Charo tiene dos hijos de cinco y ocho años. Vivía hasta el pasado lunes junto a su marido y los dos niños en un piso del barrio madrileño de Alto de Extremadura. La casa no era suya: la ocupó el pasado año tras ser acogida durante los cuatro anteriores por amigos y familiares. Una situación de desamparo provocada por otro desalojo. Fue en 2010, cuando vivía en el poblado de Puerta de Hierro y el Ayuntamiento de Madrid declaró que las viviendas de esa zona no eran habitables. Fue su primer desahucio. Ahora ha sufrido el segundo. A punto de verse en la calle por tercera vez.
Este segundo desalojo no pilló por sorpresa a Charo. Tras ocupar la vivienda en abril de 2014, la policía interpuso una denuncia de oficio después de que ella y su familia se instalasen. Desde que llegó a su nueva casa, mantiene que intentó negociar en todo momento con Bankia un alquiler social. Incluso, que el banco le tramitó una solicitud para un programa social y así lograr un realojo en otra vivienda. Meses después, asegura que todo cambió: la entidad se personó en la causa contra Charo por la ocupación, y se sumó a la Fiscalía para acusarla de un delito de usurpación por meterse a vivir en una casa que no era de su propiedad. El lunes, con media docena de furgones de la policía desplegados, se produjo el lanzamiento entre las protestas de los miembros de Stop Desahucios y de la propia Charo.
Fuentes de Bankia niegan a eldiario.es que exista una demanda contra ella y que por tanto este no ha sido el motivo del desalojo. Sobre el alquiler social que Charo solicitó, el banco afirma que este tipo de negociaciones se llevan a cabo “con todo interés” con sus clientes, y que al tratarse de una ocupación y no tener relación contractual con la afectada no contemplan estas medidas. Además, estas fuentes recuerdan que la orden de desahucio era contra los dueños de la casa por la deuda que tenían contraida con la entidad, y no con Charo, que sufrió el desalojo por estar viviendo allí.
A lo ocurrido se suman sus escasos recursos económicos, que tampoco contribuyen a mejorar su situación. Cobra la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, que le reporta algo más de 400 euros. Su única ventaja es un descuento en el comedor escolar de sus hijos. El resto lo tiene que distribuir entre comida, gastos y el mantenimiento de un coche que su marido necesita para llevar a clase a los niños.
Mientras intenta decidir cuál es el siguiente paso, pasa estos días en la habitación de un hotel que le proporcionó el Samur Social. Una situación que no va a durar más allá del lunes, ya que le han comunicado que no podrá quedarse más días allí. Una decisión que han tomado en los Servicios Sociales del Ayuntamiento, según sostienen desde la Asamblea de Vivienda Latina de Stop Desahucios, que está asesorando a Charo desde antes de que se produjese el desahucio.
“Nos comunicaron que no era posible. Que en el peor de los casos los que no se quedarían en la calle serían sus hijos, ya que está la posibilidad de los centros de menores”, cuentan desde la plataforma. Un escenario que Charo no contempla, dado que no quiere separarse de sus hijos. “Las soluciones que nos dan es o que paguemos el hotel, que ocupemos otra vivienda o que se rompa la familia. La otra oferta fue que, si se quedan en la calle, los niños puedan ir a hacer los deberes a un centro de día”, relata Stop Desahucios.
Desde los Servicios Sociales aseguran a eldiario.es que en estos casos se realoja en hoteles o albergues, y mínimo durante 15 días, a las familias desalojadas. Además, defienden que hacen un estudio de la situación de estas personas y un seguimiento, pero que muchas abandonan los hoteles o albergues que se ponen a su disposición de forma voluntaria. Desde Stop Desahucios replican que la estancia en estos lugares no pasa de las siete noches en casos más extremos, como que los afectados tengan hijos pequeños a su cargo. También califican de “mentira” ese supuesto seguimiento, ya que insisten en que la administración se desentiende de los casos cuando las familias dejan de estar en estos alojamientos.
Qué pasa tras el segundo desahucio
Charo aún no sabe qué va a pasar el lunes. Dice estar “tan agobiada que no me he puesto a pensar en ello”. Su experiencia previa no le sirve. Y es que, además de sufrir dos desalojos en cinco años, lleva ocho en total solicitando una vivienda social a las administraciones. Su demanda sigue por el momento sin respuesta.
Su periplo por todas las casas en las que pudo quedarse hasta que decidió ocupar una vivienda comenzó en ese 2010 en el que fue desalojada de su casa. “De repente, un día nos echaron de las casas y llegaron con las excavadoras. Ahora aquello es un solar, ya que explotó la burbuja inmobiliaria y no se ha construido nada de lo que estaba previsto”, cuenta Charo, que sigue empadronada en ese mismo lugar a pesar de que allí no hay nada más que vacío. Sobre por qué se decidió a ocupar tras cuatro años buscando, responde que intentó “hacer todo legal” hasta que no vio “otra salida”.
Para Stop Desahucios, la situación de Charo sirve para evidenciar la “inoperatividad” de los Servicios Sociales del Ayuntamiento que dirige Ana Botella. La escasez de recursos que han provocado la crisis y los recortes es una realidad que admiten desde los servicios de emergencia del consistorio. Con esta puerta cerrada, la otra opción de Charo ha sido acudir a los fondos de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo madrileña (EMVS). La compañía pública dispone de un total de 400 casas, pero asegura que todas están ocupadas por familias que han sido desahuciadas o que estaban en riesgo de serlo.
Los Servicios Sociales tampoco pudieron dar una respuesta a través de la EMVS, al comunicarle que todas las viviendas disponibles están ocupadas y las habitaciones de uno de sus edificios están en obras. La plataforma recuerda que esto supone una “vulneración de derecho al techo, así como la violación de los derechos de la infancia al dejar en situación de desamparo a los dos menores”. Desde el Ayuntamiento han asegurado a este diario que hay plazas de sobra en albergues y hoteles, y que no se permite que familias de este tipo se queden sin un techo.
Las dificultades para afrontar otro desalojo
Las familias que se quedan sin hogar se enfrentan a considerables dificultades de distinto signo tras su desalojo. “Que se hundan e incluso pierdan las ganas de vivir son los mayores riesgos”, asegura Ernolando Parra, del colectivo Psicólogos sin Fronteras. Otro de los peligros es que estas personas pierdan “la esperanza, la posibilidad de pensar que las cosas puedan ir a mejor”. Esos bloqueos, consecuencia de una situación de urgencia como un desahucio, implican una pérdida de motivación ante la que solo cabe iniciar una “estrategia para solucionar problemas”, según Parra.
El psicólogo apuesta por “encontrar un nuevo núcleo que permita obtener la fuerza básica, unos valores que te hagan avanzar”. Para ello, insta a buscar la “paciencia para acoger las emociones y que la persona encuentre una posibilidad de estabilidad”. Además, recuerda que es fundamental que los roles de los padres “no decaigan”, ya que “detrás de una pregunta no siempre hay una respuesta”.
Y es que los afectados más silenciosos de un desahucio suelen ser los niños, que “no tienen los miedos que creemos que tienen”, mantiene el psicólogo. Para evitar que un menor sufra de manera directa el trauma del desalojo, los padres deben ofrecer “información, no ocultarles en ningún momento que algo está pasando y atender sus preocupaciones, como que de repente vayan a dejar de ver a alguien con quien coincidían todos los días”, apunta Ernolando Parra.
Pero, ¿cómo hay que ayudar a una persona que sufre dos desalojos? “Tiene que haber un espacio comunitario de empoderamiento. La persona no tiene que sentirse culpable, sino víctima, y organizarse para buscar un cambio social. Porque un desahucio no es un problema individual. Es una manifestación de un problema social, y las soluciones son colectivas”, defiende el psicólogo.