La ONU recomienda al Gobierno que no modifique la ley del aborto para las chicas de 16 años
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra la mujer cierra su primera visita oficial en España con un mensaje claro para el Gobierno: recomienda que no modifique la actual ley del aborto para que las jóvenes de 16 y 17 años estén obligadas a interrumpir sus embarazos con el consentimiento de sus padres. “Restringirá aún más el acceso de las niñas a un aborto seguro y legal”, ha apuntado este viernes Frances Raday, la relatora que preside la delagación.
Se trata de una de las conclusiones más contundentes que han presentado las expertas de la ONU, tras diez días de conversaciones con representantes del Gobierno Central y las administraciones autonómicas, así como miembros de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres. La visita a España ha tenido como objeto evaluar el progreso en la eliminación de la discriminación de la mujer en todos los ámbitos. Las observaciones del grupo se verá reflejado en un informe que presentará en junio al Consejo de Derechos Humanos.
Frances Raday y Eleanor Zielinska expresaron su satisfacción cuando conocieron la retirada de la reforma de la ley del aborto promovida por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. “El borrador provocaba la restricción de los derechos de las mujeres”, ha afirmado Raday.
Sin embargo, las pretensiones del Gobierno para cambiar la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 siguen sin agradar al grupo de trabajo de la ONU. Aunque el Gobierno echó para atrás la reforma que había defendido Gallardón —lo que provocó la salida del exministro de la cartera de Justicia—, Mariano Rajoy expresó desde ese momento que las menores de 16 y 17 años deberían contar obligatoriamente con el consentimiento de sus padres para poder abortar. La relatora Raday ha respondido de manera tajante: “Recomendamos que no se implemente esta medida”.
La vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo obliga a las jóvenes de 16 y 17 años a que informen a sus padres de su intención de abortar, tal y como recoge el artículo 13 de la normativa. Solo cuando “la menor alegue fundadamente que ello [el conocimiento paterno] le provocará un conflicto grave” se prescinde de la información.
El Consejo de Estado llamó la atención al Ejecutivo en septiembre sobre que la vía que había previsto para cambiar este aspecto, a través de las leyes de protección a la infancia (aún en trámite). El órgano consultivo apuntó que “una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica”. Aunque el Gobierno no ha explicado aún si abordará el cambio mediante una vía alternativa, la delegación de Naciones Unidas le pide que no efectúe esta modificación.
De hecho, las expertas han ido más allá y han expresado sus dudas sobre las restriccciones para poder abortar de las menores de 16 años, en aquellos casos en los que se hayan podido ver forzadas o amenazadas incluso por su propio círculo familiar. El grupo considera positiva la revisión de la legislación que trata el consentimiento de los padres para estas menores. “El Gobierno nos ha dicho que eso es imposible, que es un tema familiar”, explicó Raday.
Aprueban la lesgilación, critican las políticas
Las observaciones del grupo han comenzado con un reconocimiento al “impresionante” marco legislativo e institucional para combatir la discriminación entre sexos en España. A continuación han desglosado una amplia lista de críticas de medidas concretras que han perjudicado a las mujeres, especialmente en época de crisis. “España ha establecido una infraestructira legal e institucional innovadora para la igualdad de género. Antes de la crisis económica, este proceso había comenzado a aportar beneficios” —afirmó Frances Raday— “Se cuestiona si este proceso está actualmente estancado o en un estado de regresión”.
Varias políticas del Gobierno se han ganado la reprobación de la relatora de la ONU, como la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía gracias a la nueva ley de Educación, la subida de las tasas judiciales y la eliminación de las ayudas de asistencia a personas con dependencia, entre otras.
Además, en sus conversaciones con el Gobierno han abordado la histórica condena a España por negligencia en un caso de violencia de género. El Gobierno aún no ha respondido a las alegaciones, para lo que tiene plazo “hasta enero”, según han apuntado fuentes oficiales a las expertas.
La delegación recomienda la reducción de los estereotipos a través de la educación y los medios de comunicación, porque “las raíces de la discriminación que se encuentran en la cultura machista y en las actitudes patriarcales (...) no han sido diagnosticadas y abordadas adecuadamente”, concluye.
