España deja de ser el primer infractor ambiental de Europa tras siete años seguidos a la cabeza
Tras siete años como líder, España ha dejado de encabezar la lista de infractores ambientales de la Unión Europea. Cerró 2021 con 24 expedientes de sanción activos, seis menos que el año anterior. Es el nivel más bajo desde 2007, según los datos de la Comisión Europea.
El curso ambiental tuvo balance positivo en cuanto a números. La Comisión Europea tenía registrados a 31 de diciembre 373 procedimientos por los 451 de 2020, una caída del 17%. En esta ocasión, Grecia, con 27 casos, y Francia, con 25, presentan peores datos que España.
A lo largo del año, la Comisión Europea abre y cierra casos contra los Estados sobre la aplicación de la normativa ambiental. En el caso de España, se iniciaron o avanzaron a la siguiente fase ocho expedientes al tiempo que se cerraron otros ocho al resolverse el problema antes de llegar a juicio.
De hecho, en lo que va de 2022, Bruselas ha abierto dos casos nuevos a España a cuenta del retraso en la adaptación a las leyes nacionales de directivas europeas sobre la contaminación acústica y los plásticos de un solo uso. El Gobierno tiene bastante margen para solucionarlos ya que el procedimiento comunitario es largo y con muchas oportunidades para evitar la Corte judicial.
Por ejemplo, este 10 de febrero tiene lugar la vista del Tribunal Europeo de Justicia por la denuncia que presentó Bruselas contra España debido al exceso de contaminación del aire en Madrid. Este expediente ilustra cómo funciona el proceso sancionador europeo y sus dilatados plazos.
El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida (PP) –que también ejerce de portavoz nacional del partido– adujo la semana pasada que esta denuncia es una herencia del equipo de Manuela Carmena ya que “el expediente se inicia en 2018”. En realidad, la Comisión abrió el procedimiento en 2015. Lo aparcó, que no cerró, en 2018 al empezar a funcionar la zona de bajas emisiones (ZBE) Madrid Central. Y terminó por remitir el caso al tribunal en 2019 al suspender Martínez Almeida las multas de la ZBE en su intento inicial de desarticular la medida.
El alcalde madrileño viaja a Bruselas este miércoles para intentar frenar la multa, aunque, por un lado, la Comisión Europea se comunica con los Estados, no con ciudades y, por otro, el caso se dirime en la Corte europea que tiene su sede en Luxemburgo. Madrid ha incumplido los niveles máximos de dióxido de nitrógeno en el aire que respiran los ciudadanos desde que entraron en vigor en 2010.
Entre el listado de expedientes sancionadores que todavía tiene pendientes España, hay casos de fallos en la gestión de aguas residuales, de residuos sólidos, de protección de ecosistemas y hasta el olvido del cumplimiento de sentencias previas. Este es un vistazo cualitativo a la situación española.
Ante los jueces por la contaminación del agua por los desechos agropecuarios
El año pasado terminó con una nueva denuncia de Bruselas. España, argumenta la Comisión, ha incumplido la norma que protege las aguas de la contaminación a base de nitratos que producen los desechos agrícolas y ganaderos. La decisión llegó un mes y pico antes de que la tergiversación de una entrevista del ministro de Consumo, Alberto Garzón, acerca de la producción intensiva de carne levantase una polémica nacional en torno a las macrogranjas ganaderas y su impacto ambiental. Uno de estos impactos son los desechos cargados de nitratos.
Macrogranjas de porcino activas en 2020
Macrogranjas de porcino
Mataderos especializado en porcino
Zonas vulnerables a nitratos
El tamaño del círculo de cada
granja es proporcional a sus
emisiones de metano en 2019. La
de
Castilléjar de la Cuesta
(Granada), la más contaminante de
España, emitió 590 toneladas
Mapa de DATADISTA elaborado con datos de IGN, MITECO y PRTR
Macrogranjas de porcino activas en 2020
Macrogranjas de porcino
Mataderos especializado en porcino
Zonas vulnerables a nitratos
El tamaño del círculo de cada
granja es proporcional a sus
emisiones de metano en 2019. La
de
Castilléjar de la Cuesta
(Granada), la más contaminante de
España, emitió 590 toneladas
Mapa de DATADISTA elaborado con datos de IGN, MITECO y PRTR
El análisis de la Comisión sobre cómo ha gestionado España este tipo de residuos es: “España debe todavía tomar medidas adicionales para prevenir en todo el país la eutrofización [derivada del exceso de nitratos que llega al agua] ya que las implementadas hasta ahora han fracasado a la hora de conseguir los objetivos marcados en la directiva de Aguas”. Es decir, los jueces dirimirán sobre cómo ha sido la actuación para evitar que las industrias ganadera y agrícola intensivas contaminen el agua.
Con el caso ya camino de los tribunales, el Gobierno ha aprobado este enero un decreto para intentar reducir esta contaminación, conocida como difusa, y “reforzar la protección de las masas de agua más vulnerables”. Está por ver si la nueva norma consigue detener la vista ante los magistrados.
Sin compensar el daño de la línea ferroviaria cinco años después de la sentencia
Entre todo el paquete infractor español, es llamativo el caso de una línea ferroviaria que empezó a atravesar hace más de una década una Zona de Especial Protección en Andalucía. Un tramo de Alta Velocidad trazado dentro del área protegida llamada Campiñas de Sevilla. España fue denunciada en 2010 y condenada en 2016 por no haber protegido el ecosistema hogar de avutardas y sisones, aves en protección especial. Después de esto, el Estado informó de que llevaría a cabo una serie de medidas para “compensar” los daños. La Comisión considera que “casi cinco años después de la sentencia, España no ha implementado las medidas”. Así que Bruselas ha pedido explicaciones antes de “remitir el caso de nuevo a los jueces y solicitar sanciones económicas”.
“La principal lección de este caso es que el procedimiento de protección ambiental, que sobre el papel debería funcionar, al final, no lo hace”, analiza Ana Carricondo, coordinadora de Programas de Conservación de SEO-Birdlife. Carricondo explica que “infraestructuras de transporte como esta reciben la calificación de interés especial, lo que permite que se construyan en zonas protegidas, pero las compensaciones, finalmente, no se hacen porque es la misma Administración la que vigila que se estén llevando a cabo”.
Protección del delta del Llobregat vs. más aeropuerto
Un tercer expediente que, pasado el tiempo, ganó relevancia es el relativo al delta de río Llobregat en Barcelona. En febrero de 2021, la Comisión Europea abría caso de sanción a España para que adoptara “más medidas de protección” para el hábitat. Y añadía que era preciso “evitar un mayor deterioro de este espacio de la Red Natura 2000 como consecuencia de la construcción de grandes infraestructuras como la expansión del aeropuerto internacional de El Prat”.
Era solo un primer aviso, pero, siete meses después, el Gobierno y la Generalitat anunciaban que habían acordado una inversión de 1.700 millones de euros para expandir El Prat. “Supondrá un desastre ambiental”, decía 24 horas después el alcalde de esa localidad, Lluís Mijoler.
En el centro de la polémica se situó la Laguna de La Ricarda, en riesgo por la prolongación de la tercera pista del aeropuerto. La Ricarda es un espacio esencial para evitar la salinización del delta del Llobregat que la Comisión había urgido a proteger con más fuerza.
Finalmente, al comenzar septiembre, el desacuerdo interno en el Gobierno catalán de coalición entre ERC y Junts hizo que Aena suspendiera ese proyecto al ver fisuras en el apoyo en principio comprometido por la Generalitat. El expediente sigue activo.
Casos en ciernes...
Si el avance de expedientes puede provocar la reacción de las administraciones nacionales, en no pocas ocasiones, los avisos sancionadores de la Comisión Europea tienen efectos limitados. Este miércoles 9 de febrero, el Parlamento andaluz debate la toma en consideración de una proposición de ley para amnistiar miles de hectáreas de fincas de regadío irregular en el entorno del parque nacional de Doñana.
La organización WWF ha calculado que el proyecto de normativa convertiría en legales 1.900 hectáreas ahora sin licencia y que allí se utilizan entre 7 y 9 hectómetros cúbicos de agua sin permiso. “Un tercio de lo que puede extraerse del acuífero subterráneo”, han asegurado.
Bruselas explicó por carta a España la semana pasada “la honda preocupación por la repercusiones” que podría tener retocar la ordenación de la zona acordada en 2014. El Tribunal europeo sentenció el año pasado que España no había defendido Doñana de las extracciones masivas de agua que alimentan la agricultura de regadío.
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