El Ejército despide a militares si enferman o adquieren una discapacidad sin intentar reubicarlos

Silvia Ruiz fue despedida mientras se estaba recuperando de un cáncer de mama. A Iván Ramos le denegaron una pensión por discapacidad tras salir por los aires, en un accidente en acto de servicio en Afganistán, en el que se rompió 17 huesos. Y luego le rescindieron el contrato. Estos soldados tenían compromiso -así se denominan los contratos militares- en vigor con el Ministerio de Defensa.

Eran personal temporal, como el 87% de la plantilla de tropa y marinería, y fueron apartados porque el Ministerio dirigido por Pedro Morenés consideró que no eran aptos para continuar en el Ejército. “Diariamente recibimos muchas llamadas de militares en activo a los que se les plantea esta situación”, indica un portavoz de la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM).

El Real Decreto 944/2001 permite que Defensa pueda rescindir el compromiso, aunque esté en vigor, si los médicos militares consideran que el evaluado no reúne las condiciones psicofísicas necesarias para el servicio. Que esta decisión no dependa de un organismo independiente, y la tome la sanidad castrense, es una de las críticas que plantean las asociaciones.

24% de discapacidad para Defensa, 65% para Madrid

Dos años después de sufrir un accidente que le podía haber costado la vida en Afganistán, Iván Ramos se llevó una bofetada psicológica al conocer que el Ministerio de Defensa consideraba que su discapacidad era leve, valorada en un 24%. Se quedaba a un punto de poder tener acceso a una pensión y estaba muy alejada del 65% que le había concedido la Comunidad de Madrid.

“Iba en la posición de tirador, un camión embistió al vehículo, comenzamos a dar vueltas de campana y yo salí despegado. Se me reventó el bazo y el riñón, los he perdido. Y desde entonces he tenido que someterme a 11 operaciones para que me reconstruyan la espalda, el brazo y el pie”, así rememora el accidente aunque tenga pocos recuerdos de ese momento ya que perdió la conciencia tras el impacto.

Este legionario explica que tras la dura recuperación se hundió al recibir la valoración de su discapacidad emitida por Defensa: “Pensé que no valía la pena todo el dolor y el sufrimiento que había aguantado para aferrarme a la vida y poder seguir en mi equipo operativo”.

La disparidad de criterios entre la administración civil y militar quedó en evidencia también en el caso de Silvia Ruiz. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura obligó a Defensa a que le readmitiese, después de que no le renovase el contrato mientras se estaba recuperando de un cáncer de mama. Los magistrados consideraron que las evaluaciones profesionales realizadas a la soldado, hasta la detección de la enfermedad, habían sido positivas. Por lo tanto, la decisión del Ministerio de Pedro Morenés no era admisible.

“Sufren doble discriminación”

El abogado de Ruiz, Fernando Osuna, defendió en la denuncia que el mismo Real Decreto que abre la puerta a la rescisión de los compromisos por insuficiencias psicofísicas, también recoge que los soldados con alguna enfermedad o discapacidad pueden tener acceso a una reubicación. “Estos militares sufren una doble discriminación. Habría que ofrecerles un puesto adaptado, al que puedan acceder forma voluntaria, para no dejarles desamparados”, indica Mariano Casado, representante de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Militares de Tropa y Marinería reseña que con estas bajas Defensa intenta rejuvenecer la plantilla, cesando así las relaciones laborales de los trabajadores con los contratos más precarios. “En vez de gastarse dinero en reubicarles, les mandan al paro”, indica. eldiario.es ha preguntado al Ministerio de Pedro Morenés cuántos puestos han adaptado a personas con discapacidad y con contrato no permanente en los últimos años, sin haber recibido respuesta por el momento.

El pasado 2 de marzo del 2015 el Boletín de Defensa recogía que Iván Ramos de 34 años perdía la condición de militar, Defensa ponía punto y final al compromiso que habían firmado ambas partes cuando este madrileño entró en las Fuerzas Armadas con 18 años. “He perdido lo que más amaba. Para mí, el Ejército era mi vida”, añade.

Cinco años después del accidente continúa teniendo dolores, pero puede hacer una vida normal. Le hubiese gustado poder volver al Ejército, a un puesto adaptado a su nueva situación fisica. “No me ofrecieron ninguna alternativa, me hubiese gustado haberme quedado en mi unidad en un área de formación. Por ejemplo, aprovechar mi experiencia para enseñar a los nuevos soldados”, advierte Ramos.

Paralelamente a su recuperación, ha tenido que batallar el 1% que le permitiría tener acceso a una pensión. Tras varios miles de euros invertidos en peritajes médicos, Defensa revisó su estado con la nueva documentación aportada. El departamento de Morenés rectificaba y aumentaba a 42% la valoración de discapacidad, dos meses después la Comunidad de Madrid incrementaba su evaluación a 75%. Las asociaciones militares reseñan que es muy frecuente que a la vez que Defensa les concede un porcentaje bajo de discapacidad, se les considere no aptos para continuar en las Fuerzas Armadas.

La determinación de la prestación que cobran los militares con una discapacidad corresponde a la Sanidad Militar, da lo mismo que en los Servicios Sociales de las comunidades autónomas les hayan otorgado un porcentaje superior. “Elaboran la normativa para aplicarla a sus propios intereses”, indica un representante de una asociación militar que prefiere guardar el anonimato.

La normativa protege a los militares de carrera

Según el Real Decreto 1186/2001 esta retribución se concede a partir del 25%. Por esa valoración otorgarían 9.650 euros anuales y el doble si la discapacidad se produjo en acto de servicio. Si la valoración es igual o superior al 50% se considera que es una incapacidad permanente y al solicitante le concederían 19.300 euros anuales, la cantidad también se duplica si el accidente sucedió mientras trabajaba.

Jesús Acuña, abogado especializado en Derecho Militar, explica que los militares con compromiso permanente no hacen frente a esta situación ya que no tienen los mismos derechos que los profesionales con contratos temporales. Por ejemplo, si encarasen el mismo accidente y secuelas parecidas, el que no es de plantilla sería indemnizado en función del porcentaje de discapacidad que le asignen, los de carrera recibirían la pensión íntegra con independencia del porcentaje que les otorguen.

Por eso, las asociaciones militares coinciden en señalar que entre los profesionales de carrera no se producen bajas al mismo ritmo que en el caso de los temporales. “La patología debe ser muy grave para que les concedan la no aptitud. En el caso de un militar con contrato permanente implica hacer frente a una pensión e indemnización. En los casos de personal temporal sale gratis”, apunta un portavoz de la Organización de Apoyo a las Fuerzas Armadas (OATM).

Asimismo, animan a los militares a los que les han declarado no aptos para continuar en las Fuerzas Armadas a que recurran la decisión. La Asociación de Militares de Tropa y Marinería señala que de cada 100 casos solo reclaman cuatro o cinco. Y ponen el ejemplo de Silvia Ruiz e Iván Ramos. Si no hubiesen mostrado su disconformidad se hubiesen ido a casa sin pensión y solo con el paro.