La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo es una sociedad anónima con capital 100% municipal que desarrolla la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid desde hace más de 30 años. Según su propia descripción, “no sólo facilita el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades, sino que cumple con otras directrices de la política de vivienda, con un marcado carácter social”.
En realidad, la EMVS se ha convertido en un agujero financiero para el consistorio, ya que arrastra una deuda de 630 millones de euros con los bancos. Esta cifra supone cinco veces y medio su cifra de negocios. Una auditoría de PriceWaterhouseCoopers calificaba a la empresa de “inviable” y recomendaba al Gobierno municipal deshacerse de pisos de alquiler para lograr liquidez.
Así, Ana Botella inició en mayo un proceso de venta de edificios de titularidad municipal, con la particularidad de que, en la jerga inmobiliaria, tenían “bicho”. Esto es, más de 1.800 inquilinos. El fondo de capital riesgo Magic Real Estate Blackstone ha pagado 128,5 millones de euros por 18 promociones en la ciudad.
Las promociones se dividen en 12 destinadas al alquiler, que suman 1.208 viviendas, y seis de alquiler con opción a compra, con un total de 652 viviendas. Están repartidas entre los distritos de Carabanchel, Centro, Villa de Vallecas y Villaverde. La EMVS señala que, a pesar de la venta, los contratos de los inquilinos están asegurados durante el tiempo que dure la protección, diez años.
En su momento el PSOE había propuesto que se trasladaran los activos de la empresa al Ayuntamiento, de manera que no existiera la obligación de lograr beneficios en una empresa cuyo cometido es social.
El plan de viabilidad de la empresa 2013-2018 prevé más ventas de edificios pertenecientes a la EMVS y la cesión de terrenos al Ayuntamiento, que permitiría subrogar parte de su millonaria deuda.
La Comunidad de Madrid también se encuentra en proceso de deshacerse de vivienda pública de protección. Por ejemplo, de 32 promociones del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad, que suman unas 3.000 viviendas con inquilinos.