Se avecina batalla por las oposiciones docentes. El cambio en el sistema de acceso al cuerpo de profesorado que prepara el Ministerio de Educación para cumplir con la exigencia de Bruselas de rebajar la interinidad al 8%, por el que se premiará (más) la experiencia docente frente a la formación, está tropezando con obstáculos varios antes de aprobarse, tanto políticos como legales, se va a implantar a distintos ritmos en las diferentes comunidades autónomas y amenaza con acabar en los tribunales.
Por un lado, varios Ejecutivos autonómicos no van a esperar a que Educación apruebe el nuevo sistema, lo que pasará en abril, según fuentes del departamento que dirige Pilar Alegría. Hasta nueve Gobiernos regionales han realizado ya sus convocatorias para este verano o están a punto de hacerlo sin esperar a que entre en vigor, por lo que lo harán con los parámetros del actual sistema, mientras otras comunidades están esperando al nuevo texto para sus convocatorias, lo cual generará una especie de doble sistema paralelo que, de darse, será la primera vez que suceda, según UGT.
Por otro, un grupo de docentes interinos, jubilados y también aspirantes por primera vez, agrupado en la plataforma Docentes por la Justicia, están en contra del nuevo sistema y aseguranque deja a muchos aspirantes sin opciones de sacarse una plaza frente a quienes son ya interinos desde hace muchos años. “Dejé mi trabajo, he invertido mis ahorros y miles de horas de sacrificio de estudio, como tantos otros aspirantes, para incrementar la formación e ir al baremo con cierto equilibrio ante la falta de experiencia y no me va a servir para nada”, explica Jesús. Los aspirantes prometen no resignarse: van a manifestarse este domingo en Madrid y anticipan que habrá denuncia ante la Justicia si se aprueba la reforma en los términos actualmente planteados. Todas las señales llevan a los tribunales, toda vez que la propuesta de Educación tiene el visto bueno de los principales sindicatos.
Los terceros en cuestión serían los interinos que ya ejercen, los teóricos favorecidos por una reforma que premiará la experiencia sobre la formación, que defienden su derecho a consolidar una plaza tras, en algunos casos, décadas de trabajo para la administración. “Después de 18 años trabajando para la administración, de 18 años llamándome para trabajar, cubriendo las necesidades del sistema sin ningún problema, creo que la valía está demostrada”, resume esta visión la maestra de Infantil Laura Guate.
Diez comunidades se adelantan
Sin embargo, parece que Guate, que trabaja en Cantabria, no se va a ver favorecida por la reforma. Al menos no este año. Su comunidad autónoma es una de las que tiene previsto convocar las oposiciones en las próximas semanas, antes de que Educación apruebe su reforma, por lo que si oposita tendrá que hacerlo con el sistema todavía vigente. Asturias, Navarra y la Comunitat Valenciana ya han realizado sus convocatorias y Cantabria, Aragón, Extremadura, La Rioja, Canarias y Galicia lo harán en breve, también bajo la actual normativa. Dado además que lo habitual es que las comunidades saquen un año plazas de Infantil y Primaria y al siguiente de Secundaria, si no sucede este año es probable que tengan que esperar otros dos.
Argumentan las comunidades autónomas que no pueden esperar a que el Ministerio de Educación saque su normativa en abril, que si lo hicieran no les daría tiempo a realizar el proceso y que los nuevos funcionarios estén en las aulas en septiembre. Discrepan los sindicatos, que acusan a los Gobiernos regionales de boicotear la ley de estabilización de las plantillas públicas que aprobó el parlamento y de la que sale esta modificación transitoria de las oposiciones para un sector, el educativo, con alrededor de un 25% de interinidad: más de 100.000 profesores como Guate trabajan año tras año en una plaza de manera temporal.
“Las convocatorias de oposiciones se suelen publicar en febrero o marzo, alguna vez en abril”, explica Maribel Loranca, secretaria general de la federación de Enseñanza de UGT. “Qué casualidad que este año, que se debatía en el parlamento una ley para estabilizar el empleo público, las están sacando sin esperar los plazos habituales. Hay una voluntad muy clara de ignorar esa ley, que tendrán que aplicar finalmente”, añade.
También advierten los sindicatos de que sacar las convocatorias tan pronto se traduce en una caída de la oferta de plazas porque solo están saliendo las plazas de reposición (las que cubren jubilaciones o cualquier otra cuestión como fallecimientos), pero no las de estabilización, y que eso perjudica a todos los aspirantes, sean de nuevo cuño o sean interinos con experiencia. Valencia, por ejemplo, ha reducido su oferta a la mitad de lo previsto.
¿La primera vez con oposiciones diferentes?
Además, esta disparidad de criterios entre administraciones autonómicas puede provocar que por primera vez las oposiciones se rijan por diferente normativa según la comunidad autónoma en la que se celebren. Otro posible lío legal en el horizonte por aquello de la igualdad en el acceso. Y el cambio no es pequeño. La reforma que ha planteado Educación va a dar más peso del que ya tenía a la experiencia previa y se lo quita a la formación en un movimiento que favorece sobre el papel a los interinos que ya ejercen frente a los nuevos aspirantes.
El borrador distribuido por Educación y que los sindicatos han validado establece dos sistemas para reducir la temporalidad en el sector educativo. Por un lado, el ministerio modifica el tradicional método de acceso del concurso-oposición, que en la fase de oposición dejará de tener pruebas eliminatorias y suprime la parte práctica (lo que significa que más aspirantes aprobarán aunque tengan problemas con el examen teórico o con el desarrollo de la unidad o programación didáctica) y en la de concurso dará muchos puntos por experiencia (hasta siete, como antes) y menos por formación (hasta dos, antes eran cinco) y “otros méritos” (uno, antes eran dos). Por otro lado, se realizará un concurso de méritos al que solo podrán acceder algunos interinos –las condiciones concretas están por cerrarse– que ya ejercen. El sistema es transitorio y está previsto que dure tres años: esta próxima convocatoria de 2022, si es que finalmente lo llega a implementar alguna comunidad, y las dos siguientes, hasta 2024.
Obviando este segundo sistema, al que ni siquiera tienen acceso, los nuevos aspirantes sostienen que con la reforma de Educación no tienen apenas posibilidades de lograr una plaza en un concurso-oposición. “El nuevo Real Decreto permite que, mientras anteriormente el aspirante mejor formado y con un 10 de nota sacaba claramente la plaza, ahora sería adelantado incluso por el interino peor formado que ni siquiera se hubiera molestado en sacarse los cursos homologados”, ilustra María, de 39 años y parte de la plataforma Docentes por la Justicia, mientras explica que un aspirante con el máximo puntos de formación y un 10 de nota en el examen de acceso pero cero puntos de experiencia perdería frente a un interino con diez años de experiencia y ningún punto por formación (esto último es casi imposible) que sacara un seis en el examen.
“Me veía con opciones”
Jesús, de 35 años, dejó su trabajo como periodista para dedicarse a su otra gran vocación, la docencia. “Dejé mi trabajo estable porque me veía con opciones de sacar la oposición”, cuenta al otro lado del teléfono. “Tenía algo de formación, el máster del profesorado, me apunté a otro máster (que me costó más de 3.000 euros) para alcanzar el tope de los puntos de formación para suplir mi falta de experiencia y estoy haciendo el doctorado”. Echó cuentas y tenía los cinco puntos máximos por formación que otorgaba el anterior sistema. Con una buena nota en el examen, calculaba, podría sacar la plaza.
“El baremo permitía equilibrar la experiencia. Pero ahora cambian las reglas del juego y los recién licenciados no van a tener ninguna posibilidad. Estoy muy enfadado y triste, son miles de horas de sacrificio, dinero... Estoy dedicando un trozo grande de mi vida para nada, viviendo de mis ahorros y del paro, el sacrificio de los opositores que vamos a pelo es enorme”. Como otros, Jesús alude a la Constitución y el ínclito “mérito y capacidad” para denunciar la injusticia de la reforma, y reflexiona: “Cuando termine la tesis y haya demostrado que sé investigar esto le vendría muy bien al sistema, que tiene ahí una de sus grandes lagunas, pero no se valora. Otros compañeros están haciendo másteres de innovación docente o de gestión y dirección de centros, que actualmente te forman a posteriori, pero se desprecia, no va a llegar. Es injusto para nosotros, pero también una pérdida para el sistema”.
“Mi valía está demostrada estos 18 años”
En el otro lado está la maestra de infantil Laura Guate, que sobre el papel se verá favorecida por la reforma (tendrá los puntos máximos por experiencia) y que explica que con este asunto “hay tantas opiniones como posiciones en la bolsa”. Guate, que trabaja en Cantabria, lleva 18 años ejerciendo como interina. Para esta docente, el proceso que ha seguido ella es “lo habitual” y le parece que tiene lógica. “Soy ese prototipo de opositora que aprobó el examen alguna vez, pero nunca me saqué plaza porque en la fase de concurso no tenía los suficientes puntos de experiencia docente”, relata y argumenta por qué es natural que se tenga en cuenta la experiencia para compensar la nota.
“Con el paso del tiempo empiezas a trabajar, formas una familia... Vas acumulando la experiencia, sí, pero empiezas a pinchar a la hora de estudiar por una cuestión puramente laboral y familiar. Y te plantas en 15 o 20 años trabajando para la administración, estudiando la oposición con muchas limitaciones: yo, con 50 años y un trabajo, no dispongo de ocho horas diarias para estudiar. Es imposible competir con alguien que acaba de salir de la carrera, ni en tiempo ni en capacidad de estudio”, explica. “Nadie nos está regalando nada, hablamos de méritos: 18 años trabajando, 18 años pagándome la administración, al servicio del sistema, formando varias generaciones de alumnos”, cierra.
El punto intermedio lo ponen voces como la de Raimundo de los Reyes, director de instituto retirado, que plantea un paralelismo. “Una empresa puede contratar temporalmente a personal que va a desempeñar unas determinadas funciones. En una empresa normal, si ese personal demuestra que es válido, lo has tenido dos, cuatro o seis años trabajando y lo has evaluado, lo habitual es que lo pasen a fijo si se consolida ese puesto”, explica.
Y enseguida se autoenmienda. “La clave es si se evalúa. La experiencia, si no es solo sumar años, tiene que pesar, por supuesto. El problema es que aquí la evaluación brilla por su ausencia. Lo único que hay es una persona que trabaja y a la que no se ha abierto expediente, pero eso no es una evaluación. Debería haber una real, que estuviera cuantificada y que se incluyera para relativizar el peso de la experiencia”, cierra el que fuera representante de los directores de institutos públicos de España.
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*El artículo ha sido editado. La primera versión decía erróneamente que el colectivo Docentes por la Justicia está formado exclusivamente por docentes interinos.