Las empresas aprovechan la falta de regulación para convertir la movilidad verde en un negocio privado

La falta de regulación está permitiendo que una batería de empresas aproveche la necesidad de una nueva movilidad urbana sostenible como nicho de negocio. La movilidad verde como reclamo y oportunidad de mercado. El desembarco de operadores de coches, motos, bicicletas y patines que venden eco-transporte genera no pocos efectos colatelares.

La cuestión es que, sin reglas de juego específicas, cientos de bicicletas de alquiler privado copan aparcamientos públicos ciclistas al tiempo que se multiplican las motos de alquiler que luego se apiñan en aceras. Completan el panorama las empresas de coches en carsharing. A eso se le suma el último actor que ha llegado al escenario: el patinete eléctrico cuyas unidades aceleran por las vías peatonales y brotan en cualquier lado a la espera de un cliente. Todo ese cóctel liberalizado se mueve por las calles de ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o Palma. Todo bajo el reclamo del nuevo transporte sostenible.

“El problema de fondo es que no existe una estrategia sobre cómo y adónde se quiere llegar porque la movilidad supone cambiar hábitos de vida”, explica Manuel Calvo, director técnico de la consultora ambiental Estudio MC. “Ahora empiezan a aflorar los problemas que vimos los analistas hace más de una década y surgen soluciones de mercado porque hay un hueco. Sin estrategia, se ha creado un contexto para las empresas que venden movilidad verde”.

Los problemas son ya palpables. En Madrid operan cinco empresas que calcan el mismo modelo de sharing para motocicletas (Ecooltra, Muving, Ioscoot, Coop y Movo). Las dos últimas instaladas este verano. Hay más de 4.000 unidades circulando y aparcando.

En Barcelona tuvieron que retirar a finales de agosto los patinetes eléctricos Wind a los pocos días de ponerse a circular. En Valencia, el Ayuntamiento requisó estos artilugios de la empresa Lime (que se negó a sacarlos de circulación). Estos patinetes varían entre modelos que alcanzan 10 o 12 Km/h hasta otros mucho más potentes. Esta semana, Lime ha propuesto abonar un canon de ocupación como el de las terrazas para tener permiso. En Madrid, estos patinetes verdes se multiplican estacionados en las aceras. El Ayuntamiento planea regularizar su uso.

La empresa de alquiler de bicicletas sin base Mobike aterrizó “en el mercado español”, según sus palabras, en junio pasado. Ya se ha extendido a L’Hospitalet y Zaragoza. La compañía Donkey tenía este sistema de bicicletas diseminadas en Barcelona, Madrid, Málaga y Palma. Hay más empresas. La tecnología les permite que sus unidades esperen un usuario en casi cualquier sitio (se bloquean y desbloquean telemáticamente desde el teléfono móvil). Todas piden que se aparquen responsablemente, pero basta un paseo para verlas desperdigadas por aceras, chaflanes y aparcabicis municipales.

“Una herramienta de solución individualizada, si se agregan, no sirve para la colectividad. Y genera externalidades que paga el colectivo”, explica Manuel Calvo. Externalidades significa que los impactos del negocio no los asume la empresa que se beneficia. En estos casos “la ocupación del espacio público y los problemas de residuos que dejan”, apunta.

Madrid y Barcelona son las puertas habituales de entrada de estos modelos por el volumen potencial de clientes, pero se replica ya en más urbes.

“Se pretende resolver el problema de movilidad con soluciones que no funcionan”, analiza Alfonso Sanz, experto en movilidad de Gea 21. “Si extendemos al coche eléctrico a todo el mundo se prolongará la manera de entender el transporte actual: llegar al centro de la ciudad en tu vehículo”.

Obligaciones ambientales en juego

Y sí, la publicidad ecológica es un denominador común para estas empresas. La necesidad de rebajar los niveles de polución proveniente de los tubos de escape (en algunos casos una obligación legal ante el incumplimiento de la normativa medioambiental) está haciendo que los gobiernos locales barajen restricciones al transporte a base de combustibles fósiles.

Los compromisos derivados del Acuerdo de París para la reducción de emisiones de CO2 también empujan en esa dirección. Así, aparecen proyectos como las áreas de prioridad residencial de Madrid, la intención de impedir la circulación de los automóviles más antiguos en Barcelona para 2019 y los planes de castigo fiscal al diésel -reclamados dese la Unión Europea-. “Es un buen momento para oportunistas”, opina Francisco Segura, de Ecologistas en Acción.

La empresa de alquiler compartido de coches Car2go se describe a sí misma: “Ayudamos a reducir nuestra huella de carbono y hace que la movilidad urbana sea más ecológica”. Su competidora Emov dice: “Muévete sin contaminar. Aprovéchate de todas las ventajas que tiene conducir un coche eléctrico en tu ciudad”. La más reciente de las operadoras, Wible –iniciativa de Kia y Repsol– asegura a sus potenciales clientes que “podrás aparcar gratuitamente en zona verde y zona azul. No es solo un servicio sostenible, también de ahorro”. Orazio Corva es el location manager de Car2Go en España y considera que su modelo sí es una alternativa válida como transporte sostenible: “Nuestro datos indican que se utiliza masivamente para desplazamientos de trabajo y que se integra y complementa con el transporte público”.

Mensajes parecidos sirven de reclamo para las motocicletas: “El grupo Cooltra lanzó su motosharing para responder a estas exigencias de cuidar el medioambiente”, han explicado. eldiario.es ha consultado a diversos de estos operadores de alquiler compartido de motos sobre si realmente se consideran una alternativa de transporte sostenible sin obtener respuesta.

¿Se trata de una burbuja? “No está claro que sean rentables, pero sirve para experimentar, para hacerse publicidad y para posicionarse en el mercado”, opina Alfonso Sanz. “Desde luego, las administraciones deberían marcar los criterios de lo que resulta admisible y deseable”, abunda Segura. Por ejemplo, en Madrid, una nueva ordenanza de movilidad aborda todos estos nuevos servicios tanto motorizados como a pedales. Pero todavía no ha entrado en vigor y cuando lo haga, ya habrá operadores situados. “El problema es el desembarco sin marco regulatorio, recuerda Manuel Calvo. Por ejemplo, ”haría falta un volumen muy grande de motos para satisfacer las necesidades. ¿Dejarlas aparcar en las aceras? Eso es un desastre“, insiste el analista de Gea 21.

El directivo de Car2Go por su parte contrapone que “no hay burbuja. La demanda es muy alta y todavía hay oportunidades sobre todo en los barrios alejados del centro”. Además indica que “la regulación es algo que siempre está encima de la mesa. Falta porque es un sistema novedoso y poco a poco los ayuntamientos tienen que gestionarlo”.

En todo caso, en lo que concuerdan los expertos es que casi cualquier solución para la movilidad en las ciudades pasa por la desincentivación del uso del coche. Sanz y Calvo coinciden en que una estrategia a largo plazo debe basarse en transporte individual para desplazamientos cortos (peatonal o bicicleta) combinado con el transporte colectivo público. Sanz remata: “Cada nuevo invento viene a revolucionar la movilidad. Y no. Acumulan problemas y luego, pasan de moda”.