuentes de la entidad bancaria.
No obstante, desde Banco Sabadell y la Sareb consideran que “no es un problema de los bancos sino de los servicios sociales de la Administración”.
Fuentes de la Sareb afirman que han denunciado los hechos porque la vía a la que han optado las familias no es la adecuada. “La ocupación es un delito. Para acceder a programas de vivienda social se debe tramitar a través de las Comunidades Autónomas, que tienen unas listas y procedimientos concretos. La Sareb lanzó en octubre un anuncio de 2.000 viviendas con 'alquiler asequible' que está negociando con las Comunidades Autónomas”, exponen. De momento, ningún alquiler social está disponible. La entidad espera que empiecen a cerrar los tratos con los Gobiernos autonómicos en el segundo semestre del año.
Los vecinos de la PAH critican la poca disposición a negociar de las entidades bancarias. Bankia, por su parte, aún no se ha pronunciado sobre las medidas que tomará. “La presión social nos da tiempo. En el caso de la paralización de un desahucio, por ejemplo, pero al final se acaban ejecutando. Es necesaria una política social”, denuncia una portavoz de la PAH.
Aunque las cifras sobre el número de desahucios son confusas, es evidente que los desalojos continúan. Esta mañana, Miguel y su familia se despedía de su hogar, en la calle Luzmela, ahora propiedad de La Caixa. Según los últimos datos del Banco de España, en los primeros seis meses de 2013 se realizaron 19.567 entregas judiciales de una vivienda hipotecada, casi tantas como en todo 2012. El Consejo General del Poder Judicial cifra en 67.178 los desahucios ordenados por los Juzgados de Primera Instancia y Mixtos en 2013, esto es, 184 al día. Esta cifra incluye todo tipo de inmuebles (no sólo viviendas) y desahucios solicitados que pueden no haberse ejecutado.
Al grito de “sí se puede” daban por finalizada la rueda de prensa. Ernesto, que espera la ejecución del desalojo de la casa que ocupa en Carabanchel, afirma que seguirá luchando en la Obra Social de la PAH. “No entiendo cómo pueden vender casas a fondos de capital extranjero y echar a la gente a la calle”, denuncia.
