Contrató los servicios de una prostituta en Madrid a través de una página web y se encontraron en un piso en el que la mujer ejercía la prostitución junto a otras. En un despiste, el hombre aprovechó para depositar un fármaco en su bebida y, una vez inconsciente, la violó. Los hechos, ocurridos el pasado mes de enero, son constitutivos de un delito de abuso sexual –el Código Penal entiende que el uso de medicamentos implica la ausencia de violencia e intimidación– según la Audiencia Provincial de Madrid que, en una sentencia avanzada por Cadena Ser, condena al hombre a cinco años de cárcel.
Las agresiones a prostitutas son una realidad pocas veces nombrada que la ley sigue sin concebir como violencia machista. Aunque no se conoce su dimensión exacta, ello a pesar de que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado hace más de un año, incluyó la obligación de hacer un análisis estadístico al respecto, se trata de un tipo de violencia con características específicas: por un lado, apenas se denuncia y, cuando las mujeres deciden dirigirse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se enfrentan a diversos obstáculos que dificultan su acceso a la justicia.
“Están expuestas a agresiones desde diversos focos: clientes, proxenetas y los agentes de Policía... Son vulnerables porque recae sobre ellas un estigma social muy fuerte. El de las malas mujeres que llevan un estilo de vida considerado negativo que hace que se piense que cualquiera puede disponer de ellas de la manera que se quiera. Este estigma hace que socialmente se legitime la libertad de disponer de cualquier prostituta, mucho más que de cualquier mujer. Son concebidas como cuerpos para todos”, explica Martina Kaplún, experta en intervención social con prostitutas.
Esa concepción social da lugar a casos como el de la llamada la manada de Murcia, por el que el Tribunal Superior de Justicia investiga actualmente a tres hombres acusados de violar a una prostituta el pasado mes de abril. Los acusados, puestos en libertad provisional con orden de alejamiento, aseguraron como estrategia de defensa en su declaración ante el juez que no se había producido una agresión sexual porque la mujer es prostituta.
Desde su experiencia en los juzgados, la abogada penalista y miembro de Dones Juristes Carla Vall lamenta que el tratamiento en el ámbito judicial de este tipo de casos siga esa estela: “Este tipo de casos cuestan muchísimo en tanto en cuanto parece que una prostituta no puede ser violada o agredida porque no puede disponer de su propio cuerpo”. En este sentido, apunta a que en muchas ocasiones “o son tratadas de manera infantil y paternalista o son cuestionadas y puestas en duda como si su trabajo implicara una barra libre de violencia sexual”.
La penalista recuerda en este sentido el varapalo que en 2012 emitió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España, a la que condenó por no investigar “con seriedad y efectividad” los hechos denunciados por Beauty Solomon, una trabajadora sexual que denunció a dos agentes de la Policía Nacional por insultos y agresiones que probó con un parte médico. En 2007, el Juzgado de Instrucción nº 9 de Palma de Mallorca dictó una sentencia en la que argumentó que la Policía estaba ejerciendo sus funciones “que no tienen otro objeto que impedir el bochornoso espectáculo de la prostitución en la vía pública”.
Sigue sin ser violencia machista
Marisa Fernández, también abogada penalista, coincide en que las prostitutas “se encuentran con muchas menos garantías judiciales que el resto de mujeres” y apela a que las agresiones y asesinatos de trabajadoras sexuales sean considerados violencia machista. Estos casos están actualmente excluidos de esta concepción porque la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 considera como tal la violencia que se da en el seno de la pareja o la expareja. “Yo entiendo las dificultades del legislativo para llevar esto a cabo en el sentido de cómo colocar este tipo de violencia en la ley penal, pero debe hacerlo”, argumenta Fernández.
En línea con esta interpretación se ha posicionado ya el Consejo General del Poder Judicial, que el pasado mes de mayo incluyó por primera vez en su informe anual de sentencias por violencia machista, el estudio de varios asesinatos fuera del ámbito de la pareja, pero en los que el género fue el móvil principal, es decir, los llamados feminicidios. De hecho, entre las víctimas el organismo incorporó a una mujer que ejercía la prostitución asesinada en 2016 por un cliente en Melilla.
Este fue uno de los asesinatos de prostitutas ocurridos en 2016 contabilizados, a falta de datos oficiales, por el portal Feminicidio.net, que ha registrado 43 crímenes de este tipo desde 2010. El último, el asesinato de una mujer en marzo que ejercía la prostitución en Roquetas de Mar (Almería) y que fue asesinada por un hombre “en condiciones extremadamente violentas” detenido tras varios meses. Unos días después se produjo la detención en Madrid de otro hombre acusado de asesinar a una mujer de la que era pareja y proxeneta. Este caso no ha sido incluido por Feminicidio en la lista de asesinatos “por prostitución”.
“Los casos de agresiones y asesinatos de prostitutas deberían ser considerados violencia machista porque sufren estas agresiones por el hecho de ser mujeres y esto las coloca en una situación de vulnerabilidad”, asegura Kaplún, que hace hincapié en que la prostitución “bebe directamente del patriarcado”. Por su parte, Vall coincide con la experta en que son agredidas por esta condición “y por una consideración jerárquica y machista de que son mujeres públicas a disposición de todos y ellas no pueden disponer de su propio cuerpo”. Por ello, todas las expertas apelan al “pacto” que ha consentido la mujer y a que dicho acuerdo “puede romperse en cualquier momento”.
La Policía, como “fuente de abusos”
Por otro lado, influye en la vulnerabilidad de las prostitutas la naturaleza de los espacios y las condiciones en las que ejercen: de noche, en lugares apartados o en pisos y clubes a los que las organizaciones sociales no llegan. Y es que varios estudios han constatado cómo las ordenanzas municipales aprobadas por varios Ayuntamientos para perseguir la prostitución han provocado el traslado del trabajo a espacios privados o más aislados con el objetivo de evitar las multas.
De hecho, una de las críticas más armadas por las organizaciones sociales que trabajan con prostitutas es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son concebidas por las propias mujeres como “fuente de presión y abusos en vez de como órganos que se encarguen de protegerlas”, asume Kaplún. Este es uno de los motivos que, en su opinión, llevan a las trabajadoras sexuales a denunciar muy poco las agresiones que sufren: “No denuncian porque no confían en el sistema, en primer lugar porque es tremendamente revictimizador. Es muy complicado que confíen en los agentes de Policía si continuamente les están pidiendo los papeles”. En este sentido, nombra la Ley de Extranjería y la especial vulnerabilidad de las mujeres migrantes en situación irregular como otra de las razones de la infradenuncia.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, la Policía usa la Ley Mordaza para tramitar una denuncia diaria contra prostitutas, una criminalización ante la que Kaplún demanda agentes policiales especializados que “se encarguen de proteger a las prostitutas” y equipos multidisciplinares del campo de lo social para paliar la dificultad de que estas mujeres entren en contacto con recursos sociales. “Desde un enfoque de Derechos Humanos es el sistema el que debe adaptarse a las personas vulnerables y no al revés”.