La falta de anticipación en las residencias de mayores hace que la COVID-19 vuelva a golpear al colectivo más débil

El coronavirus se acelera en España y comienza a entrar en los lugares más vulnerables ante la propagación de la epidemia: las residencias de mayores. A pesar de que cinco meses después del inicio de la pandemia de COVID-19 no se sabe con certeza cuántas personas perdieron la vida en estos centros, sí está claro que fue un foco explosivo. El más letal. Tras el duro golpe, los casos fueron descendiendo progresivamente, pero ante la escalada generalizada de positivos que llevan a algunas voces a hablar de una segunda ola, las residencias vuelven a ser escenario de contagios y rebrotes en muchas comunidades. El temor se extiende en el sector y entre expertos y sindicatos, que alertan de que, aunque hay una mayor preparación, las carencias y la falta de anticipación pueden conducirles de nuevo al límite.

A medida que van pasando los días, son más las residencias que notifican brotes. Basta con que se confirme un contagiado para considerar que el centro afronta un brote, según las directrices estipuladas por el Ministerio de Sanidad. El problema es que “por poco que estén afectadas [las residencias] el impacto va a ser grande”, según ha explicado este lunes el director del Centro de Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. Dicho de otra manera: “La letalidad de la COVID-19 se dispara dramáticamente por encima de los 70 años. Pasa de un 0,5 o 0,6% en estos momentos a más del 15%”, ha indicado Simón. El exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública Daniel López-Acuña lo resume de manera más taxativa: “Ahí tenemos una bomba de relojería”.

Para el epidemiólogo del CCAES, “el número de residencias afectadas por rebrotes no está siendo muy grande, aunque hay algunas en las que el número de casos es grande. Las residencias han trabajado mucho, se tiene claro qué hay que hacer. Tenemos que seguir teniendo un cuidado especial porque cualquier cosa que pase en personas mayores, el impacto es diferente”. Sin embargo, la aparición de positivos se sucede, mientras los gobiernos autonómicos intentan impedir que el virus se cuele a base de restringir o limitar visitas de familiares o las salidas de los mayores. En Catalunya y Aragón, que acumulan la mayor parte de casos de las últimas semanas, ya se han dado varios: en Barcelona, 246 positivos de unos 3.000 diagnosticados en los rebrotes, pero también en Lleida, donde comenzó la fase de transmisión comunitaria en la comunidad, ha habido 16 focos. En Aragón, más de medio centenar de centros están afectados; en el centro Cruz Blanca de Burbáguena en Teruel incluso ha habido siete fallecimientos y 76 contagios. Pero también hay más de 16 de estos brotes en la Comundad Valenciana, que esta misma mañana ha confinado una residencia con siete positivos, Islas Baleares o Galicia.

En Andalucía, que llevaba al menos dos semanas sin casos en estos centros, hay preocupación por una residencia de Motril (Granada), donde 60 usuarios tuvieron que ser aislados, y en Euskadi, el virus había desaparecido de las residencias en Bizkaia el 1 de julio, pero a 10 de agosto había tres centros en la provincia con positivos que ha alcanzado a 11 mayores. Este martes, el virus ha rebrotado por primera vez en una residencia gipuzkoana: la Diputación ha informado del caso de una mujer de 92 años del centro privado de Donostia Hermano Garate. Se encuentra asintomática pero, por preocupación, ha sido aislada en el hospital de Eibar.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha informado de brotes en un centro de día y otro centro-ocupacional en la capital y apenas hace cinco días que dio cuenta de un rebrote en una institución socio-sanitaria de Pozuelo de Alarcón con nueve positivos. Un caso paradigmático es el del centro San Martín de la Vega, donde se detectaron 52 contagios y dos fallecidos, y que ha acabado introduciendo el virus en otra residencia tras el traslado de ocho usuarios a un centro de Ciempozuelos en principio con PCR negativa. Sin embargo, una vez instalados allí, se confirmó el positivo de cinco de ellos. Se dibujo un panorama en expansión.

Cada una de las más de 5.000 residencias deben contar obligatoriamente y desde junio con planes de contingencia, pero ha sido a principios de agosto cuando la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha acordado con las autonomías y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un documento de recomendaciones para establecer “una respuesta coordinada” ante los rebrotes. Entre otros puntos, se adapta al ámbito de estos centros el plan de respuesta temprana aprobado por Sanidad a mediados de julio y se fija el contenido mínimo de los planes de contingencia, además de comprometerse a contar con un sistema de información en tiempo real. Esta ha sido una de las grandes lagunas, que incluso llevó a Sanidad a admitir en un documento interno que la baja calidad de los datos de las comunidades sobre muertes en residencias le había impedido dar cifras.

En este sentido, desde el sindicato UGT atienden con cautela a la situación y exigen una comunicación mucho más fluida entre los dos ministerios competentes, Sanidad y Derechos Sociales, y a su vez desde el Ejecutivo con las comunidades autónomas. Aunque aplauden la existencia del plan, se muestran reticentes respecto a sus resultados si se no incide en su cumplimiento. “Sabemos que el Ministerio de Políticas Sociales y el IMSERSO se están movilizando, pero también deben garantizar que todo lo que surge de esas reuniones se aplica. Los planes de contingencia sobre el papel quedan espectaculares, pero hay mucha distancia desde lo que se escribe en el BOE a lo que pasa al pie de la cama”, defiende Gracia Álvarez, responsable de Dependencia de UGT a nivel estatal. 

“Entorno de alto riesgo”

Más allá del intento de coordinación por parte del Gobierno, las competencias de los centros residenciales recaen en las autonomías, con lo que en la práctica cada una decide qué medidas impone. Estas insisten en que los centros son seguros y, de hecho, el nivel de control de los rebrotes evidencia la implantación de medidas eficaces, pero asociaciones, sindicatos y patronal coinciden en que se puede hacer más.

Según explica Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas, que agrupa 2.000 centros, hay algunas que en este tiempo “han hecho los deberes y otras que no” y apunta a la heterogeneidad con la que se afronta el problema. La asociación ha elaborado un mapa con el que otorga un nivel –rojo, naranja y verde– a cada autonomía en función de su grado de preparación en centros para la tercera edad ante la COVID-19: siete, entre ellas Madrid o Aragón, están en rojo y cinco, las dos 'Castillas' entre ellas, en naranja. Solo una, Catalunya, está en verde.

“Estamos mucho más preparados que antes, pero también estamos preocupados por lo que pueda venir porque hay mayor riesgo en unas comunidades que en otras y esto ha sido muy duro”, señala Pascual. De acuerdo con su análisis, la disparidad se refleja, entre otras cosas, en el nivel de dotación a los centros de equipos de protección para el personal y la realización de PCR para residentes y trabajadores. Si bien, explica la organización, “hay comunidades como Cantabria, Cataluña o Castilla La Mancha que los facilitan indistintamente a personas usuarias y profesionales”, otras como País Vasco o Comunidad Valenciana “sólo los entregan a los segundos” y otras, como Madrid, Galicia, Aragón o Andalucía, a ninguno.

Para el epidemiólogo Daniel López-Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, estos son precisamente dos de los elementos “imprescindibles” para evitar que la situación en los centros de mayores colapse y se parezca a la de marzo. En este sentido, explica que muchos de los rebrotes que se están dando en las residencias se deben a la entrada del virus con trabajadores asintomáticos o presintomáticos, es decir, que aún no han desarrollado síntomas. Para impedir este problema, al principio de la epidemia algunos profesionales decidieron de forma voluntaria aislarse dentro de los centros para evitar contagiarse fuera y es algo que “se ha establecido en otros países”, dice López-Acuña, pero que “es una estrategia muy complicada”, por lo que apuesta por realizar PCR sistemáticas y periódicas –cada entre tres y cinco días– a los trabajadores, algo que “no se está haciendo de forma generalizada”.

El experto recalca que las residencias “siguen siendo un entorno de alto riesgo” porque una vez que el coronavirus entra en ellas “se convierten en un factor amplificador de la transmisión”. De hecho, según una investigación preliminar del Instituto de Salud Carlos III, el número de plazas residenciales para mayores de 70 años en España fue uno de los elementos clave que hizo disparar la epidemia en nuestro país y en algunas residencias llegó incluso a haber decenas y decenas de muertos. “Tenemos una bomba de relojería nuevamente ahí y si se introduce el virus, por lo que la aproximación que tenemos que hacer es tajante, es lo único que nos va a permitir que no tengamos una crisis de la magnitud de la de marzo”, reflexiona el epidemiólogo. Para ello, la fórmula debe ser diferente a la que se ha seguido: en vez de “perseguir al coronavirus” y, si hay un brote, controlarlo y aislarlo, “hay que ir por delante y anticiparnos”.

Inspecciones en residencias

Desde UGT, su portavoz entiende que este reto es doble debido al frágil estado de los residentes y a la dificultad para diagnosticar a los positivos, ya que normalmente no exteriorizan sus síntomas de forma tan clara como cualquier otro adulto infectado de COVID-19. “Por eso hay que reforzar los medios de protección para evitar su paso y dotar de equipos y formación a las trabajadoras de las residencias. Las mascarillas, guantes y EPI deberían usarse para siempre”, asevera. La responsable de Dependencia del sindicato reclama planes de aislamiento protocolizados por las comunidades que expliquen de forma muy clara qué hacer con los infectados y residentes una vez que el virus entra en un centro. Piensa que algunas regiones han encontrado soluciones fructíferas, como Catalunya y su convenio de ayuda a domicilio, pero otras, como Madrid, “están tomando decisiones más políticas que sanitarias”.

“Un hospital para pandemias no resuelve el problema de salud comunitaria. En este caso, la solución no es tener más camas de UCI, sino poner los medios para que esta gente no llegue a necesitarlas”, sostiene la encargada de Dependencia de UGT. Precisamente, este fin de semana, CCOO Madrid mostró su preocupación por el “hermetismo” de la Comunidad respecto a las residencias, “principal foco de la pandemia en la región” que está volviendo a explotar.

“Las medidas que se marcan desde la administración no se están llevando a la práctica. No solo es hacer test PCR, sino asegurar la prevención”, explica la responsable de CCOO de residencias privadas y concertadas en Madrid, Juani Peñafiel. La central sindical se suma a la denuncia de UGT y asegura que el aumento de casos en los centros “era algo que veíamos venir”. “Se estaba trabajando en unos protocolos de cara a octubre, que era cuando se esperaban rebrotes, y ha pillado a casi todas las plantillas bajo mínimos”, expresa Peñafiel en referencia al personal de limpieza, que se ha visto obligado a doblar las jornadas en el caso de Madrid. Ambos sindicatos reclaman, además, otra tarea a nivel autonómico, que tampoco se está cumpliendo: la de las inspecciones. “Los protocolos que diseñan las administraciones no sirven para nada si no se completan con supervisión. Es algo que venimos denunciando desde hace meses”, recuerda Álvarez.

Coordinación con el sistema sanitario

La misma idea de la anticipación desliza José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, pero en lo que se refiere a la coordinación con el sistema sanitario, uno de los puntos débiles de la cadena en los meses más duros de la pandemia. El Ministerio de Derechos Sociales ha incluido esta previsión en la hoja de ruta común acordada con las comunidades y que Ramírez aplaude “aunque llegue tarde”, pero el riesgo es que se quede en papel mojado. Según explica la asociación, y coincide también el Círculo Empresarial de Atención a las Personas, solo “de forma puntual” se han hecho protocolos que garanticen la atención hospitalaria de los mayores, que es algo que preocupa tras los antecedentes de la primavera, cuando en el momento de colapso del sistema sanitario, algunos gobiernos autonómicos aprobaron órdenes que, en la práctica, bloquearon su acceso. Por las muertes en residencias, de hecho, la Fiscalía tiene sobre la mesa más de 200 investigaciones tras las denuncias de familiares y asociaciones.

“No se puede pensar que si viene otra vez algo parecido, no tengamos la coordinación necesaria con los centros de salud y no se garantice una prestación que es universal. Estos planes no se están poniendo en marcha de forma generalizada y las comunidades son las responsables de articular esto”, explica Ramírez, que lamenta “la falta de coordinación” que ya directamente se da en el nivel más institucional de la gestión: “Creo que al sector de las residencias y de Servicios Sociales, en el Ministerio de Sanidad y en las Consejerías de Sanidad de las autonomías no nos toman lo suficientemente en cuenta”. También Cinta Pascual opina que “una de las claves” es la coordinación socio-sanitaria que sea “de primer nivel” y no “que te pasen visita una vez a la semana. Y es algo que da miedo porque cuanto más saturados están los servicios de Atención Primaria y hospitalaria, menos atención tenemos las residencias”.

Lo cierto es que la epidemia ha desvelado las carencias estructurales del sector en España, que se ha revelado insuficiente. Según el recuento del Imserso, hay unas 380.000 plazas, lo que hace que la media esté por debajo de la recomendación de la OMS y requeriría una inyección directa de 70.000 más. Un primer cuello de botella que se une a las quejas durante años de profesionales, familias y sindicatos sobre la precarización de las plantillas y los recursos materiales. En este escenario, para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hay un segundo elemento que pone sobre la mesa: la falta de financiación. En este sentido, Ramírez censura que en estos meses el Ministerio de Derechos Sociales “no haya puesto ni un solo euro al Sistema de Atención a la Dependencia”, lastrado por años de recortes. Según sus cálculos, el Gobierno central no ha recuperado aún los niveles previos a la crisis y del fondo de 300 millones aprobado al principio de la pandemia para Servicios Sociales “solo una pequeña parte se dedicó a comparar EPIs para las residencias”. “Es intolerable e inadmisible y, si no se pone dinero, probablemente las dificultades que tengamos para afrontar una nueva crisis va a ser dramática”, anuncia.