Por qué un enfermo de ELA que quiere morir tiene que hacerlo solo y “en la clandestinidad”
Con voz cansada pero tono firme, José Antonio Arrabal habla de libertad. Para él, ser libre es morir. Su mano izquierda reposa sobre la pierna y la derecha agarra el sofá. Dos minutos y 46 segundos después cogerá con ella, la única en la que mantiene la movilidad, los frascos de medicamentos que primero le dejarán dormido y después le provocarán una parada cardiorrespiratoria.
Hace casi cinco meses que José Antonio ya tenía claro que quería hacer público el vídeo de su muerte, que ha publicado El País este jueves. Así lo aseguraba en una entrevista con eldiario.es en noviembre en la que se preguntaba: “¿Por qué no podemos acabar con nuestra vida de manera digna si ésta se convierte en un infierno?”. El infierno se llamaba Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que le diagnosticaron en el verano de 2015 y que ya no le dejaba apenas moverse ni ser autónomo.
José Antonio mira a cámara y explica que está indignado. Esgrime las mismas razones que le han llevado a morir solo “y en la clandestinidad”: “Voy a hacer un suicidio asistido. Si fuera médicamente habría un doctor que me habría recetado la medicación y yo me lo tomaría y moriría dulcemente. Me parece indignante que en este país no esté legalizado el suicidio asistido y la eutanasia. Me parece indignante que tu familia se tenga que marchar de casa para no verse comprometida y acabar en la cárcel”.
En España la reforma del Código Penal de 1995 atenuó las penas referidas al suicidio asistido y a la eutanasia, pero mantuvo los tipos delictivos. Añadió, además, un precepto –el artículo 143.4– para aquellos casos en los que se actúa por petición expresa, seria e inequívoca de una persona que “sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”.
De esta manera, el Código Penal castiga al que “causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro” con penas que pueden ir de los seis meses a dos años y del año y medio a los seis años. Estas son las penas rebajando en uno o dos grados –porque la ley especifica que se hará así en el marco de una enfermedad– las que contempla el mismo artículo para los que cooperen con el suicidio de una persona y en el caso de que se llegue a “ejecutar la muerte”.
Esta es la diferencia clave entre el suicidio asistido y la eutanasia, dos conceptos que suelen sembrar confusión. El primer caso se refiere a la persona que se da muerte a sí misma con la asistencia de un médico, que le proporciona los medios necesarios y le atiende en el proceso. El segundo caso es la acción realizada por un médico para causar la muerte directamente de una manera eficaz e indolora. Ambas situaciones en el marco de una enfermedad grave que le conduce necesariamente a su muerte o le proporciona sufrimientos físicos o psíquicos que considera intolerables.
El Congreso aplaza el debate
Justo eso pedía José Antonio: “Quiero que el final llegue cuando yo considere que el sufrimiento es inaceptable”. Su enfermedad ya no le dejaba vestirse ni desnudarse, tampoco comer solo ni limpiarse. “No puedo ni darme la vuelta”, dice en el vídeo grabado el pasado domingo en su casa de Alcobendas (Madrid).
La grabación de José Antonio, que tenía 58 años, dos hijos y estaba casado, llega dos semanas después de que el Congreso rechazara la propuesta de Unidos Podemos para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. La votación de la iniciativa se zanjó con el voto en contra del Partido Popular y la abstención del PSOE y Ciudadanos, que prefieren aplazar el debate.
El conato de debate que se inició en la Cámara fue el mismo que abrió en los años 90, antes incluso de consumarse la reforma del Código Penal, Ramón Sampedro, convertido en el primer español en acudir a los tribunales para reclamar su derecho a morir dignamente. Cansado de esperar una respuesta y de que la justicia le diera la espalda, pudo morir en enero de 1998 gracias a una “mano amiga” que le facilitó los fármacos que le permitieron cumplir lo que él quería.
Desde entonces se han puesto en marcha algunas regulaciones autonómicas que pretenden garantizar los derechos del final de la vida, entre los que se encuentran los cuidados paliativos, el derecho a la información o la sedación. Un marco estatal de estas características es lo que sí va a tramitar el Congreso después de aprobar la toma en consideración de una propuesta de Ciudadanos y con la que sí están de acuerdo los socialistas.
Sin embargo, “no se puede hablar de muerte digna sin hablar de suicidio asistido o eutanasia”, asegura el presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD) y excoordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, Luis Montes. En su opinión, el tipo de regulación que proponen Ciudadanos y el PSOE “ya está recogida en otras leyes, pero lo que falta es ponerlas en práctica”.
Montes asegura que es urgente iniciar un debate “tranquilo y sosegado”, pero para eso “hay que discutir las propuestas que pretenden cambiar el ordenamiento jurídico”. Según una encuesta de Metroscopia a finales de febrero de este año, el 84% de los españoles cree que un enfermo incurable debe tener derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para morir.
“¿De quién es la vida?”, se pregunta el doctor Montes. “La vida es de cada uno de nosotros y por eso no puede haber una buena muerte y una muerte digna si no tomamos la decisión de finalizar la vida sin que lo decidan terceros. Eso no significa que no estemos por la vida, significa que queremos libertad”. La misma que protagonizó el último acto de José Antonio: “Si estás viendo este vídeo, es que he conseguido ser libre”.
