Este jueves la Conferencia Episcopal presenta los datos de la Asignación Tributaria recibida a través del IRPF de la última declaración de la Renta. El año pasado, los obispos recibieron de las arcas del Estado 268 millones de euros, cuyo destino y control queda muy lejos de los estándares recomendados por la Unión Europea, según ha señalado en un informe el Tribunal de Cuentas, que pone especial énfasis en los fondos destinados a una empresa privada como TRECE (la antigua 13TV), que en los dos últimos ejercicios recibió 20 millones de euros sin ningún tipo de control.
Según este informe preliminar, al que ha tenido acceso eldiario.es, los obispos españoles estarían vulnerando las leyes europeas, que prohíben taxativamente utilizar fondos o ayudas estatales para empresas privadas.
En concreto, el organismo subraya cómo “a la luz de la información publicada por la propia Iglesia, 20 millones de euros procedentes de fondos estatales son aportados como fondos propios a una sociedad que desarrolla una actividad económica”, en este caso TRECE, la televisión propiedad de la Conferencia Episcopal.
“La aplicación de estos fondos a este destino debería ser objeto de un análisis más detallado por la Administración por si incurriera en los supuestos contemplados en el artículo 107 del TFUE (Tratado Fundacional de la Unión Europea), añade el informe. ¿Y qué dice dicho artículo? Que ”salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones“. Y ni los Acuerdos Iglesia-Estado ni sus desarrollos posteriores plantean, en momento alguno, que la Iglesia pueda utilizar el dinero del IRPF (que es para su sostenimiento) para financiar –o, en este caso, pagar las deudas– de una empresa privada.
“A este respecto –añade el Tribunal de Cuentas–, a la vista de la Memoria de 2016 se destinan a la 'aportación de fondos propios a 13TV' 9 millones de euros y 11 millones de euros en la Memoria de 2017. 13TV se define a sí misma como un 'canal privado, comercial, generalista, con una programación plural, con contenidos aptos para toda la familia (…), cuyo socio mayoritario es la CEE'”. Esto es, concluye el informe, “una sociedad que desarrolla una actividad económica”, por lo que no podría recibir fondos provenientes del IRPF.
Fuentes comunitarias indican que es potestad de los Estados evaluar si una medida implica ayuda estatal que debe notificarse de conformidad con las normas de la UE. Esto supone que es el Gobierno quien debe determinar si el uso que hacen los obispos del dinero de todos que va a parar a la Iglesia está incumpliendo la normativa. En este sentido, las últimas declaraciones de la vicepresidenta primera dejan poco margen de tranquilidad para el episcopado español.
Carmen Calvo ha hablado reiteradamente de una revisión fiscal de la Iglesia Católica, que tiene que “rendir cuentas” de sus ingresos “como se hace en Francia e Italia” y ha dado por hecho que comenzará a pagar el IBI de los edificios no destinados al culto. La batalla con el sector más conservador del clero está declarada: el portavoz de la CEE, Luis Argüello, amenazó este mismo lunes con acudir “a los tribunales” si el cobro del impuesto de bienes inmuebles no afecta también a otras asociaciones y ONG.
El superávit polémico
Los obispos detallan en sus cuentas que el dinero que aportan a su canal de televisión proviene del dinero que le sobra de su asignación. Ese superávit que reconoce la Iglesia en los ejercicios 2016 y 2017 es en sí mismo una irregularidad para el Tribunal de Cuentas, que recuerda que su existencia “no está prevista en el Acuerdo”, y “el destino dado al superávit tampoco ha sido acordado entre el Estado y la Santa Sede”.
Son 19,3 y 15,9 millones de euros que se han destinado “a la dotación de un fondo (denominado Fondo de Reserva) y a la aportación de fondos propios a una sociedad mercantil”, detalla el documento. “El destino de eventuales superávits en la liquidación de asignación tributaria debería ser objeto de acuerdo” con el Gobierno, recomienda el informe, dado que los Acuerdos Iglesia-Estado hablan específicamente del “adecuado sostenimiento económico” de la Iglesia, no de “fondos de reserva” que se dediquen a una “sociedad mercantil” como es TRECE, “que desarrolla una actividad económica”.
Es decir, el dinero de la Renta está pensado para sostener la actividad de la Iglesia, no para alimentar sus negocios. Si hay un sobrante en esa asignación, se debería revisar el importe o acordar en qué utilizarlo, de acuerdo con el análisis del Tribunal de Cuentas: “El destino dado al superávit tampoco ha sido acordado entre el Estado y la Santa Sede”, destaca el documento, que en sus conclusiones lamenta cómo la Administración del Estado no tiene mecanismos para controlarlos.
13TV, el capricho de Rouco Varela
En 2001 el entonces cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, inauguraba los locales de TMT, una nueva televisión local que buscaba cumplir el sueño roto de los obispos de contar con un grupo mediático propio. Tanto TMT como el resto de televisiones locales católicas (agrupadas en torno a Popular TV) fueron durante años, al menos oficialmente, propiedad de laicos católicos. Pero en 2011 la Conferencia Episcopal se hizo con el 51% del accionariado. En 2016, ya con su nombre actual, y gracias a una concesión de TDT digital del Gobierno de Rajoy, 13TV logró convertirse en una cadena nacional.
Los obispos entendían que un canal de televisión contribuía a su “misión evangelizadora”. Pero la realidad es que la cadena se convirtió en el referente de los sectores más radicales de la derecha española –y del público más envejecido, con 67 años de media–, lo que para provocó el disgusto de buena parte de los prelados, que llegaron incluso a encargar un informe para reconducir la deriva ideológica del canal.
Eso sin contar con el agujero económico, que llegó a estimarse en 40 millones de euros. A la espera de conocer los datos de la última declaración de la Renta, los obispos llevan ocho años financiando TRECE con unos diez millones anuales, hasta alcanzar los 82,4 millones de euros, un importe que corresponde a la deuda total de la cadena a fecha de julio de 2019. Como ya se ha encargado de denunciar el Tribunal de Cuentas, estos y otros datos salen de los informes que encarga la Iglesia a terceras empresas, ya que sus ingresos y gastos no están auditados ni fiscalizados por ningún organismo público.
Como ya informó eldiario.es, el Tribunal de Cuentas destaca que “en las memorias no se aporta información que permita conocer el destino concreto que han dado las diócesis a los recursos procedentes del IRPF”, y que los datos que entrega al Estado “se elaboran con normas proporcionadas por la propia Conferencia Episcopal”.
“Sería conveniente –añade en sus conclusiones– que el Gobierno dispusiese de la información suficiente para asegurar que el destino último de los recursos procedentes de la asignación tributaria es compatible con el cumplimiento de las normas que rigen la libre competencia, en concreto, las relativas a las ayudas de Estado”.
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